Falsos positivos, Claros y Ordóñez

Tres hechos distintos, una sola vergüenza

Por Wilson Alfonso Borja Díaz,
Representante a la Cámara

Tres hechos aparentemente dispersos y disímiles entre sí escandalizaron la opinión pública nacional e internacional la semana que culmina: la liberación de los integrantes de las fuerzas militares implicados en los falsos positivos, el papelón en ello del Consejo Superior de la Judicatura y, finalmente, el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación alrededor del referendo releccionista. Una vergüenza aquí y en Cafarnaún.

Los militares fueron liberados gracias a la más rampante argucia de algún administrador de justicia. La definición del ente jurídico al que correspondería llevar la investigación –si era de competencia de la justicia ordinaria o de la justicia militar– demoró lo suficiente para que se vencieran los términos y tuviera que ser liberado el puñado de militares de bajo rango implicados en la desaparición y muerte de varios centenares de jóvenes que fueron asesinados con el único fin de resaltar la “contundencia” de la política de seguridad democrática de la administración Uribe Vélez.

Hechos de esta naturaleza no son noticia en Colombia para dolor nuestro, pero especialmente de los cientos de familias afectadas por prácticas tan macabras como aquellas de secuestrar o llevar bajo engaño jóvenes, incluso discapacitados, que luego serían ejecutados de la manera vil y miserable bajo los emblemas manchados de la patria. Pero aquí sí podrían ser noticia los rieles utilizados para llegar hasta semejante punto: Ovidio Claros, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quien terminó prestando flaco servicio al régimen retrasando la definición del ente que debería llevar las investigaciones. Yo, Wilson Borja, particularmente respaldé la elección de Claros al Consejo Superior de la Judicatura, como perseguido que fue del gobierno de Álvaro Uribe, al punto que le quitaron la investidura a su paso por el Congreso. Y terminó siendo él, Claros, quien finalmente se prestó para tan turbio y vergonzante manejo.

El toque final de esta triada de hechos corrió por cuenta, claro está, del absolvedor de oficio del régimen, Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación. Mientras el presidente de la Corte Constitucional plantea una discusión sobre lo que hace el Consejo Superior de la Judicatura acerca de los fallos políticos que ha tomado, el señor Ordóñez cambia la estructura de los hechos que rodearon el Referendo Reeleccionista.

Me explico: procedimientos leves, altos, bajos, no existen en la ley: los procedimientos que se violan son los procedimientos, así parezca una perogrullada; independientemente de lo que sea, si se violan, se violan son los procedimientos, de forma o de fondo. Y con base en el argumento del procedimiento leve – leve, emite tamaño concepto decretando la pulcritud del referendo reeleccionista, en evidente presión a la Corte Constitucional que ahora tiene la palabra final. Por si fuera poco, se atreve a plantear que lo único que puede hacer la Corte es hablar de los procedimientos, de la forma como se aprobó el acto en el Congreso.

No obstante, la Corte Constitucional tumbó la reforma del Artículo 125 de la Constitución que beneficiaba a 120.000 trabajadores del Estado, por fallas de procedimiento, y Ordóñez se quedó callado. Mudo. Cuando los beneficios son para los empleados de carrera, las fallas de procedimiento leves resultan fatales. Cuando se trata de aceitar la reelección de Uribe por tercero y cuarto período consecutivos, los vicios garrafales de forma y procedimiento no son más que pecados veniales!

Falsos positivos y decisiones amañadas de algunos administradores de justicia caminando por una misma senda de destrucción y arrasamiento del Estado social de derecho. Camino suicida configurando una suerte de golpe de Estado. Triste espectáculo.