Una preocupante situación de orden social comienza a afectar al país. A los estallidos populares por las altas tarifas de los servicios públicos y en demanda de agua potable que se han presentado en las goteras de Bogotá, la Costa Atlántica y Candelaria, Valle, donde el presidente Uribe ha prometido el preciado líquido en sus “Consejos comunitarios”, se suman los choques entre mototaxistas y antimotines en Popayán, y ahora el Paro Camionero que tiene efectos directos sobre la canasta familiar de los colombianos.
El caldeante clima social que sufre el país, con un paro camionero de impredecibles consecuencias sobre la economía nacional y estallidos populares en las goteras de Bogotá, la Costa Atlántica, el Valle y el Cauca, entre otras regiones, le hacen la radiografía a la situación de incertidumbre, abandono y miseria que embarga a nuestras gentes. Y puede recrudecer, gracias a los despidos de trabajadores y cierres de empresas que se vienen produciendo bajo el pretexto de la caída de las exportaciones y la crisis del dólar.
Así lo consideró el representante a la Cámara por Bogotá Wilson Borja, quien convocó a las autoridades gubernamentales y de transporte a restablecer los diálogos con el gremio de los camioneros, en búsqueda de soluciones inmediatas que pongan fin al paro de 53.000 camioneros que se inició desde las cero horas del pasado jueves 31 de julio. Los transportadores vienen sufriendo una descapitalización que los puede llevar a la quiebra, como consecuencia del congelamiento de los fletes desde hace casi una década, la sobreoferta de vehículos y el propio proceso de desindustrialización que sufre el país.
Jairo Gómez, presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia, ACC capítulo Norte de Santander, considera que “las mafias del transporte vienen generando esta problemática social perversa, sin que el Ministro de Transporte Carlos Uriel Gallego se dé por enterado. Al descomunal incremento del parque automotor se suman los fletes congelados desde 1997, de manera que están acabando con la infraestructura económica de los transportadores en Colombia.”
En opinión de los camioneros, anclados en parqueaderos, terminales y zonas industriales de las ciudades, también a lado y lado de las carreteras, pareciera que el Estado estuviera interesado es en sacarlos del negocio para dejárselo a grupos que ellos identifican como “mafias” emergentes.
“Nunca pagan un flete real –sostiene Gómez–., incurriendo en falsedad documental en las planillas de carga: les fijan un valor inexistente a cualquier destino, y cuando el transportador llega, no le pagan lo que es. Las planillas son de propiedad del Estado, pero las empresas les imprimen todo tipo de descuentos, de manera que terminan pagando sumas muy pequeñas al transportados. Por un viaje entre Cúcuta y Barranquilla, por ejemplo, a una tracto-mula de 300 – 400 millones de pesos, le pueden quedar 500 mil pesos. ¡Por semejante inversión!”
Las conversaciones con el Ministerio se encuentran suspendidas. “Ahora el Gobierno pretende bajar un 10% las tarifas de los fletes, un despropósito que no estamos dispuestos a tolerar”, sostiene el presidente de la Asociación de Camioneros de Norte de Santander: si aceptamos eso estamos en la ruina.
La Asociación Nacional de Camioneros, ACC, fue creada en 1997, pero por sus acciones en defensa del gremio buena parte de su dirigencia ha sido amenazada de muerte. Jairo Gómez, por ejemplo, llegó a Cúcuta desplazado por amenazas de Sucre. El fundador de la organización, Javier Suárez, fue asesinado en Buenaventura a finales de la década pasada, poco después de liderar una nueva parálisis.
Este fin de semana la parálisis podría comprometer 120.000 vehículos a lo largo del país, poniendo en nuevos aprietos industrias como la cafetera, pilares de la economía nacional.
Prensa.
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