Las monstruosidades de los “falsos positivos” Sean 11, 21, 26 o 48 la cantidad de jóvenes desaparecidos en Bogotá en lo corrido del año y casuísticamente hallados en fosas comunes de Ocaña, Cimitarra o Montería, lo cierto es que desde hace mucho tiempo se venía hablando de ese fenómeno en el Distrito Capital. La crónica de estas muertes también había sido anunciada. Y no propiamente por cualquier ciudadano de a pie, de aquellos tantos que durante los últimos años se han partido la garganta gritándole al país y al mundo las irregularidades acontecidas en Norte de Santander, Arauca o tantas otras partes del territorio nacional.
Por la investidura de quien realizaba las denuncias, fue echado por la puerta de atrás de la institución y declarado inepto –uniformado de mala conducta– justamente tres días después de que acudiera a la Procuraduría regional con una bomba noticiosa que los mandos lograron capotear tras descalificarlo como lo hicieron. Pero, efectivamente, el sargento de la XV Brigada del Ejército, Alexander Rodríguez Sánchez, no solo tuvo el coraje de denunciar a finales de enero de este año la cadena de crímenes cometidos por sus compañeros de armas contra campesinos y hombres y mujeres inermes, sino que terminó anunciando los asesinatos que se perpetuarían de nuevo en inmediaciones de Ocaña. El móvil utilizado: guerrilleros dados de baja en “combate”. Entre los incentivos empleados: cinco días de descanso por cada “baja” y la acumulación de puntos para los posteriores ascensos.
Por eso cuando el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a mediados del mes pasado soltó una perla como salida de tono, sentenciando que “me dicen que todavía hay reductos de fuerza pública que están exigiendo como resultado cuerpos. Yo me resisto a creer que eso sea cierto”, para muchos de nosotros quedó en claro que algo grande se estaba cocinando, con la participación activa de las Fuerzas Militares y el alto gobierno. De manera pues que cuando el mes anterior se destapó la olla de los jóvenes que desaparecieron de Bogotá sin más ni más, siendo humildes trabajadores muchos de ellos, la opinión pública nacional ya tenía indicios de la noticia que nos darían.
Por la investidura de quien realizaba las denuncias, fue echado por la puerta de atrás de la institución y declarado inepto –uniformado de mala conducta– justamente tres días después de que acudiera a la Procuraduría regional con una bomba noticiosa que los mandos lograron capotear tras descalificarlo como lo hicieron. Pero, efectivamente, el sargento de la XV Brigada del Ejército, Alexander Rodríguez Sánchez, no solo tuvo el coraje de denunciar a finales de enero de este año la cadena de crímenes cometidos por sus compañeros de armas contra campesinos y hombres y mujeres inermes, sino que terminó anunciando los asesinatos que se perpetuarían de nuevo en inmediaciones de Ocaña. El móvil utilizado: guerrilleros dados de baja en “combate”. Entre los incentivos empleados: cinco días de descanso por cada “baja” y la acumulación de puntos para los posteriores ascensos.
Por eso cuando el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a mediados del mes pasado soltó una perla como salida de tono, sentenciando que “me dicen que todavía hay reductos de fuerza pública que están exigiendo como resultado cuerpos. Yo me resisto a creer que eso sea cierto”, para muchos de nosotros quedó en claro que algo grande se estaba cocinando, con la participación activa de las Fuerzas Militares y el alto gobierno. De manera pues que cuando el mes anterior se destapó la olla de los jóvenes que desaparecieron de Bogotá sin más ni más, siendo humildes trabajadores muchos de ellos, la opinión pública nacional ya tenía indicios de la noticia que nos darían.
Los jóvenes fueron ejecutados a 480 kilómetros de distancia de Bogotá y Soacha, dos o tres días después de reportarse como desaparecido. Si estaban siendo “reclutados”, ¿tan rápido recibieron el entrenamiento del caso como para salir a “enfrentar” la fuerza pública?
¿Y qué decir del joven con problemas de retardo que igual desapareció en las goteras del Distrito Capital y fue hallado bajo sepultura en una fosa común en Ocña?
De los demás jóvenes que corrieron similar suerte seguramente nuestras autoridades seguirán insistiendo en su “altísima” peligrosidad, dado que registraban una o dos entradas a la cárcel o las comisarías de policía acusados de hurto, inasistencia alimentaria o consumo de marihuana, entre otras transgresiones, cuando en términos reales el problema de fondo está justamente al otro lado de donde pretenden colocar el foco de los grandes medios: los impresionantes niveles de abandono, miseria y desamparo en que se encuentran las comunidades que habitan, convertidas hoy en los mayores receptores de desplazamiento del país.
Allá, en Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá reina la radiografía de la Colombia que en este recinto tanto reclamamos para regocijarnos con nuestros electores. Es la Colombia del acorralamiento y la falta de oportunidades, donde las únicas ofertas de “empleo” corren por cuenta de la guerra: bien del lado de las filas de las Fuerzas Militares, bien de parte de las agrupaciones al margen de la ley, como el paramilitarismo, la guerrilla o, simplemente, la delincuencia común. Lo de menos es quién continúa reclutando hombres y mujeres para lo que sea, lo importante es por qué esos hombres y mujeres son caldo de cultivo para lo que sea.
En las localidades de Bogotá y Soacha desde hace tiempo muchos de sus habitantes se ven obligados a sacar de sus casas los hijos que van llegando a los 11 y 12 años, por temor a que sean reclutados para la guerra o, igual, por miedo a verlos convertidos en blancos de pistoleros de toda clase y calaña, víctimas de los descuartizadores y mocha-cabezas que en muchos casos los sacaron corriendo de sus lugares de origen. Algo que no puede seguirse ocultando. ¿Cuánto hace que la gente viene denunciando la realización de patrullajes, implantación de medidas restrictivas y la comisión de asesinados selectivos y colectivos, sin que reconozcamos que el conflicto atenaza al Distrito Capital?
La práctica de “reclutar” aquí para asesinar allá y arrojar los cuerpos a los buitres o a los cocodrilos o babillas no es nueva. Al compañero Guillermo Rivera, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Contraloría de Bogotá, lo sepultamos hace apenas tres meses aquí en el Cementerio Central, después que lo habían secuestrado el 22 de abril del año en curso en cercanías a su apartamento en el conjunto residencial Tunal, al sur de la ciudad. Su cuerpo apareció, como los jóvenes de Ocaña, sepultado como N.N. en Ibagué, departamento del Tolima. Con impresionantes signos de tortura en su cuerpo. ¡Solo faltó que lo reportaran como “subversivo dado de baja en combate”!
Las denuncias del Sargento Rodríguez no solo eran ciertas: los hechos que le sucedieron terminaron por corroborarlas, así sus superiores las hubieran descalificados. Ya estamos acostumbrados a eso.
Y si no, recordemos las masacres de Cajamarca, donde el 10 de abril de 2004 cayeron vilmente asesinados cinco jóvenes campesinos, un bebé de seis meses entre ellos, quienes fueron presentados ante los medios como peligrosos guerrilleros dados de baja “en combate”. Trataban de llegar hasta el pueblo en búsqueda de un médico para el niño, y el propio Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, viajó hasta allá a poner el pecho y cara por los uniformados bajo su mando. Por la masacre de otros cuatro campesinos de ese mismo municipio, perpetrada en la vereda de Potosí entre los días 2 y 6 de noviembre de 2003, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra seis integrantes del Batallón de Contraguerrilla “Pijaos” de la Sexta Brigada, incluidos el sargento segundo Wilson Casallas Suescún y cabo tercero Oscar Javier Ángel González.
En Guaitarilla, Nariño, sucedió igual tras la masacre del 19 de marzo de 2004. También en Arauca varias veces, como cuando el Ejército acribilló tres líderes sindicales, presentados ante la opinión pública como guerrilleros en ejercicio, por el propio vicepresidente Francisco Santos, hechos por los cuales la Nación terminó condenada.
La práctica de los llamados “falsos positivos” enluta y avergüenza la nación, también indigna la opinión pública internacional.
El último estudio de la Comisión Colombiana de Juristas y la Escuela Nacional Sindical, el cual está siendo estudiado por la Comunidad Europea, revela que durante estos primeros cinco años de la administración Uribe Vélez –exactamente entre julio de 2002 y diciembre de 2007– se habían cometido 1.122 crímenes bajo la modalidad de ejecuciones extrajudiciales o los llamados “falsos positivos”, sin sumar los jóvenes de Bogotá y Soacha, tampoco el crimen de Guillermo Rivera y tantos otros que permanecen en el anonimato. Un 67.71% más, comparado con las víctimas ocurridas entre enero de 1997 y junio de 2002, cuando se registraron 669 “falsos positivos.”
El mismo estudio revela el incumplimiento de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas por parte del Estado Colombiano, cuando señala:
¿Y qué decir del joven con problemas de retardo que igual desapareció en las goteras del Distrito Capital y fue hallado bajo sepultura en una fosa común en Ocña?
De los demás jóvenes que corrieron similar suerte seguramente nuestras autoridades seguirán insistiendo en su “altísima” peligrosidad, dado que registraban una o dos entradas a la cárcel o las comisarías de policía acusados de hurto, inasistencia alimentaria o consumo de marihuana, entre otras transgresiones, cuando en términos reales el problema de fondo está justamente al otro lado de donde pretenden colocar el foco de los grandes medios: los impresionantes niveles de abandono, miseria y desamparo en que se encuentran las comunidades que habitan, convertidas hoy en los mayores receptores de desplazamiento del país.
Allá, en Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá reina la radiografía de la Colombia que en este recinto tanto reclamamos para regocijarnos con nuestros electores. Es la Colombia del acorralamiento y la falta de oportunidades, donde las únicas ofertas de “empleo” corren por cuenta de la guerra: bien del lado de las filas de las Fuerzas Militares, bien de parte de las agrupaciones al margen de la ley, como el paramilitarismo, la guerrilla o, simplemente, la delincuencia común. Lo de menos es quién continúa reclutando hombres y mujeres para lo que sea, lo importante es por qué esos hombres y mujeres son caldo de cultivo para lo que sea.
En las localidades de Bogotá y Soacha desde hace tiempo muchos de sus habitantes se ven obligados a sacar de sus casas los hijos que van llegando a los 11 y 12 años, por temor a que sean reclutados para la guerra o, igual, por miedo a verlos convertidos en blancos de pistoleros de toda clase y calaña, víctimas de los descuartizadores y mocha-cabezas que en muchos casos los sacaron corriendo de sus lugares de origen. Algo que no puede seguirse ocultando. ¿Cuánto hace que la gente viene denunciando la realización de patrullajes, implantación de medidas restrictivas y la comisión de asesinados selectivos y colectivos, sin que reconozcamos que el conflicto atenaza al Distrito Capital?
La práctica de “reclutar” aquí para asesinar allá y arrojar los cuerpos a los buitres o a los cocodrilos o babillas no es nueva. Al compañero Guillermo Rivera, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Contraloría de Bogotá, lo sepultamos hace apenas tres meses aquí en el Cementerio Central, después que lo habían secuestrado el 22 de abril del año en curso en cercanías a su apartamento en el conjunto residencial Tunal, al sur de la ciudad. Su cuerpo apareció, como los jóvenes de Ocaña, sepultado como N.N. en Ibagué, departamento del Tolima. Con impresionantes signos de tortura en su cuerpo. ¡Solo faltó que lo reportaran como “subversivo dado de baja en combate”!
Las denuncias del Sargento Rodríguez no solo eran ciertas: los hechos que le sucedieron terminaron por corroborarlas, así sus superiores las hubieran descalificados. Ya estamos acostumbrados a eso.
Y si no, recordemos las masacres de Cajamarca, donde el 10 de abril de 2004 cayeron vilmente asesinados cinco jóvenes campesinos, un bebé de seis meses entre ellos, quienes fueron presentados ante los medios como peligrosos guerrilleros dados de baja “en combate”. Trataban de llegar hasta el pueblo en búsqueda de un médico para el niño, y el propio Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, viajó hasta allá a poner el pecho y cara por los uniformados bajo su mando. Por la masacre de otros cuatro campesinos de ese mismo municipio, perpetrada en la vereda de Potosí entre los días 2 y 6 de noviembre de 2003, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra seis integrantes del Batallón de Contraguerrilla “Pijaos” de la Sexta Brigada, incluidos el sargento segundo Wilson Casallas Suescún y cabo tercero Oscar Javier Ángel González.
En Guaitarilla, Nariño, sucedió igual tras la masacre del 19 de marzo de 2004. También en Arauca varias veces, como cuando el Ejército acribilló tres líderes sindicales, presentados ante la opinión pública como guerrilleros en ejercicio, por el propio vicepresidente Francisco Santos, hechos por los cuales la Nación terminó condenada.
La práctica de los llamados “falsos positivos” enluta y avergüenza la nación, también indigna la opinión pública internacional.
El último estudio de la Comisión Colombiana de Juristas y la Escuela Nacional Sindical, el cual está siendo estudiado por la Comunidad Europea, revela que durante estos primeros cinco años de la administración Uribe Vélez –exactamente entre julio de 2002 y diciembre de 2007– se habían cometido 1.122 crímenes bajo la modalidad de ejecuciones extrajudiciales o los llamados “falsos positivos”, sin sumar los jóvenes de Bogotá y Soacha, tampoco el crimen de Guillermo Rivera y tantos otros que permanecen en el anonimato. Un 67.71% más, comparado con las víctimas ocurridas entre enero de 1997 y junio de 2002, cuando se registraron 669 “falsos positivos.”
El mismo estudio revela el incumplimiento de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas por parte del Estado Colombiano, cuando señala:
“La CCJ ha registrado entre julio de 2002 y diciembre de 2007 por lo menos 13.634 personas que perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica, es decir un promedio de 7 personas cada día. De esas 13.634 personas, 1.477 fueron desaparecidas forzadamente. En los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico de las violaciones (8.049 casos), el 75.4% se atribuye a la responsabilidad del Estado, por perpetración directa de agentes estatales (17.53%, 1.411 víctimas) o por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares (57.87%, 4658 víctimas). A los grupos guerrilleros se les atribuye la presunta autoría del 24.59% de los casos (1.980 víctimas).
Ejecuciones extrajudiciales.
“Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente” (artículo 6, PIDCP)
Ejecuciones extrajudiciales.
“Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente” (artículo 6, PIDCP)
Entre julio de 2002 y diciembre de 2007, se han registrado por lo menos 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública, un aumento del 67.71% comparado con el quinquenio anterior (enero 1997-junio 2002) durante el cual se habían registrado 669 casos.
Se pueden identificar varios patrones comunes en la comisión de esas violaciones por la Fuerza Pública: 1) las víctimas son presentadas como guerrilleros dados de baja en combate; 2) se altera la escena del crimen y se manipulan las pruebas antes del levantamiento del cadáver y 3) en la mayoría de los casos, la justicia penal militar asume las investigaciones[1]. Muchas veces las personas son asesinadas después de haber sido detenidas arbitrariamente y de haber sido señaladas por informantes que, a cambio de su denunciación, reciben beneficios económicos y/o judiciales. En varios casos, las personas son víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes antes de ser ejecutadas. Una misión internacional de observación en octubre de 2007 estableció que generalmente las víctimas son campesinos, líderes comunitarios, indígenas, mujeres, niñas y niños, testigos de violaciones a los derechos humanos y personas socialmente marginadas como la población desplazada[2].
Desapariciones forzadas[3]
En Colombia, las desapariciones forzadas no son un hecho aislado sino una práctica sistemática y generalizada[4]. Entre julio de 2002 y diciembre de 2007, la CCJ ha registrado 1.477 casos de desapariciones forzadas. La gran mayoría de estas violaciones han sido perpetradas por agentes estatales o por paramilitares que actúan con la complicidad de la Fuerza Pública, tal y como lo ha señalado el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas en reiterados informes sobre la situación de Colombia[5]. Muchos de los desaparecidos son mujeres y hombres líderes sociales y comunitarios, defensoras y defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones sindicales.
Desapariciones forzadas[3]
En Colombia, las desapariciones forzadas no son un hecho aislado sino una práctica sistemática y generalizada[4]. Entre julio de 2002 y diciembre de 2007, la CCJ ha registrado 1.477 casos de desapariciones forzadas. La gran mayoría de estas violaciones han sido perpetradas por agentes estatales o por paramilitares que actúan con la complicidad de la Fuerza Pública, tal y como lo ha señalado el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas en reiterados informes sobre la situación de Colombia[5]. Muchos de los desaparecidos son mujeres y hombres líderes sociales y comunitarios, defensoras y defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones sindicales.
La Fiscalía ha afirmado que tiene conocimiento de al menos 4.000 fosas[6], de las cuales se han hallado 1.289 en donde se han exhumado 1.555 cadáveres. Sin embargo, el hallazgo de esas fosas no constituye por sí solo un avance efectivo en la búsqueda de personas desaparecidas, puesto que el principal objetivo de las exhumaciones es realizar la identificación plena, para posteriormente poder hacer entrega del cuerpo a los familiares. De los cuerpos exhumados a diciembre de 2007, solamente 215 han sido identificados plenamente[7] porque, en la mayoría de los casos, la Fiscalía no establece quién es el individuo al que se pretende encontrar previamente a la exhumación, no efectúa la exhumación de manera rigurosa y no hace un manejo adecuado de los restos óseos y demás evidencias, a pesar de que ese es el procedimiento que debe observarse de conformidad con los protocolos internacionales sobre la materia, y con el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Detenciones arbitrarias
Detenciones arbitrarias
Los registros de detenciones arbitrarias muestran un incremento dramático a partir del año 2002. Entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004, por lo menos 6.332 personas fueron detenidas arbitrariamente por agentes del Estado. Entre el 7 de agosto de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, por lo menos 2.227 personas fueron privadas de la libertad de manera arbitraria. De ellas, 197 eran mujeres y 142 eran niñas y niños. El incremento de esta violación ha sido consecuencia de la política de “seguridad democrática” que ha promovido las detenciones masivas e individuales sin orden judicial por parte de la Fuerza Pública. A pesar de que las normas que otorgaban facultades de policía judicial a la Fuerza Pública han sido declaradas inconstitucionales[8], las estadísticas recientes en materia de detenciones arbitrarias muestran que la Fuerza Pública sigue haciendo uso de estas facultades de manera ilegal.
“Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones” (artículo 19, PIDCP)
“Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones” (artículo 19, PIDCP)
Los obstáculos al ejercicio legítimo de defensa de los derechos humanos en Colombia siguen siendo una realidad que toma múltiples formas. En el último año (abril de 2007 y marzo de 2008), la CCJ ha registrado que por lo menos 14 defensoras y defensores de derechos humanos han perdido la vida por fuera de combate, es decir en la calle, en su casa o en el lugar de trabajo. En los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico de las violaciones, el 100% de los casos se atribuyeron a la responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 42,85% (3 víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares, el 57,14% (4 víctimas).” HASTA AQUÍ LA CITA del texto en referencia.
Ahora, estas situaciones son tan evidentes que todo el mundo corre a tratar de echarle mano al asunto, para manosearlo, claro está, en desarrollo de esa campaña de desinformación y poder que se mueve bajo la mesa. Llama la atención que el personero de Soacha haya sido convocado a la oficina del Consejero José Obdulio Gaviria, y no a las dependencias del Ministerio de Defensa, cuyo titular aparece retando aquellos uniformados empeñados en escalar a punta de falsos positivos. La famosa Operación Jaque que tanto rédito le ha dado al ministro Santos, precandidato presidencial, palidece frente al poder del consejero José Obdulio.
Estos actos de monstruosa violencia parecen obedecer más a una calculada estrategia de desaparición forzada con fines criminales, como valerosamente lo señaló la Secretaria de Gobierno de Bogotá, doctora Clara López, nada raro dado el historial de violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, que ha abiertos procesos de reclutamientos adelantados por las re-emergentes o nunca extinguidas ni desmovilizadas bandas.
Tan sólo dos o cuatros días habían transcurrido desde el momento de su desaparición cuando éstos entraban como occisos a Medicina Legal en la provincia de Ocaña, Norte de Santander. El reporte de la Brigada Treinta con sede en esta misma jurisdicción del país y comandada por el General Paulino Coronado en su día —y así lo ratificó— fue que, “los muertos en combate eran miembros de un grupo paramilitar —ocho al menos—y uno del ELN, y que los mismos se habían producidos en los municipios de Ábrego, Villa Caro y Ocaña”. Asimismo señaló que, “el CTI y la Fiscalía certificaron el levantamiento de los cadáveres y no hallaron ninguna irregularidad”.
Y si la Brigada Treinta está involucrada con lo que presumiblemente pueden ser ejecuciones sumariales en relación con los jóvenes capitalinos, no menos cierto es que a ésta misma Brigada se le señala de haber asesinado entre los meses de junio y agosto de este mismo años a cuatro personas oriundas del Sur del Cesar —Aguachica y Gamarra—, dos de ellas con disfuncionalidades psíquicas, y una, incluso, soldado profesional adscrito a la Brigada Móvil 22, quienes según el parte de la institución castrense fueron reportados como muertos en combate y miembros del ELN y de las FARC respectivamente.
Con esta máquina de asesinar inocentes y pasarlos como miembros de organizaciones insurgentes es posible entender entonces por qué de modo entusiasta los militares colombianos y el mismo Presidente Uribe suelen decir con mucha pomposidad que están venciendo a la insurgencia y que la Seguridad Democrática está dando sus frutos.
Dentro de esta vorágine de sufrimiento y dolor, sin embargo, la Brigada Treinta no es la única que se une a la comparsa y al ritual de muerte. La Décima Primera Brigada que surgió en la primavera de 1987 y acompañó a la horda de los Castaño Gil, primero a Fidel, luego a Carlos y últimamente a Vicente, y también a Mancuso y demás, parece que en esta ocasión está comprometida con este tipo de actos.
Hoy se conoce que de los barrios de invasión que cercan a Montería, ciudad repleta de desplazados/as de Urabá, sur de Córdoba y otras zonas del sur del caribe, han salido jóvenes con el objeto de ganarse la vida en otras regiones del país. Al igual que los jóvenes bogotanos, al poco tiempo de desaparecidos éstos se reportan sus muertes en combate con las Fuerzas militares en sitios alejados de sus maltrechos lugares de residencia. El hecho de Córdoba, el de Tolú Viejo, el de Urabá, el de Pereira y de Bogotá y Soacha, últimamente, vienen a señalarnos que éstos crímenes son una estrategia con cobertura nacional y propósitos bien definidos. Entre ellos, mostrar resultados en la lucha contra la insurgencia o contra el paramilitarismo y afianzar por esta vía la idea de que en el país hoy impera la ley y la seguridad y de que el actual gobierno es prenda de garantía en el poder. Y donde las cosas estén débiles, entonces militarizar todavía más.
De Córdoba han salido jóvenes que luego han sido asesinado en otros sitios o han llegado jóvenes de otros lugares que poco tiempo después han terminados ultimados. Hace pocos la Fiscalía Regional de Derechos Humanos dictó medida judicial contra varios miembros del Batallón de Infantería Junín, en especial contra el Teniente Edgar Andrés Santos y contra los soldados profesionales Oscar Javier Berrío, Jorge Rivera, Henry Serpa, Gustavo García y Juvenal Carvajal, tras comprobar que éstos militares habían participado el 17 de febrero del 2006 en el asesinato en Montería de Jhon Camargo y Darwin Rivera, oriundos de Caucasia y quienes se habían trasladado a Montería bajo la promesa de ganarse un millón de pesos como cuidanderos de una finca.
Los jóvenes fueron reportados el 18 de febrero de ese año como muertos en combate. Por este caso la Fiscalía detuvo a Jhonattan Barrio Bautista, quien acogiéndose a sentencia anticipada señaló que él era el encargado de contactar a jóvenes de barrios humildes para que vinieran a trabajar a Córdoba, pero, que luego, los jóvenes pasaban a manos de un personaje conocido con el alias de Bebé.
A los casos de Bogotá, Córdoba, Sucre y demás hay que sumarle el de Casanare, que puede ser uno de los primeros en denunciarse bajo esta modalidad. El hecho de Casanare comprometió a todo el Grupo de Antisecuestro del Ejército, GAULA, y sobre el cual el Juez Primero de Villavicencio dictó medida de aseguramiento en noviembre del año anterior contra su Comandante, mayor Gustavo Soto y también contra el teniente Jhon Suancha, el cabo Segundo Gelver Pérez y varios soldados profesionales más. La razón: desaparición forzada y posterior crimen de Eduardo Pérez Vega, quien fue sacado de de Villavicencio terminó pocas horas después reportado como muerto en combate entre el ejército y las cuadrillas 27 y 28 de las FARC en Corozal, Casanare.
¿En qué quedan entonces las bondades de la política de Seguridad Democrática del Presidente Uribe?
[1] Ver párrafo 24 del Informe sobre la situación de derechos humanos de la Alta Comisionada, A/HRC/7/39 del febrero de 2008. Ver también el informe de la misión internacional de observación sobre ejecuciones extrajudiciales e impunidad, Bogotá, julio de 2007.
[2] Para mayor información, ver el informe final de la Misión Internacional de Observación sobre ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia, julio de 2007.
[3] El presente capítulo tiene como fuente principal el libro: Colombia: El espejismo de la justicia y la paz. Balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005. Comisión Colombiana de Juristas. 2007, págs. 152 y ss.
[4] Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/7/39, párr. 29.
[5] Al respecto ver: E/CN.4/1998/43 párr. 136 Y 137; E/CN.4/1999/62 párr. 83 y 84; E/CN.4/2000/64 párr. 33 y 35; E/CN.4/2001/68 párr. 47 y 49; E/CN.4/2002/79 párr. 92 y 93; E/CN.4/2003/70 párr. 73, 74 y 76; E/CN.4/2004/58 párr. 83, 84 y 86.
[6] Fiscalía General de la Nación, comunicado de 30 de enero de 2007, “Hay mas de 4000 fosas ubicadas”, http://fiscalia.gov.co.
[7] Ver http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/EXH/EXHUMACIONES.htm.
[8] El decreto 2002 de 2002 que creó las “zonas de rehabilitación y consolidación” en tres departamentos del país (declarado inconstitucional en varios de sus artículos por la Corte Constitucional en su Sentencia C-624 del 26 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra, y el Acto Legislativo nº 2 de 2003 que reformó los artículos 15, 24,28 y 250 de la Constitución Política de Colombia para enfrentar el terrorismo. (Acto Legislativo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-816 de 30 de agosto de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes.
[i] Intervención del Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, PDA, durante el debate suscitado en esa corporación la noche del 8 de octubre de 2008.
[2] Para mayor información, ver el informe final de la Misión Internacional de Observación sobre ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia, julio de 2007.
[3] El presente capítulo tiene como fuente principal el libro: Colombia: El espejismo de la justicia y la paz. Balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005. Comisión Colombiana de Juristas. 2007, págs. 152 y ss.
[4] Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/7/39, párr. 29.
[5] Al respecto ver: E/CN.4/1998/43 párr. 136 Y 137; E/CN.4/1999/62 párr. 83 y 84; E/CN.4/2000/64 párr. 33 y 35; E/CN.4/2001/68 párr. 47 y 49; E/CN.4/2002/79 párr. 92 y 93; E/CN.4/2003/70 párr. 73, 74 y 76; E/CN.4/2004/58 párr. 83, 84 y 86.
[6] Fiscalía General de la Nación, comunicado de 30 de enero de 2007, “Hay mas de 4000 fosas ubicadas”, http://fiscalia.gov.co.
[7] Ver http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/EXH/EXHUMACIONES.htm.
[8] El decreto 2002 de 2002 que creó las “zonas de rehabilitación y consolidación” en tres departamentos del país (declarado inconstitucional en varios de sus artículos por la Corte Constitucional en su Sentencia C-624 del 26 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra, y el Acto Legislativo nº 2 de 2003 que reformó los artículos 15, 24,28 y 250 de la Constitución Política de Colombia para enfrentar el terrorismo. (Acto Legislativo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-816 de 30 de agosto de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes.
[i] Intervención del Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, PDA, durante el debate suscitado en esa corporación la noche del 8 de octubre de 2008.
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