Presupuesto del 2009 NO busca la defensa de la Política Social

El gobierno presentó un presupuesto de 104.5 billones de pesos, presupuesto “austero”, que plantea como objetivo fundamental “la defensa de la política social”. Esto no es serio; no es cierto que se esté dando prioridad a la inversión social. El país debe conocer en qué se está gastando el presupuesto nacional y a qué sectores se beneficia realmente. Los colombianos debemos entender que la Política Social es un concepto que entraña los principios de respeto a la diversidad, de participación efectiva, orientada a reducir la desigualdades y a construir democracia, un concepto que va mas allá de programas asistencialistas que con paños de agua tibia intentan remediar problemas estructurales de nuestra economía.

Una lectura del presupuesto muestra que los mayores rubros son para el ítem "funcionamiento", con unos 40 mil millones de dólares, seguido del "servicio de la deuda" (21 mil millones de dólares) e "inversión" (17 mil millones de dólares).

Funcionamiento presenta un crecimiento del 14,4% debido al aumento de 11,5% en las partidas para gastos de personal, y de 7,2% en gastos generales debido a los mayores gastos de personal de la Justicia, el aumento en la planta de la Fiscalía General, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), las leyes de infancia, justicia y paz, y de pequeñas causas. Como se observa, el aumento se presenta en el aparato represivo. Sectores como salud, educación y servicios básicos son objeto de la privatización.

En el rubro de inversión se destaca el que el gobierno destinará unos 11 mil 428 millones de dólares en la denominada Política de Seguridad Democrática. El propio Departamento de Planeación Nacional, DNP, admitió que un 16% del presupuesto de inversión estará destinado al sector defensa con el objetivo de dotar a recursos a la fuerza pública para cumplir con las metas trazadas en este frente. Y no hay de qué sorprenderse, pues ésta asignación va en correspondencia con lo señalado en el mensaje presidencial en que textualmente se afirma: “Se requiere aumentar la capacidad de movilidad y transporte aéreo, fortalecimiento de la fuerza pública, mantenimiento de las capacidades estratégicas y fortalecimiento de la inteligencia estatal, incluyendo la reforma del DAS”. La pregunta que nos surge es por qué a medida que disminuyen los grupos armados irregulares paradójicamente aumenta el pie de fuerza. Así en el periodo 2002-2007 los 160 mil soldados combatían a 12 mil 175 integrantes de las AUC, es decir, 4.9 soldados por cada combatiente irregular. Al finalizar el año 2007, por cada guerrillero había 15.5 soldados, cuando las teorías de las guerras de guerrillas consideran apropiado 10 regulares por cada irregular. En el año 2008, de acuerdo con el Herald Tribune, el pie de fuerza había aumentado a 254 mil 300 efectivos, sin incluir la policía, el número de guerrilleros al finalizar el 2007 era de 12 mil 499, lo que lleva a una cifra de 20.34 soldados para combatir cada guerrillero.

Todo lo anterior deja claro que el gobierno no va a dar marcha atrás en su política de guerra y por eso gran parte de los recursos estarán destinados a la modernización del aparato militar y el desplazamiento de tropas. Definitivamente se está dando más prioridad a la guerra que a programas de empleo, salud y educación.

Y como una de las “prioridades” para el 2009 es la inversión social, se destinarán más recursos para atender que el Gobierno considera los programas más importantes, dentro de los cuales el que tiene mayor crecimiento es de Familias en Acción, seguido de la vinculación de familias desplazadas y reparación de víctimas.

Sin embargo, en los ámbitos más tradicionales de las políticas públicas, y por tocar sólo un tema, en la generación de empleo, ¿cuál es la estrategia?, Colombia tiene la tasa de desempleo más alta de las siete economías grandes de América Latina y la solución a ésta situación pasa por reformas del mercado laboral, no subsidios que tienden a perpetuar situaciones de dependencia. En política social, Uribe ha enfatizado una serie de programas asistencialistas que intentan remediar mediante transferencias directas la exigua generación de empleo formal en el país cafetero. ¿Cuál presidente de América Latina aparece cada semana en largos programas de televisión, visitando algún municipio, respondiendo preguntas de la comunidad, regañando a sus ministros públicamente, destituyendo y deteniendo ilegalmente a funcionarios sin darles oportunidad de responder a las acusaciones que hace el público? ¿Cuál presidente termina asignando sumas importantes del presupuesto mediante estos “shows televisivos”?

Según el organismo estatal, unos 6 mil millones de dólares estarán dirigidos a reducir el índice de pobreza en Colombia, que supera el 42 por ciento del total de la población, unos 17 millones de colombianos. Realmente creo que no es ésta cifra congruente con un presupuesto que busca la dignidad y equidad de los colombianos.

El presupuesto presentado es la puesta en mancha de políticas que durante años han azotado a las clases menos favorecidas del país, propuestas tendientes a recortar el gasto social y aumentar los rubros destinados a atizar el conflicto armado. El debate presupuestal ha estado rodeado de cifras arregladas “verdades mentirosas” que buscan demostrar a la ciudadanía que las cosas en materia fiscal andan bien. Lo que es innegable es que algo anda mal en la economía de este país que puede mantener simultáneamente crecientes cinturones de miseria y grandes cifras de crecimiento, y mejoramiento de indicadores sociales, cuando en la práctica real es claro que hay gobierno para todo menos para gastos que contribuyan a mejorar la equidad y el acceso de los colombianos a mínimos materiales dignos.