CONSTANCIA
La extradición de los jefes paramilitares so pretexto de estar delinquiendo desde la cárcel, significa la culminación del proceso de impunidad que el presidente Uribe inauguró con los proyectos de reforma a la constitución y la legislación penal, conocidos como ley 975 de 2005 de Justicia y Paz. Con esta extradición el gobierno ha negado que tanto las víctimas como la sociedad colombiana conozcan quiénes han sido los patrocinadores y beneficiarios con las masacres y el desplazamiento forzado de millones de colombianos.
De otro lado, el presidente Uribe da prioridad a los delitos de narcotráfico por encima de los de lesa humanidad y no cabe duda que igualmente da cumplimiento a los pactos secretos que seguramente formaron parte de la agenda oculta con los jefes paramilitares y el Alto Comisionado para la Paz, Luís Carlos Restrepo, con lo cual gana el gobierno porque estos jefes paramilitares no continuarán revelando los nexos y compromisos de los políticos y empresarios nacionales y extranjeros que los respaldaron y financiaron, extradita a los principales testigos del proceso parapolítico y ganan los comprometidos en los mismos; pierden la víctimas puesto que los capitales y bienes serán entregados como indemnización al gobierno norteamericano con lo cual ganan legitimidad y permanencia “legal” en ese pais, no solo ellos sino sus familias.
Una vez extraditados los paramilitares, se negará la posibilidad de reparación a las víctimas ya que muchos de los bienes que ilícitamente han adquirido se encuentran en poder de terceros bajo la figura del testaferrato; las penas que se les impondrá serán más benévolas que las que aquí recibirían por los crímenes de lesa humanidad que han cometido y que se han negado a confesar, ya que una vez demostrado que ocultaron parte de sus crímenes, según lo dispuesto en la ley de Justicia y Paz, debían ser judicializados mediante los procedimientos ordinarios
De otra parte, con la decisión unilateral del Presidente de la República, de extraditar a 14 de los jefes paramilitares se atenta contra el procedimiento previsto en esta norma, dejando de lado el proceso de reconciliación nacional supuestamente iniciado por el Gobierno Nacional, y con el que se pretende garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, contenidos en los artículos 6, 7 y 8 de la misma ley.
El artículo 25 de la Ley 975 de 2005 establece que cuando con posterioridad a la obtención de los beneficios que ella contempla o la Ley 782 de 2002, se conoce la realización de delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de su desmovilización, las conductas serán juzgadas conforme a las leyes vigentes al momento de la comisión de las mismas, es decir, mediante el procedimiento ordinario. Por tal razón, si el Ejecutivo sabía de la comisión de otros delitos ha debido dar aplicación a la ley y no utilizar su omisión como justificación para la extradición.
Es preciso recordar cómo Salvatore Mancuso se encuentra vinculado en masacres como las de Mapiripan y de El Aro; ‘Jorge 40’ en masacres perpetradas en Magdalena y Guajira, además de que su computador personal se convirtió en prueba reina en el proceso de la parapolítica; en la Comuna Trece de Medellín, liderada por ‘don Berna’, se han encontrado fosas comunes, además, se encuentra vinculado en procesos penales por delitos como desplazamiento forzado y narcotráfico; ‘Gordo lindo’ ha sido vinculado no solamente a las autodefensas sino también al cartel de Medellín y en especial, al tráfico de drogas con los hermanos Ochoa Vásquez.
.
Engañosa a todas luces resulta la afirmación del embajador Norteamericano cuando dice que podrán desplazarse comisiones encargadas de recibir las declaraciones de los paramilitares, no solamente porque los controles en las cárceles de Estados Unidos son tan estrictos que las hacen casi imposibles, sino también porque allí no se encuentran obligados a decir la verdad, pueden negarse a declarar cuando sientan que esto los compromete o perjudica.
Es decir, en esta tragedia terminaron siendo defraudados los millones de víctimas e indemnizado el gobierno norteamericano dentro de la lógica de las negociaciones que ya venían siendo adelantada por los paramilitares. No solo hay impunidad sino una gran estafa.
Bogotá, mayo 14 de 2008.
WILSON ALFONSO BORJA DÍAZ
REPRESENTANTE A LA CÁMARA
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
La extradición de los jefes paramilitares so pretexto de estar delinquiendo desde la cárcel, significa la culminación del proceso de impunidad que el presidente Uribe inauguró con los proyectos de reforma a la constitución y la legislación penal, conocidos como ley 975 de 2005 de Justicia y Paz. Con esta extradición el gobierno ha negado que tanto las víctimas como la sociedad colombiana conozcan quiénes han sido los patrocinadores y beneficiarios con las masacres y el desplazamiento forzado de millones de colombianos.
De otro lado, el presidente Uribe da prioridad a los delitos de narcotráfico por encima de los de lesa humanidad y no cabe duda que igualmente da cumplimiento a los pactos secretos que seguramente formaron parte de la agenda oculta con los jefes paramilitares y el Alto Comisionado para la Paz, Luís Carlos Restrepo, con lo cual gana el gobierno porque estos jefes paramilitares no continuarán revelando los nexos y compromisos de los políticos y empresarios nacionales y extranjeros que los respaldaron y financiaron, extradita a los principales testigos del proceso parapolítico y ganan los comprometidos en los mismos; pierden la víctimas puesto que los capitales y bienes serán entregados como indemnización al gobierno norteamericano con lo cual ganan legitimidad y permanencia “legal” en ese pais, no solo ellos sino sus familias.
Una vez extraditados los paramilitares, se negará la posibilidad de reparación a las víctimas ya que muchos de los bienes que ilícitamente han adquirido se encuentran en poder de terceros bajo la figura del testaferrato; las penas que se les impondrá serán más benévolas que las que aquí recibirían por los crímenes de lesa humanidad que han cometido y que se han negado a confesar, ya que una vez demostrado que ocultaron parte de sus crímenes, según lo dispuesto en la ley de Justicia y Paz, debían ser judicializados mediante los procedimientos ordinarios
De otra parte, con la decisión unilateral del Presidente de la República, de extraditar a 14 de los jefes paramilitares se atenta contra el procedimiento previsto en esta norma, dejando de lado el proceso de reconciliación nacional supuestamente iniciado por el Gobierno Nacional, y con el que se pretende garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, contenidos en los artículos 6, 7 y 8 de la misma ley.
El artículo 25 de la Ley 975 de 2005 establece que cuando con posterioridad a la obtención de los beneficios que ella contempla o la Ley 782 de 2002, se conoce la realización de delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de su desmovilización, las conductas serán juzgadas conforme a las leyes vigentes al momento de la comisión de las mismas, es decir, mediante el procedimiento ordinario. Por tal razón, si el Ejecutivo sabía de la comisión de otros delitos ha debido dar aplicación a la ley y no utilizar su omisión como justificación para la extradición.
Es preciso recordar cómo Salvatore Mancuso se encuentra vinculado en masacres como las de Mapiripan y de El Aro; ‘Jorge 40’ en masacres perpetradas en Magdalena y Guajira, además de que su computador personal se convirtió en prueba reina en el proceso de la parapolítica; en la Comuna Trece de Medellín, liderada por ‘don Berna’, se han encontrado fosas comunes, además, se encuentra vinculado en procesos penales por delitos como desplazamiento forzado y narcotráfico; ‘Gordo lindo’ ha sido vinculado no solamente a las autodefensas sino también al cartel de Medellín y en especial, al tráfico de drogas con los hermanos Ochoa Vásquez.
.
Engañosa a todas luces resulta la afirmación del embajador Norteamericano cuando dice que podrán desplazarse comisiones encargadas de recibir las declaraciones de los paramilitares, no solamente porque los controles en las cárceles de Estados Unidos son tan estrictos que las hacen casi imposibles, sino también porque allí no se encuentran obligados a decir la verdad, pueden negarse a declarar cuando sientan que esto los compromete o perjudica.
Es decir, en esta tragedia terminaron siendo defraudados los millones de víctimas e indemnizado el gobierno norteamericano dentro de la lógica de las negociaciones que ya venían siendo adelantada por los paramilitares. No solo hay impunidad sino una gran estafa.
Bogotá, mayo 14 de 2008.
WILSON ALFONSO BORJA DÍAZ
REPRESENTANTE A LA CÁMARA
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
No hay comentarios:
Publicar un comentario