borja

Falsos positivos, Claros y Ordóñez

2010-01-15T15:47:00.000-08:00

Tres hechos distintos, una sola vergüenza

Por Wilson Alfonso Borja Díaz,
Representante a la Cámara

Tres hechos aparentemente dispersos y disímiles entre sí escandalizaron la opinión pública nacional e internacional la semana que culmina: la liberación de los integrantes de las fuerzas militares implicados en los falsos positivos, el papelón en ello del Consejo Superior de la Judicatura y, finalmente, el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación alrededor del referendo releccionista. Una vergüenza aquí y en Cafarnaún.

Los militares fueron liberados gracias a la más rampante argucia de algún administrador de justicia. La definición del ente jurídico al que correspondería llevar la investigación –si era de competencia de la justicia ordinaria o de la justicia militar– demoró lo suficiente para que se vencieran los términos y tuviera que ser liberado el puñado de militares de bajo rango implicados en la desaparición y muerte de varios centenares de jóvenes que fueron asesinados con el único fin de resaltar la “contundencia” de la política de seguridad democrática de la administración Uribe Vélez.

Hechos de esta naturaleza no son noticia en Colombia para dolor nuestro, pero especialmente de los cientos de familias afectadas por prácticas tan macabras como aquellas de secuestrar o llevar bajo engaño jóvenes, incluso discapacitados, que luego serían ejecutados de la manera vil y miserable bajo los emblemas manchados de la patria. Pero aquí sí podrían ser noticia los rieles utilizados para llegar hasta semejante punto: Ovidio Claros, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quien terminó prestando flaco servicio al régimen retrasando la definición del ente que debería llevar las investigaciones. Yo, Wilson Borja, particularmente respaldé la elección de Claros al Consejo Superior de la Judicatura, como perseguido que fue del gobierno de Álvaro Uribe, al punto que le quitaron la investidura a su paso por el Congreso. Y terminó siendo él, Claros, quien finalmente se prestó para tan turbio y vergonzante manejo.

El toque final de esta triada de hechos corrió por cuenta, claro está, del absolvedor de oficio del régimen, Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación. Mientras el presidente de la Corte Constitucional plantea una discusión sobre lo que hace el Consejo Superior de la Judicatura acerca de los fallos políticos que ha tomado, el señor Ordóñez cambia la estructura de los hechos que rodearon el Referendo Reeleccionista.

Me explico: procedimientos leves, altos, bajos, no existen en la ley: los procedimientos que se violan son los procedimientos, así parezca una perogrullada; independientemente de lo que sea, si se violan, se violan son los procedimientos, de forma o de fondo. Y con base en el argumento del procedimiento leve – leve, emite tamaño concepto decretando la pulcritud del referendo reeleccionista, en evidente presión a la Corte Constitucional que ahora tiene la palabra final. Por si fuera poco, se atreve a plantear que lo único que puede hacer la Corte es hablar de los procedimientos, de la forma como se aprobó el acto en el Congreso.

No obstante, la Corte Constitucional tumbó la reforma del Artículo 125 de la Constitución que beneficiaba a 120.000 trabajadores del Estado, por fallas de procedimiento, y Ordóñez se quedó callado. Mudo. Cuando los beneficios son para los empleados de carrera, las fallas de procedimiento leves resultan fatales. Cuando se trata de aceitar la reelección de Uribe por tercero y cuarto período consecutivos, los vicios garrafales de forma y procedimiento no son más que pecados veniales!

Falsos positivos y decisiones amañadas de algunos administradores de justicia caminando por una misma senda de destrucción y arrasamiento del Estado social de derecho. Camino suicida configurando una suerte de golpe de Estado. Triste espectáculo.

La justicia cojea, pero no llega

2009-12-01T04:24:00.000-08:00

Viéndolo bien. Por: Patricia Lara Salive

Noviembre 29 de 2009
El País de Cali.

Dos casos opuestos en política, pero similares en vencimiento de términos, están siendo examinados, con otros procesos, por la Unión Interparlamentaria, observador permanente de Naciones Unidas: el del ex senador Álvaro Araújo, sindicado de haber tenido relaciones con paramilitares, y el del representante a la Cámara Wilson Borja, acusado de tener vínculos con las Farc. Miremos las dos situaciones:

Araújo, a diferencia de sus compañeros del Congreso, no se declaró culpable porque dice que es inocente y no va a dejarles a sus niñas “el legado de infamia de aceptar haber sido un delincuente”. Y también, a diferencia de sus compañeros, Araújo es el único que continúa preso (le dieron la casa por cárcel a raíz de un isquemia cerebral que, según él, le dio por rabia). Y lo grave es que su situación no tiene esperanza de resolverse pronto, pues el fallo, que ha debido proferirse en julio por la jueza, pues en esa época vencía su término, se aplazó, ya que ella dijo que estaba muy cargada de trabajo y aseguró que, a más tardar, lo proferiría a principios de octubre. Pero en septiembre, la Corte Suprema reasumió los casos de los parlamentarios que renunciaron al fuero para que los juzgara la justicia ordinaria y, así, acogerse la doble instancia. Entonces Araújo, que estaba ad portas de saber si la justicia decretaba o no su inocencia, casi volvió al comienzo y, lo que es peor, sin términos que se le venzan, porque el suyo es un caso atípico.

Según él, la ley determina que debe respetarse la inmediación de la prueba, es decir, que nadie puede juzgar con base en evidencias que no ha presenciado, y la Corte dictará sentencia a partir de pruebas recogidas por el juzgado y no por ella. Y establece que un juicio debe durar máximo seis meses, pero el suyo demoró año y medio. Y propende porque un fallo no dure más de quince días, y el suyo lleva un retraso de cuatro meses, y aún no parece tener posibilidades de producirse: según carta que la Corte le envió a Araújo en octubre, negando su petición de que un magistrado titular se ocupe de su causa y esa corporación escuche sus argumentos, la Corte no ha pronunciado “el fallo de rigor del que no ha podido ocuparse”.

Entonces Araújo le solicitó a la Unión Interparlamentaria que estudie su caso: espera que, en enero, llegue a conclusiones, y confía en que, en virtud de la intervención de ese organismo, no se pase lo que le resta de vida esperando su juicio.

Y Wilson Borja también le pidió a la Unión Interparlamentaria que interceda por él: la Corte le abrió investigación, en julio del 2008, sobre su supuesta relación con las Farc. Antes, en entrevista radial, el presidente Uribe lo acusó de estar vinculado a la guerrilla. Por eso él se quejó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Ese trámite está pendiente. Y la Corte, que le ha preguntado a todo el que se le ha ocurrido, si sabe si Borja ha tenido relación con las Farc sin que, al parecer, haya recogido una prueba seria en su contra, lleva año y medio en la etapa preliminar del juicio, a pesar de que la ley establece que ella no debe durar más de seis meses, prorrogables por seis más.

Así, Borja y Araújo, y tantos que no sabemos, están sub judice, viendo cojear a nuestra justicia que tampoco llega. Ojalá la Unión Interparlamentaria les dé un empujoncito.

La Revolución Bolivariana y la Paz

2009-11-28T15:19:00.000-08:00

Conozco bien a Chávez; nadie como él sería más renuente a derramar la sangre entre venezolanos y colombianos, dos pueblos tan hermanos como los cubanos que viven en el este, el centro y el extremo oeste de nuestra Isla. No tengo otra forma de expresar el grado de hermandad que existe entre venezolanos y colombianos.

La calumniosa imputación yanki de que Chávez planea una guerra contra la vecina Colombia llevó a un influyente órgano de prensa colombiano a publicar el pasado domingo, 15 de noviembre, bajo el título de “Tambores de guerra”, un despectivo e injurioso editorial contra el Presidente venezolano, donde se afirma entre otras cosas que “Colombia debe tomar con toda seriedad la que constituye la más grave amenaza a su seguridad en más de siete décadas pues esta proviene de un Presidente que, además, es de formación militar…”

“La razón -prosigue- es que cada vez son mayores las posibilidades de una provocación que puede ir desde un incidente fronterizo hasta un ataque contra instalaciones civiles o militares en Colombia.”

Más adelante el editorial añade como algo probable “…que Hugo Chávez intensifique sus ataques contra los ‘escuálidos’ -remoquete con el que identifica a sus opositores-, y trate de sacar del poder municipal o regional a quienes lo contradicen. Ya lo hizo con el alcalde de Caracas… y ahora quiere intentarlo con los gobernadores de los estados fronterizos con Colombia, que rehúsan someterse a su férula… Un choque con fuerzas colombianas o la acusación de que elementos paramilitares planean acciones en territorio venezolano puede ser la excusa que necesita el régimen chavista para suspender las garantías constitucionales.”

Tales palabras sirven solo para justificar los planes agresivos de Estados Unidos y la burda traición a su Patria de la oligarquía y la contrarrevolución en Venezuela.

Coincidiendo con la publicación de ese editorial, el líder bolivariano había escrito su artículo semanal “Las líneas de Chávez”, en el cual enjuicia la impúdica concesión de siete bases militares a Estados Unidos en suelo de Colombia, un territorio que posee 2 050 kilómetros de frontera con Venezuela.

En ese artículo, el Presidente de la República Bolivariana, explicó con valentía y lucidez su posición.

“…lo dije este viernes en el acto por la paz y contra las bases militares de Estados Unidos en suelo colombiano: estoy en la obligación de llamarlos a todos y todas a prepararnos para defender la Patria de Bolívar, la Patria de nuestros hijos. Si no lo hiciera, estaría cometiendo un acto de alta traición… Nuestra Patria es hoy libre y la defenderemos con la vida. Venezuela nunca más volverá a ser colonia de nadie: nunca más estará de rodillas frente a invasor o imperio alguno… el gravísimo y trascendente problema que tiene lugar en Colombia no puede pasar inadvertido por los gobiernos latinoamericanos…”

Más adelante añade conceptos importantes: “…todo el arsenal bélico gringo, contemplado en el acuerdo, responde al concepto de operaciones extraterritoriales… convierte al territorio colombiano en un gigantesco enclave militar yanki…, la mayor amenaza contra la paz y la seguridad de la región suramericana y de toda Nuestra América.”

“El acuerdo… impide que Colombia pueda ofrecerle garantías de seguridad y respeto a nadie: ni siquiera a los colombianos y colombianas. No puede ofrecerlas un país que ha dejado de ser soberano y que es instrumento del ‘nuevo coloniaje’ que avizorara nuestro Libertador.”

Chávez es un verdadero revolucionario, pensador profundo, sincero, valiente e incansable trabajador. No llegó al poder mediante un golpe de Estado. Se sublevó contra la represión y el genocidio de los gobiernos neoliberales que entregaron los enormes recursos naturales de su país a Estados Unidos. Sufrió prisión, maduró y desarrolló sus ideas. No llegó al poder a través de las armas a pesar de su origen militar.

Tiene el gran mérito de haber iniciado el difícil camino de una Revolución social profunda partiendo de la llamada democracia representativa y la más absoluta libertad de expresión, cuando los más poderosos recursos mediáticos del país estaban y están en manos de la oligarquía y al servicio de los intereses del imperio.
En solo 11 años, Venezuela logró los más altos avances educacionales y sociales alcanzados por un país en el mundo, a pesar del golpe de Estado y los planes de desestabilización y descrédito impuestos por Estados Unidos.

El imperio no decretó un bloqueo económico contra Venezuela -como hizo con Cuba- tras el fracaso de sus golpes sofisticados contra el pueblo venezolano, porque se habría bloqueado a sí mismo dada su dependencia energética del exterior, pero no ha renunciado a su propósito de liquidar el proceso bolivariano y su generoso apoyo en recursos petroleros a los países del Caribe y Centroamérica, sus amplias relaciones de intercambio con Suramérica, China, Rusia, y numerosos Estados de Asia, África y Europa. La Revolución Bolivariana goza de simpatías en amplios sectores de todos los continentes. Duele especialmente al imperio sus relaciones con Cuba, después de un bloqueo criminal contra nuestro país que ha durado ya medio siglo. La Venezuela de Bolívar y la Cuba de Martí, a través del ALBA, promueven nu evas formas de relaciones e intercambios sobre bases racionales y justas.

La Revolución Bolivariana ha sido especialmente generosa con los países del Caribe en momentos sumamente graves de crisis energética.

En la nueva etapa que vivimos, la Revolución en Venezuela se enfrenta a problemas enteramente nuevos que no existían cuando, hace casi exactamente 50 años, triunfó en Cuba nuestra Revolución.

El tráfico de drogas, el crimen organizado, la violencia social y el paramilitarismo, apenas existían. En Estados Unidos no había surgido todavía el enorme mercado actual de drogas que el capitalismo y la sociedad de consumo han creado en ese país. Para la Revolución, en Cuba no significó un gran problema combatir el tránsito de drogas e impedir su introducción en la producción y consumo de las mismas.

Para México, Centroamérica y Suramérica estos flagelos significan hoy una creciente tragedia que está lejos de haber superado. Al intercambio desigual, el proteccionismo y el saqueo de sus recursos naturales, se sumaron el tráfico de drogas y la violencia del crimen organizado que el subdesarrollo, la pobreza, el desempleo y el gigantesco mercado de drogas de Estados Unidos han creado en las sociedades latinoamericanas. La incapacidad de ese país imperial y rico para impedir el tráfico y consumo de drogas, dio lugar en muchas partes de América Latina al cultivo de plantas cuyos valores como materia prima para las drogas superaban muchas veces el de los demás productos agrícolas, creando gravísimos problemas sociales y políticos.

Los paramilitares de Colombia constituyen hoy la primera tropa de choque del imperialismo para combatir la Revolución Bolivariana.

Por su origen militar, precisamente, Chávez conoce que la lucha contra el narcotráfico es un vulgar pretexto de Estados Unidos para justificar un acuerdo militar que responde por entero a la concepción estratégica de Estados Unidos al finalizar la guerra fría, para extender su dominio del mundo.

Las bases aéreas, los medios, los derechos operativos y la impunidad total otorgada por Colombia a militares y civiles yankis en su territorio, no tienen nada que ver con el combate al cultivo, la producción y el tráfico de drogas. Este constituye hoy un problema mundial; se extiende ya no solo por los países de Suramérica, sino también comienza a extenderse al África y otras áreas. Reina ya en Afganistán, a pesar de la presencia masiva de las tropas yankis.

La droga no debe ser un pretexto para establecer bases, invadir países y llevar la violencia, la guerra y el saqueo a los países del Tercer Mundo. Es el peor ambiente para sembrar virtudes ciudadanas y llevar la educación, la salud y el desarrollo a otros pueblos.

Se engañan los que creen que dividiendo a colombianos y venezolanos tendrán éxito en sus planes contrarrevolucionarios. Muchos de los mejores y más humildes trabajadores en Venezuela son colombianos, y la Revolución les ha llevado educación, salud, empleo, derecho a la ciudadanía y otros beneficios para ellos y sus seres más queridos. Juntos, venezolanos y colombianos defenderán la gran Patria del Libertador de América; juntos lucharán por la libertad y la paz.

¡Los miles de médicos, educadores y demás colaboradores cubanos que cumplen sus deberes internacionalistas en Venezuela estarán junto a ellos!

Fidel Castro Ruz
Noviembre 18 de 2009
Noviembre 18, 2009

DEBATE PÚBLICO

2009-11-24T02:45:00.000-08:00

Martes 24 de noviembre, 10:00 A.M.
Transmisión por televisión
COMISIÓN TERCERA DE CÁMARA

LAS PRIVATIZACIONES DE ISAGEN Y EL SECTOR ELÉCTRICO AL BANQUILLO
Incidencia en tarifas y las regiones

Intervendrán representantes de las organizaciones de usuarios y trabajadores de Bogotá, Cundinamarca y Medellín

Funcionarios citados a responder:
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Hernán Molina Valencia, director de la CREG.
Hernán Martínez Torres, ministro de Minas y Energía.
Oscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda.
Eva María Uribe, Superintendente de Servicios.

Los congresistas citantes, Simón Gaviria y Carlos R. Chavarro, así como Fernando Tamayo y Omar Flórez, con el apoyo de Wilson Borja, solicitaron transmisión en directo por televisión.

Apresado otro de los victimarios de Borja

2009-11-19T09:12:00.000-08:00

Preso en Cúcuta coautor del atentado contra el representante Wilson Borja

Noviembre 19 de 2009.

Durante un procedimiento de control en la ciudad de Cúcuta, agentes del Das capturaron a José Misael Valero Santana, conocido con el alias de ‘Lucas', señalado por las autoridades como autor material del atentado contra el hoy representante a la Cámara Wilson Borja.

Según informó la central de inteligencia, las autoridades migratorias solicitaron la identificación de alias ‘Lucas', quien presentó una cédula de ciudadanía colombiana falsa a nombre de José Ernesto Amaya Amado.

Luego del respectivo proceso de identificación, las autoridades confirmaron que el sujeto retenido era en realidad José Misael Valero Santana, quien tiene cuatro órdenes de captura vigentes y una condena de 39 años y ocho meses de prisión por homicidio agravado, tentativa de homicidio y concierto para delinquir.

El atentado contra el Representante Borja tuvo lugar el 15 de diciembre del año 2000 cuando al salir de su residencia con sus escoltas, fue baleado en un barrio del noroccidente de Bogotá.

En el hecho, en el que el entonces Presidente de FENALTRASE resultó gravemente herido, murieron una vendedora de tintos y uno de los pistoleros. Así mismo, resultaron heridos dos de los escoltas del DAS que estaban asignados a su esquema de seguridad.

Valero Santana fue señalado por la Fiscalía General de la Nación como uno de los "coautores de homicidio agravado y concierto para delinquir", y fue por este hecho fue condenado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá por casi 40 años de prisión.

Contra alias ‘Lucas' existe también otra condena por 25 años de prisión, impartida desde diciembre de 2008 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cúcuta, por el delito de Homicidio Agravado en calidad de coautor.

Tomado del diario La Opinión, de Cúcuta.

Borja debate el futuro del Polo

2009-11-04T04:37:00.000-08:00

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Foro Ciudadano en Ibagué
lunes 9 de noviembre
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Borja interpone Intervención Ciudadana ante la Corte Constitucional.

2009-10-14T11:09:00.000-07:00

El referendo reeleccionista pretende sustituir la Constitución

Los vicios de forma y de fondo del llamado referendo reeleccionista alimentaron la intervención realizada éste miércoles 14 de octubre por el congresista Wilson Alfonso Borja Díaz ante la Corte Constitucional, en desarrollo de las diligencias de revisión constitucional que dicho organismo realiza al trámite de la Ley 1354 de 2009. El congresista busca la declaratoria de inexequebilidad del referendo reeleccionista.

En vicios de forma, alega que hubo inconscientes en las cuentas de la recolección de firmas del referendo, las cuales no pudieron justificarse ante la organización electoral; violentaron las normas que regulan las contribuciones de particulares; hubo una fraudulenta triangulación para hacerle el quite a los límites del monto máximo de aportes de particulares; no contabilizaron aportes en especie, como los realizados por Transval para el transporte de las firmas; las donaciones a la Fundación Colombia Primero incluían aportes de contratistas del Estado, empresarios y, al parecer, beneficiarios de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro.

La Ley 1354 “Por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional”, no cumplía los requisitos procedimentales para su trámite en el Congreso de la República. Debía contar con certificación del Registrador Nacional del Estado Civil respecto al cumplimiento del porcentaje de firmantes exigidos y frente a los recursos invertidos para su recolección. Certificación que a la fecha no existe.

En su intervención ante el alto organismo de justicia mediante un documento de 49 páginas, Borja Díaz enfatiza que se presentaron irregularidades de procedimiento en la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Presidente de la República para la discusión del proyecto en Plenaria de Cámara. El Decreto 4742 fue expedido el 16 de diciembre, es decir, cuando aún el Congreso se encontraba en sesiones ordinarias, y sólo podía hacerse –según lo dispone el artículo 85 de la Ley 5ª de 1992–, “estando en receso constitucional el Congreso”.

La Conciliación de los textos aprobados en Cámara y Senado se realizó, además, sin que 12 de los 86 Representantes a la Cámara, a quienes la Corte Suprema de Justicia investiga por presuntas irregularidades en el trámite de esta misma ley, se declararan impedidos para actuar como Conciliadores. Pese a declararse impedidos para discutir y votar el informe de conciliación en plenaria de Cámara, buena parte de los 86 congresistas se negaron mutuamente los impedimentos, habilitándose entre ellos aparentemente para actuar en el debate y garantizar así los votos necesarios para la aprobación del referendo reeleccionista.

El texto del articulado fue alterado en su esencia en el Senado de la República, lo que constitucional y legalmente no estaba permitido, violentando los principios de consecutividad e identidad. Exigen que haya unidad de materia en la tramitación de los proyectos de ley.

Para el congresista Wilson Borja, finalmente, “también existen vicios de fondo muy preocupantes, por cuanto la Constitución puede ser reformada pero no sustituida”. Si bien en sentido formal lo que se pretende es una reforma de la Constitución, lo que ocurre es una sustitución constitucional. “Así provenga del constituyente primario, dicha sustitución no puede realizarse, por atentar contra la democracia y generar un desequilibrio de las instituciones del Estado”, enfatizó el representante del Polo Democrático Alternativo.

“La alteración del Estado de Derecho –Agrega–, atenta contra valores superiores, como el principio de igualdad de oportunidades”.

Prensa.

XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ

2009-09-17T06:58:00.000-07:00

Declaración Final

Bogotá 10, 11 y 12 de septiembre de 2009
Los 920 delegados, provenientes de diversas regiones y sectores del país luego de realizar trece foros regionales preparatorios, en un ambiente pluralista y democrático nos hemos reunido en este XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ, en la ciudad de Bogotá, y hemos decidido unánimemente declarar ente la comunidad nacional e internacional que:

1. Colombia atraviesa hoy por la mayor crisis humanitaria conocida en su historia, la cual se expresa con la más alta tasa de desplazamiento del mundo, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones masivas y arbitrarias, ametrallamientos y bombardeos sobre comunidades inermes junto con las demás transgresiones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los derechos humanos.

2. La implementación en Colombia de siete bases militares norteamericanas, en áreas de influencia paramilitar, junto con la puesta en marcha de la IV Flota Naval Norteamericana determina la profundización de la confrontación interna, constituyendo uno de los mayores peligros para la paz regional. La estrategia de militarización de la región afecta la soberanía nacional y el proceso de cambios democráticos que vive América Latina y el Caribe, todo lo cual tiene como objeto el aseguramiento geoestratégico y la apropiación de nuestros recursos naturales. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS rechaza la presencia militar norteamericana en el país porque conllevará a la profundización de la crisis de derechos humanos en la medida que fortalece la guerra como estrategia para la solución del conflicto social y armado.

3. Rechazamos la doble moral del gobierno de los EE.UU., que al tiempo que expresa preocupación por el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales y el espionaje del DAS, su Departamento de Estado certifica en derechos humanos al gobierno de Colombia soslayando las crecientes denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”), desplazamientos, detenciones arbitrarias y otros crímenes de Estado.

4. La estrategia global de guerra del militarismo norteamericano del cual el régimen colombiano representa su mejor aliado en esta parte del hemisferio, constituye uno de los mayores peligros para la paz global y los derechos de los pueblos. En nombre de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico se justifica el asesinato, la barbarie y el genocidio en contra de pueblos y comunidades enteros con el objeto de apropiar recursos naturales y profundizar la hegemonía cultural y económica del decadente modelo de acumulación imperialista.

5. La actual crisis económica no es ajena a la situación colombiana y a los derechos humanos, a pesar de las falacias de prosperidad presentadas por la política económica del gobierno colombiano, se agudizan hoy más los factores estructurales que mantienen vivo el conflicto colombiano. Las Cooperativas de Trabajo Asociado, el salario en condiciones indignas, el desempleo, subempleo, las exenciones al gran capital, el cierre y privatización masiva de universidades y hospitales; las familias guardabosques, la implementación de zonas francas, las enormes cargas tributarias constituyen la base y la estrategia con la cual el gran capital pretende superar la verdadera hecatombe del gobierno de Álvaro Uribe, la crisis económica. Continuaremos rechazando la aprobación de los TLC, con los EE.UU., la comunidad Europea y Canadá.

6. Nos solidarizamos con las víctimas y rechazamos la agresión y genocidio contra el movimiento indígena, el campesinado colombiano, el movimiento social y sindical, el cual durante los gobiernos de Uribe ha tenido más de 575 ejecuciones extrajudiciales, 14.000 asesinatos de carácter político entre los años 2002 y 2008, 1.700 colombianos ejecutados extrajudicialmente presentados por el Ejército Colombiano como guerrilleros dados de baja en combate, fenómeno que refleja la verdadera intención por parte de la política de “seguridad y defensa democrática”. La llamada desmovilización paramilitar y sus marcos legales legitimadores, como la ley 975 de 2005 han sido un completo fracaso. La extradición de los jefes del paramilitarismo confirma la intención del gobierno de evitar que se conozca la verdad e impedir la aplicación de los estándares universales de justicia y reparación respecto de los derechos de las víctimas. Denunciamos la impunidad generalizada frente a la crisis humanitaria que vive la población.

7. Denunciamos la permanencia del paramilitarismo como estrategia del Estado Colombiano; son conocidas las constantes acciones y amenazas que han conllevado al desplazamiento y eliminación física de líderes sociales, sindicales, defensores de derechos humanos y populares. Llamamos la atención respecto de la doble confrontación en contra de jóvenes inermes e indefensos por parte de la política de seguridad democrática y del paramilitarismo que además de promover la estigmatización profundiza las constantes amenazas a través de panfletos amenazantes y toques de queda con el fin de profundizar su control político y territorial.

8. La posibilidad de la segunda reelección del gobierno de Álvaro Uribe a través de la iniciativa del referendo aprobado recientemente por el Parlamento Colombiano representa un grave retroceso para la democratización de la sociedad y la solución negociada del conflicto; el mismo órgano legislativo que aprobó esta iniciativa se encuentra acusado por estar controlado en un 30 % por parte de grupos paramilitares, con más de 45 congresistas en la cárcel y 80 más vinculados por crímenes cometidos por estos grupos. La lucha contra el referendo debe convocar las salidas pacificas, la lucha por un nuevo poder alternativo y democrático que haga frente al proyecto guerrerista e inaceptable del Presidente Uribe.

9. La necesidad de un Acuerdo Humanitario es urgente por parte de las fuerzas democráticas en contra del embrujo guerrerista que pretende el rescate militar a sangre y fuego de los secuestrados y retenidos por parte de la insurgencia colombiana. Por otro lado el actual gobierno profundiza la criminalización y judicialización a dirigentes sociales y populares, al mismo tiempo que desconoce la justeza del carácter político del delito de rebelión. El XI Foro Nacional por los Derechos Humanos, exige la libertad inmediata de los secuestrados y retenidos en las selvas colombianas, de los miles de luchadores y presos políticos y de conciencia que se encuentran en las cárceles colombianas.

10. Saludamos la presencia histórica y activa de los afro-colombianos, población LGTB, indígenas y demás minorías víctimas de la discriminación y la violencia. Nos solidarizamos con la lucha por sus reivindicaciones. El XI Foro Nacional se compromete de manera activa con sus iniciativas y acciones tendientes a visualizar este tipo de violencia y posicionar sus derechos, que son también nuestros derechos, en una agenda de lucha en contra de la discriminación en todas sus formas.

11. Ratifica en el actual contexto la necesidad de la búsqueda de una salida política y negociada al actual conflicto armado que vive el país, e invita a la Gran Coalición Democrática, a la Cumbre Social y Política, a Colombianos y Colombianas por la Paz, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, a las Plataformas de Derechos Humanos, a las comunidades de indígenas y afrodescendientes, a las mujeres y los jóvenes, a los diversos sectores políticos democráticos y al conjunto de la sociedad colombiana, a realizar esfuerzos conjuntos para superar tendencias de dispersión en la lucha y desarrollar en las calles y plazas un movimiento amplio, unitario por la paz democrática que vincule e invite a tod@s los sectores de la sociedad colombiana por la posibilidad de un cambio democrático y la construcción del Estado Social de Derecho.

12. El XI Foro expresa su solidaridad con las organizaciones populares, defensores de derechos humanos, sindicalistas, magistrados, periodistas y líderes de la oposición, objeto de espionaje estatal e interceptaciones telefónicas, perseguidos por los agencias de inteligencia del Palacio de Nariño y exige de los órganos de justicia y control la más rápida investigación y sanción a los responsables.

PROPONEMOS:

1. Impulsar la más amplia agenda de movilización social y popular en todos los niveles con el fin de concientizar al conjunto de la sociedad colombiana en favor de los cambios democráticos, la plena vigencia y respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Las jornadas de movilización son:
- 23 de septiembre de 2009, por los estatales y el magisterio agrupado en Fecode.
- 7 de octubre, por el trabajo digno.
- 14 de octubre,Paro Nacional e inicio del Paro Nacional del magisterio.

2. Movilización por los derechos humanos y la paz, 10 de diciembre de 2009.

3. Emprender en forma unitaria y a la mayor brevedad las acciones jurídicas, políticas y sociales que sean necesarias para enfrentar el referendo reeleccionista ilegítimo.

4. Invitar al conjunto de la sociedad colombiana a vincularse en la iniciativa de la PAPELETA POR LA PAZ, impulsada por la senadora Piedad Córdoba y demás actividades por el Acuerdo Humanitario como el mandato por la paz.

5. Exigir al Estado Colombiano facilitar el Acuerdo Humanitario, así como también la amnistía de todos los presos políticos y de conciencia como instrumento dinamizador de la democratización del país.

6. Regular mediante Ley Estatutaria el derecho fundamental del Hábeas Data para archivos de inteligencia militar, policía y civil con el objeto especial de que defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y de oposición, puedan controvertir y depurar la información errática sobre sus actividades legítimas que están poniendo en riesgo su vida e integridad personal.

7. Proponer octubre de 2009, articulada con la MINGA SOCIAL E INDIGENA, como fecha para el inicio de campañas, movilizaciones, foros, conciertos, encuentros y conferencias en contra de la presencia de las siete bases militares en Colombia.

8. Crear un observatorio de monitoreo y seguimiento a la presencia militar norteamericana en Colombia, en especial sobre las bases aéreas de Palanquero, Apiay y Arauca; las bases navales de Malambo y Cartagena, sobre el Caribe, y de Málaga en el Pacifico, lo mismo que las bases de Tolemaida, Tres Esquinas y Larandia.

9. El XI Foro se compromete a contribuir en la conformación del Capítulo Colombia del Consejo Mundial por la Paz, el cual debe hacer parte del movimiento global contra la guerra y el militarismo.

10. Invitar a los capítulos regionales y locales del CPDH, con criterio de amplitud y pluralidad, a fortalecer nuestra presencia en el movimiento por la paz, la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral.

11. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS, invita a elevar la organización y unidad de las víctimas de crímenes de Estado, así como fortalecer el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Coordinación de Víctimas del Genocidio contra de la Unión Patriótica.

12. Vincularse activamente en la solidaridad con los pueblos agredidos, especialmente con el pueblo de Honduras sometido a un régimen de facto. Exigimos la libertad de los cinco patriotas cubanos detenidos arbitrariamente en los EE.UU.

EXIGIMOS EL DESMANTELAMIENTO DE LAS BASES MILITARES NORTEAMERICANAS.

¡¡SOLUCION NEGOCIADA Y POLITICA DEL CONFLICTO INTERNO !!
LA REELECCION RESTRINGE LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS,
¡¡EXIGIMOS APERTURA A LA DEMOCRACIA!!

¡¡VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y GARANTIAS DE NO REPETICION!!

Bogotá, D.C., 12 de septiembre de 2009.

Misión internacional, en Colombia tras huellas de espionajes

2009-08-26T07:53:00.000-07:00

MISIÓN DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE VISITA EN COLOMBIA, ESPERA SE ESTABLEZCAN TODOS LOS RESPONSABLES DEL ESPIONAJE DEL DAS

Prensa - Colectivo

Martes 25 de agosto de 2009. Con el objetivo de instar al Estado colombiano a que se establezcan todos los responsables de las labores de espionaje ilegal contra defensores de derechos humanos, realizadas por el Das, llegará esta semana al país una misión internacional promovida por la Federación Internacional de Derechos Humanos – FIDH –.

La misión está conformada por la Sra. Susana Villarán, educadora y periodista, miembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Relatora para Guatemala, Colombia y Nicaragua y para los Derechos de la Mujer, ex ministra de Estado en el Perú en el Gobierno de Transición y ex Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el Perú, y por el jurista Juan Carlos Capurro, profesor universitario e integrante del equipo jurídico que obtuvo la jurisdicción universal ante la Audiencia Nacional de España en las causas contra Pinochet (Plan Cóndor) y la dictadura argentina(1976-1983). Recientemente le fue admitida su postulación como abogado habilitado ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Ellos, junto con la Vicepresidenta para las Américas de la FIDH, la abogada Soraya Gutiérrez Argüello, el Secretario General de la FIDH, Luís Guillermo Pérez y, las ligas afiliadas en Colombia, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, el Comité permanente para la defensa de los derechos humanos –CPDH-, el Instituto de servicios legales alternativos –ILSA -, y la Organización Femenina Popular –OFP-, esperan poder reunirse con el Fiscal (e) General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, el Procurador General, Alejandro Ordoñez, el Vicepresidente Francisco Santos, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, entre otras instancias gubernamentales, así como con funcionarios de las Embajadas de Suecia, España, Francia y EU. Esta visita por parte de la FIDH se realiza en momentos en que se ha develado que las cuatro ligas en Colombia de esta organización internacional de derechos humanos, fueron víctimas de actuaciones ilegítimas e ilegales de espionaje desarrolladas por el Estado colombiano, a través del Grupo Especial de Inteligencia 3, creado por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS.

Es de destacar que la misma Susana Villarán quien estuvo de visita en Colombia en el año 2005 como Comisionada de la CIDH, con el objetivo de evaluar la situación de derechos humanos en mujeres y niñas colombianas, fue víctima de seguimientos, interceptaciones y operaciones ofensivas en uno de sus viajes a la ciudad de Valledupar. Al respecto la CIDH se pronunció en días pasados afirmando que el G-•3 "fue conformado a fin de dar seguimiento a las actividades vinculadas al litigio de casos a nivel internacional", es decir de aquellos casos que se siguen contra el Estado Colombiano en materia de violaciones a los derechos humanos y que se seguían en el Sistema interamericano de Justicia.

La misión que se desarrollará entre el 26 y 29 de agosto, espera, asimismo, que el Estado Colombiano brinde todas las garantías necesarias para el ejercicio de la labor de los defensores de derechos humanos. La visita se realiza a una semana de la visita oficial al país de la Relatora para la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU, Margaret Sekaggya.

“Coincido con Chávez en que el poder se debe ejercer en favor de los débiles”

2009-08-24T06:57:00.000-07:00

ENTREVISTA CON CARLOS GAVIRIA DÍAZ.
Álvaro Segura López
Diario La Patria, Manizales, agosto 23 de 2009

Sin embargo el precandidato del Polo Democrático dice que la conducta del presidente venezolano es bastante similar a la de Uribe pues cambia la Constitución en su propio beneficio para hacerse reelegir. Plantea la revisión de la lucha antidrogas con Estados Unidos y Europa. En Campaña.
Carlos Gaviria Díaz llegó hace una semana a Manizales con una corte de simpatizantes y aduladores, mientras otros más lo esperaban en sitios específicos, y recorrió parte de la ciudad en medio de estrechones de mano, abrazos, vivas y sonrisas. De no ser por su camisa amarilla y la de los demás que lo acompañaban, así como por la celosa escolta que tenía, la gente hubiera podido creer que se trataba de la aparición anticipada de Papá Noel, aquel hombre bonachón de barba y pelo blancos que suele presentarse en la navidad cargado de sorpresas y regalos.
Y como Papá Noel el pre candidato presidencial del Polo Democrático Alternativo (PDA) irradia alegría y optimismo, no propiamente por la situación que vive el país, la que él califica de crítica, sino porque está convencido que arrasará en la consulta interna de su partido la cual se cumplirá el 27 de septiembre próximo y en la que se enfrenta a Gustavo Petro.
Gaviria visitó LA PATRIA y dejó ver sus impresiones sobre política, la crisis diplomática con los vecinos, la lucha antidrogas y el tema cafetero, entre otros.
Petro y el referendo
- ¿Usted cree que después de esta campaña, que en un comienzo tuvo al Polo dividido y con serias diferencias internas, va a quedar un partido fortalecido?
Claro. Vengo diciendo en todos los escenarios que esta coyuntura tenemos que aprovecharla no para profundizar debates sino al contrario para depurar el programa, para enriquecer el proyecto y para que la unidad sea mucho más fuerte.
- ¿Cuáles son las cosas de fondo que a usted lo apartan del pre candidato Gustavo Petro?
Son varias, pero hay una que para nosotros es fundamental, consideramos que un partido como el nuestro que se viene formando con un proyecto claramente diferenciado del oficial no puede, so pretexto de hacer una alianza, entregar su programa. Somos partidarios de alianzas programáticas, de aunar esfuerzos con otros partidos para lograr objetivos concretos, pero sin que se vaya a desdibujar nuestro programa y mucho menos sin desdibujar el partido.
- ¿Sigue creyendo que el referendo no es viable?
Desde el punto de vista constitucional el referendo está muerto, no sé que vida le puedan dar desde lo político, bajo qué piruetas, pero no me extraña que esa reiteración de los últimos días del doctor Uribe del Estado de Opinión tienda a eso, que si le falla el referendo entonces diga que como tienen tanta opinión en el país eso está por encima de mecanismos constitucionales, lo que sería muy peligroso.
- ¿A su juicio, a los congresistas recusados por la Corte que no asistan a declarar qué les puede pasar?
Cuando una persona es llamada a rendir versión libre le están concediendo un derecho, ver si hace desparecer las dudas que se tienen acerca de la apertura de una investigación, pero ese es un derecho. La persona ordinariamente va a defenderse y a mostrar que no hay ninguna razón para que se inicie una investigación en su contra y si no va pues simplemente no ejerció el derecho, pero eso no significa que el proceso se paralice.

La lucha antidrogas-

La Comisión asesora de relaciones exteriores que integran, entre otros, ex presidentes, le dio un espaldarazo al gobierno frente al acuerdo para que Estados Unidos utilice bases militares colombianas. ¿Qué lectura hace de esta manifestación que fortalece la polémica decisión del gobierno de Uribe?
Me parece impresentable que esa comisión haya avalado un acto tan grave como el de ceder bases militares nacionales para que las opere el ejército norteamericano especialmente porque no se sabe siquiera en qué términos se concedieron esas bases. Es tan grave la decisión que eso tiene que ser objeto de un tratado internacional el cual tiene que ser aprobado o no por el Congreso y luego ser sometió al control Constitucional de la Corte, y lo que se ha hecho con eso es evadir el debate democrático y el examen de constitucionalidad.
- En gran parte lo que se habla de ese acuerdo tiene que ver con la lucha antidrogas, tema del que usted ha sido crítico. ¿Mantiene la posición de que la política antidrogas debe ser sin la potencia americana?
Esa lucha hay que reexaminarla completamente, es decir, la lucha por las vías militar, policiva y de las fumigaciones ha sido un fracaso. Eso no lo decimos solo nosotros sino que lo reconocen aliados del gobierno. Colombia, que ha sido víctima del narcotráfico, tiene autoridad para replantear el debate sobre las drogas a nivel internacional, debería hacerlo para revisar muchas cláusulas del convenio de Viena sobre estupefacientes.
- ¿En esos términos la posición que usted defiende es la de la legalidad?
El itinerario que debería seguirse racionalmente lleva allá. Es una medida que no se puede tomar mañana, y algo más, cuando digo que Colombia debía ambientar el debate en la comunidad de naciones es porque soy consciente de que unilateralmente el país no podría tomar una decisión de esa naturaleza, en primer lugar porque está vinculada por el tratado de Viena sobre estupefacientes y en segundo lugar porque se convertiría en lo que la gente llama un país paria. Esa tiene que ser una decisión de carácter multilateral.
- Pero no se puede desconocer que un papel fundamental en ese lucha antidrogas lo tiene que cumplir Estados Unidos, ¿qué le propondría usted hacer al gobierno de Obama?
Los mismos EE.UU. tienen que revisar las políticas frente a las drogas. No estoy muy seguro que Obama vaya a ratificar las políticas anteriores de ese país en mater de droga, no se ha pronunciado todavía claramente, pero tengo la esperanza de que ese sea uno de los aspectos políticos que Obama va a revisar. Y en Europa donde la opinión estaba dividida, cada vez va siendo creciente la opinión de los países que considera que esa lucha por la vía de la represión está perdida.

Mirada a Chávez

- ¿Cree que en realidad lo que persigue Hugo Chávez con su revolución bolivariana es ayudarles a los países de la región?
Creo que tiene la pretensión de ser líder en latinoamérica; coincido con Chávez en que el poder se debe ejercer en favor de los débiles, pero me parece que su conducta es bastante similar a la de Uribe con respecto a lo que es un Estado de derecho, no tiene empacho en cambiar la Constitución en su propio beneficio para hacerse reelegir. Me parece incluso que los enemigos que Chávez se ha ganado no son tanto por lo que ha hecho sino por lo que ha dicho.
- La decisión del presidente del Polo de visitar al presidente Chávez generó algún malestar nacional. Incluso llegó diciendo que las relaciones entre los dos países se iban a normalizar, lo que no se dio. ¿No es peligrosa esa diplomacia paralela que genera expectativas que no se cumplen?
Hay que distinguir dos cosas. Nosotros en la oposición no podemos desconocer normas constitucionales que son absolutamente claras. Quien maneja las relaciones internacionales en el país es el Presidente, con el Ministro de Relaciones Exteriores; otra cosa es que sectores de la sociedad civil y personas que no pertenecen al gobierno vayan a propiciar un ambiente, un clima que sea más apto para que haya conversaciones entre los distintos gobiernos. Ninguna de la personas que ha ido a Venezuela, ni de Colombianos por la paz, ni del PDA y empresarios, han ido a usurpar facultades que son privativas del Presidente, solo buscan mejorar el clima a ver si el acuerdo es posible. Creo que son gestiones extraoficiales perfectamente legítimas.

Cafeteros, a diversificar

De acuerdo con el precandidato presidencial del Polo, Carlos Gaviria, si ha habido una región damnificada con la economía ha sido la cafetera.
Sostiene que, primero, cuando se acabó el pacto internacional del café el precio disminuyó drásticamente, lo que obligó a mucha gente de la zona cafetera a buscar el reemplazo de esa fuente, primordial en su economía, por otras fuentes como el turismo, caso de Quindío.
“Siendo el café un producto muy importante en toda la zona, es necesaria la diversificación, pero es necesario estimular la creación de industrias que también fueron bastantes golpeadas con la apertura económica, está el caso de Única y Arrow que fueron llevadas a la quiebra porque no resistían la competencia con productos de la misma clase importados”, señaló.
Por eso, dice Gaviria, el desempleo que hay en el eje cafetero, mucho más acentuado en Pereira, tiene que ser compensado de alguna manera con políticas del gobierno que no se ven hoy.

Convocatoria a la acción política y movilización social

2009-08-24T06:27:00.000-07:00

CUMBRE NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS
Cumbre Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas
Bogotá, agosto 20, 21 y 22 de 2009

P R O N U N C I A M I E N T O

AL PUEBLO COLOMBIANO

Esta Cumbre Social y Política, realizada exitosamente en Bogotá del 20 al 22 de agosto con la participación de 1.030 delegados provenientes de todo el país, marca un punto alto en los pasos que debemos dar para la construcción de la unidad de las fuerzas sociales y políticas, tal como se expresa en los acuerdos alcanzados:

I.- Colombia ha sido afectada por la crisis económica mundial pero además, como lo expresamos en la convocatoria a esta Cumbre, sufre cuatro tragedias:

1) la económica signada por los efectos perversos de la aplicación del neoliberalismo, la inequidad económica y la excesiva concentración de la riqueza y de la tierra que nos ha llevado a ser uno de los países en el mundo con mayor desigualdad y exclusión económica y social;

2) la social, marcada por el aumento atroz de la pobreza, la miseria y la exclusión que afecta a gran parte de la población colombiana y más intensamente a mujeres, jóvenes, afro-descendientes e indígenas; marcada también por el crecimiento del desempleo, la pauperización del trabajador colombiano ante la pérdida de garantías laborales, el desmonte sistemático de los derechos pensiónales, el paquete legislativo del gobierno y una criminal política agroindustrial destinada a liquidar al campesinado, desplazarlo por la violencia o a empujarlo a aumentar los cordones de miseria de las grandes ciudades;

3) la humanitaria, con la guerra y las violaciones crónicas a las normas del Derecho Internacional Humanitario que contabiliza en la última década más de cuatro millones de personas víctimas del desplazamiento forzado, miles de crímenes de Estado (mal llamados falsos positivos), miles de homicidios entre la población civil, desaparecidos y secuestrados, asesinatos masivos y sistemáticos contra poblaciones indígenas, afro-colombianos, campesinos y pobladores del campo y millares de detenciones masivas y arbitrarias; violaciones aberrantes contra los derechos de las mujeres, niñas y niños en medio del conflicto, persecución y homicidios de líderes sindicales, políticos, comunales, campesinos y defensores de derechos humanos, violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la política de seguridad y confianza inversionista, y

+ la tragedia política, atravesada por la toma del Estado y los partidos por mafias del narcotráfico y paramilitares, hoy llamadas bandas criminales, que han llevado a involucrar a 81 parlamentarios hasta ahora en el proceso de la parapolítica, a tener municipios e incluso departamentos enteros bajo el dominio militar y criminal de las mafias y a infiltrar organismos como el DAS y la fiscalía y ponerlos al servicio del hampa en detrimento de los derechos de los ciudadanos que deberían proteger.

Hemos constatado el incremento de la pobreza y la exclusión que se han extendido con las nefastas políticas neoliberales y el autoritarismo que condensa el proyecto de Estado Comunitario y su seguridad antidemocrática.

La magnitud de las luchas sociales de los pobladores de todos los rincones de Colombia evidencian que éstas siguen su curso ascendente como lo ilustran la resistencia de los corteros de caña en el Valle del Cauca, la amplia movilización de la juventud y de la sociedad en contra de la guerra, la Minga Indígena y Popular, las luchas de Asonal Judicial, de los trabajadores del carbón, campesinos, afro descendientes, educadores, organizaciones de víctimas y muchas otras. Luchas que expresan alto grado de inconformidad con la situación actual y disposición para transformar condiciones de trabajo y vida al mismo tiempo que para lograr los cambios estructurales que necesita el país.

Este ambiente social va en contravía de las encuestas, denota un acelerado desprestigio del gobierno y el mayor conocimiento de las reformas y los cambios estructurales que requiere Colombia, con visión de lo social al servicio de las mayorías y del desarrollo sostenible y equitativo del país.

La crisis económica ha puesto de manifiesto con crudeza los factores esenciales que entraban el desarrollo y generan pobreza. Llamamos desde esta Cumbre a sumar esfuerzos para plantear iniciativas y acciones que pongan a pagar la crisis a sus causantes y a impedir que sus costos se descarguen sobre los sectores populares.

II- Nos ponemos de acuerdo y asumimos compromisos para:

Construir y aclimatar la paz con justicia social por la vía de la democracia y la equidad. Promover acciones y acuerdos humanitarios y escenarios hacia la solución política del conflicto armado interno y los conflictos sociales y políticos. Apoyar iniciativas como las de Colombianos y Colombianas por la Paz y otras que propenden por el diálogo por la paz y la democracia, y la búsqueda inmediata de un cese de hostilidades bilateral o simultáneo.

Asumir con más fuerzas la defensa del medio ambiente y persistir en la búsqueda de la soberanía alimentaria para defender la calidad de vida de todos los colombianos. Apoyar las exigencias de reparación integral a las víctimas, en particular el reclamo por más de ocho millones de hectáreas despojadas mediante la violencia por narcotraficantes, paramilitares y promotores de negocios legales e ilegales.

Rechazar la presencia de bases extranjeras y la entrega de las bases de las Fuerzas Armadas para operaciones del Comando Sur, que es un camino que escala el conflicto, lo internacionaliza, lesiona la soberanía y la necesidad de la unidad latinoamericana y de una nueva política concertada y multilateral de seguridad en la región.

Apoyar una agenda de lucha contra el narcotráfico que se aparte de la fracasada “guerra contra el narcotráfico” y privilegie un enfoque de salud y contra los carteles internacionales del tráfico y lavado, rechace la criminalización de los campesinos o de los adictos y consumidores, suspenda la erradicación forzada, las fumigaciones y la utilización de la estrategia antidroga como instrumento de seguridad continental.
Lucharemos por la generación de empleo digno, por el respecto a las libertades políticas y los derechos humanos defendiendo un plan económico y social de desarrollo democrático que no descargue los costos de la crisis en el pueblo.

Estos objetivos inaplazables nos llevan a pensar y actuar para fortalecer la unidad de acción social, popular y política, a fortalecer el tejido formado por todos los hilos sociales y políticos que surgen del esfuerzo histórico por el progreso y la democracia, por la libertad y la autodeterminación de nuestros pueblos.

Alzamos nuestra voz diciendo que estamos contra el referendo reeleccionista, contra la perpetuación del Presidente Uribe en el gobierno y ratificamos la urgencia de una gran convergencia progresista y democrática que permita elegir en el 2010 un gobierno de carácter democrático y popular, con un programa político, para los cambios de fondo que necesita el país.

III- Para el logro de los propósitos que nos unifican nos comprometemos a sacar adelante las siguientes acciones políticas y de movilización social:

Organizar y preparar acciones de protesta y paros cívicos regionales y locales en defensa de los intereses económicos y sociales de todos los sectores del pueblo.

Respaldar las movilizaciones convocadas para los próximos meses por el movimiento sindical, indígena y popular, en particular la Jornada Nacional de Lucha convocada por el magisterio agrupado en FECODE y los pensionados representados en la CPC el 26 de agosto; la Movilización Nacional contra las bases norteamericanas el 9 de septiembre y la Jornada Mundial, continental y nacional por el Trabajo Decente el 7 de octubre. La Cumbre compromete su respaldo y solidaridad con las luchas sociales que se libran en el país.

Respaldar el llamado de la Gran Coalición Democrática formulado en su Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas del 17 de abril en Bogotá para preparar un paro cívico nacional.

Unir esfuerzos para producir un vuelco en la política con una candidatura presidencial que proyecte soluciones de fondo a las angustias crecientes en las mayorías populares.
Sumar energías para lograr que el tratado sobre las bases militares norteamericanas en Colombia sea echado atrás y para ello realizar una jornada nacional de lucha el próximo 9 de septiembre.

Trabajar por afianzar y fortalecer la unidad de todos los pueblos de nuestra América que hoy siguen levantándose contra la tiranía y la opresión para triunfar como lo hicieron hace 200 años ante el imperio español.

Vamos con entusiasmo a realizar en todos los departamentos Cumbres o encuentros de Organizaciones sociales y políticas, para informar del desarrollo y decisiones de esta Cumbre nacional y asumir los compromisos con la movilización social y política.

Las conclusiones consensuadas a las que llegaron las Mesas Temáticas de trabajo en esta Cumbre forman parte de este pronunciamiento y nos comprometen en su desarrollo y ejecución. Ellas sintetizan los acuerdos y el ambiente unitario de esta Cumbre nacional.

Las conclusiones de la Cumbre Social y Política y su materialización honran la memoria del compañero Apecides Alvis Fernández, presidente de la CTC, quien murió en medio de nuestras deliberaciones cumpliendo con su compromiso unitario. Igualmente honramos la memoria de los dirigentes sindicales, sociales y políticos asesinados y desaparecidos por el autoritarismo del régimen colombiano.

Bogotá, agosto 23 de 2009.

Cumbre Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas

2009-08-16T07:23:00.000-07:00

Agosto 20 - 21 y 22
Universidad de La Salle
Bogotá, D.C.

CIRCULAR DE ORIENTACIONES

Reunidas las organizaciones sociales y políticas que integramos la Gran Coalición Democrática el 6 de agosto y teniendo en cuenta que la tarea más importante en este periodo es la realización exitosa de la Cumbre Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas del próximo 20, 21 y 22 de agosto y las departamentales que ya se vienen desarrollando; por tanto sugerimos nos colaboren con las siguientes orientaciones:

a. La sede nacional de Cumbre será Universidad de la Salle seccional del Barrio Chapinero carrera 5 No. 59ª-44 – Edificio Fundadores, durante los días 20,21 y 22 de agosto con iniciación el primer día a las 8 a.m. con las inscripciones en este lugar y comienzo de la programación a las 9 a.m.
b. Los delegados oficiales serán los que reporten con carta cada una de las organizaciones sociales y cuyos costos de transporte y estadía los financia cada organización.
c. Las jornadas de trabajo que se desarrollaran en dos plenarias y una jornada de trabajo en comisiones temáticas, nos llaman a asumir una actitud propositiva, de disciplina, de aportar con nuestras ideas y experiencias, de traer propuestas desde las regiones y sectores sociales y acoger las reglas de juego que aprobemos de manera conjunta.
d. Las organizaciones sociales que tengan ponencias deben inscribirlas al momento de las inscripciones y entregar una fotocopia del documento para ser relacionada para las comisiones en donde correspondan.
e. Al momento de la inscripción de cada uno de los participantes debe presentar cedula de ciudanía y carta de presentación de su organización y debe anotarse en la comisión en la cual va a participar. En la mesa de inscripción estará el listado de comisiones de trabajo numeradas para que reporte el número en la que se inscribirá.
f. Los debates en comisiones y plenarias tendrán unas normas de comportamiento que se asumirán y respetaran de manera colectiva; estamos llamando a los participantes a que su tiempo de intervención la ocupen mas en hacer propuestas que discursos repetitivos o fuera del tema en discusión.
g. Necesitamos que una vez termine el evento nacional, los delegados asistentes asuman los compromisos con seriedad para evitar que este evento sea uno más de los que se han realizado y de inmediato convoquemos nuevamente a la cumbre o encuentros departamentales para rendir un informe de las definiciones que hayamos adoptado y para ganar en compromisos con las organizaciones sociales de cada departamento y del país, sobre todo con las tareas de movilización que adoptemos.
h. Las comisiones de trabajo de la Cumbre Nacional tratarán estos temas:
 La conclusiones del Segundo Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas del 17 de abril en Bogotá
 Características de nuevo modelo económico y la crisis económica.
 Pobreza e ingresos dignos.
 Ilegalidad y política
 Defensa de lo público, estatal y de las empresas del Estado, recuperación del Estado democrático, División de poderes y reelección presidencial contra la cual desarrollaremos la abstención activa al referendo reeleccionista.
 Tierras, conflicto y narcotráfico.
 Paz, acuerdos humanitarios, negociación del conflicto y victimas.
 Agenda internacional: Comunidad suramericana de naciones y tratados de libre comercio, bases militares norteamericanas en Colombia.
 Impulso a la movilización social y política que nos ayude a preparar una acción de movilización grande en el segundo semestre del 2009 y cuyo carácter y duración lo determinara la ejecución del plan de trabajo con este fin.
i. La reunión de la Coordinación Nacional de la GCD se realizará el martes 18 de agosto a las 2:00 p.m. en la sede de la CTC con el único tema de distribuir nuestras responsabilidades en el desarrollo de la Cumbre Nacional.
j. Insistimos en la necesidad que cada organización social que hace parte de la GCD, haga su aporte económico como lo hemos acordado mínimo de $50.000 y de acuerdo a sus condiciones económicas, reportándolo a la tesorería de la CUT Nacional, como se oriento en la circular del 5 de junio de 2009.

Finalmente aspiramos que al 15 de agosto con la ayuda de ustedes hayamos podido desarrollar el mayor número de cumbre o encuentros de organizaciones sociales y políticas en cada departamento y nombrado el mayor número de delegados para participar en el evento nacional en Bogotá.

Fraternalmente.
COORDINACIÓN NACIONAL

TARSICIO RIVERA MUÑOZ
EJECUTIVO CUT NACIONAL – PDA

De la parapolítica a la farcpolítica

2009-07-29T03:40:00.000-07:00

Por HORACIO SERPA
Diario El Nuevo Siglo, julio 29 de 2009.

La farcpolítica se está aclarando. Y no se está logrando en las salas de redacción de los medios, ni en los corrillos del Congreso, ni en los cafetines de pueblo. Lo está haciendo en la Corte Suprema de Justicia, que está precluyendo los procesos abiertos contra importantes dirigentes políticos de izquierda democrática, luego de que fueran denunciados de ser aliados del terrorismo.

Las denuncias nacieron de la creatividad de los investigadores oficiales que creyeron encontrar las pruebas contundentes contra los acusados en el mágico computador de Raúl Reyes, el otrora canciller de las Farc. La acción de combate en la que murió le ha costado a Colombia el rompimiento de las relaciones políticas y comerciales con el vecino del sur. Un encono que no se ha sanado y que mantiene a los productos colombianos muy lejos de los consumidores ecuatorianos y a nuestros industriales en un ataque de nervios.

De ese computador, del que han salido toda clase de acusaciones, surgieron las supuestas pruebas que calificaban a los senadores Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y Jaime Dussán; al representante a la Cámara Wilson Borja, al periodista y director de Voz, Carlos Lozano, y al exministro Álvaro Leyva como aliados de las Farc, una acusación que muchos creyeron poder convertir en un gran escándalo que opacaría la parapolítica, en la que se han visto envueltos 80 parlamentarios oficialistas.

La farcpolítica permitiría, según los enemigos de la izquierda democrática, demostrar que esa organización guerrillera, había comprado la conciencia de los dirigentes de la oposición, lo que derrumbaría la moral de quienes creemos que la parapolítica ha sido un crimen de lesa humanidad que para consumarse les costó la vida a miles de compatriotas.

La parapolítica es una de las más lesivas expresiones de la degradación del conflicto armado, porque surgió de una alianza criminal de políticos, comerciantes, terratenientes y algunos militares con grupos armados de extrema derecha financiados por el narcotráfico para tomarse el poder a costa de la vida de miles de personas, a quienes les arrebataron sus propiedades y convirtieron en estadísticas de horror. La Fiscalía ha denunciado que tan solo 600 paramilitares reconocieron haber cometido 21 mil asesinatos. La cifra de víctimas es incalculable.

Ninguno de los acusados renunció a su fuero, como lo hicieron la mayoría de los implicados en la parapolítica. Las decisiones de la Corte dejaron sin piso las toneladas de especulaciones contra los absueltos. Pero faltan más personas por liberarse del estigma de aliados del terrorismo. Falta Piedad Córdoba, quien ha entregado su vida a la causa de la reconciliación y se ha erguido como una luchadora incansable por el acuerdo humanitario y la liberación de los secuestrados. Y Wilson Borja, a quien los demócratas reconocemos como un hombre de principios que se le ha plantado a la extrema derecha, a la que sobrevivió milagrosamente después de que ordenaran su ejecución.

Álvaro Leyva y Carlos Lozano, otros dos absueltos en caso de la 'farcpolítica'

2009-07-25T10:04:00.000-07:00

Foto: EL TIEMPO. Álvaro Leyva (izq.), ex comisionado y Carlos Lozano (der.), director de Voz.

Bogotá, D.C., tomado del periódico El Tiempo, julio 25 de 2009. La Fiscalía constató que figuraban en los archivos de 'Raúl Reyes' como "impulsores de procesos de reconciliación y como gestores de acciones humanitarias avaladas por el Gobierno Nacional".

La Fiscalía se abstuvo de ordenar las capturas del ex ministro Leyva y al periodista Lozano, director del semanario Voz, y les precluyó definitivamente la investigación.
La Corte Suprema de Justicia ya se había abstenido de procesar por el mismo caso a la congresista Gloria Inés Ramírez.

En el caso de Leyva, la Fiscalía tuvo en cuenta las declaraciones de los ex presidentes Belisario Betancur, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, quienes aseguraron que "estaba plenamente autorizado por el Gobierno para adelantar procesos de paz".

Para la Fiscalía, "los testimonios merecen toda credibilidad y desdibujan cualquier posibilidad de dolo en sus encuentros con las Farc". Agrega el fiscal del caso que Leyva reconoció públicamente esos encuentros, no solo con 'Reyes', sino con otros jefes del secretariado en busca de la liberación de secuestrados.

Las mismas gestiones públicas las reconoce la Fiscalía en el caso del periodista Carlos Lozano, quien hace parte del grupo de Colombianos y Colombianas por la Paz.

"La Fiscalía hizo la indagación que tenía que hacer y resolvió con un fallo judicial, que es el desmoronamiento de la 'farcpolítica'. Sale a flote que las gestiones que hice eran humanitarias y altruistas por la paz del país, y no como un hombre vinculado a las Farc", aseguró Lozano.

AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL PLAN CENTRO

2009-07-23T11:54:00.000-07:00

Sábado 1º de agosto de 2009
Iglesia las Cruces, cra. 7 calle 2 D.

2:00 P.M.

La alcaldía Local de Santa Fé
y la Veeduría Ciudadana para el Plan Centro, de Bogotá, D.C.

INVITAN

A los residentes de la UPZ Las Cruces y San Bernardo a participar en la AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL PLAN CENTRO.

Con la participación del IDU, Empresa de Renovación Urbana, Hábitat, Planeación Distrital y Secretaría de Gobierno.

¡En Defensa del Territorio y sus habitantes!

Gloria Inés Ramírez califica de "montaje" investigación que se le seguía

2009-07-16T04:05:00.000-07:00

La senadora del Polo Democrático no será indagada por sus presuntos vínculos con las Farc.
Tomado de El Espectador, Bogotá, D.C., 15 de julio de 2009.

Archivan investigación por Farcpolítica contra Gloria Inés Ramírez

"En el día de hoy (miércoles), en compañía de mi apoderado, el doctor Jorge Arenas, me notifiqué del Auto Inhibitorio proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para resolver la solicitud de investigación hecha por la Fiscalía General de la Nación por supuestos vínculos míos con las Farc. En la parte resolutiva la Corte decide “Inhibirse de abrir investigación por cuanto la conducta imputada no ha existido”".

De acuerdo con la congresista, la decisión del alto tribunal "seguramente erizará de rabia a los que hicieron el montaje del proceso, pero que nos reconforta a todos lo demócratas del país que siempre confiamos en que en la Corte Suprema de Justicia se impondría la verdad sobre las maquinaciones gubernamentales y que nuestra inocencia sería reconocida".

La senadora del Polo Democrático dijo que hay una persecución a la oposición, especialmente a su colectividad.

Este es el comunicado de la congresista:

En el día de hoy, en compañía de mi apoderado, el doctor Jorge Arenas, me notifiqué del Auto Inhibitorio proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para resolver la solicitud de investigación hecha por la Fiscalía General de la Nación por supuestos vínculos míos con las FARC. En la parte resolutiva la Corte decide “Inhibirse de abrir investigación por cuanto la conducta imputada no ha existido” (las negrillas son del original).

Se trata de una decisión que seguramente erizará de rabia a los que hicieron el montaje del proceso, pero que nos reconforta a todos lo demócratas del país que siempre confiamos en que en la Corte Suprema de Justicia se impondría la verdad sobre las maquinaciones gubernamentales y que nuestra inocencia sería reconocida.

Desde el comienzo mismo del proceso denunciamos la manera arbitraria como nuestro nombre había sido seleccionado entre los centenares de personas que aparecen en los supuestos computadores de “Raúl Reyes” con el claro fin de perseguir a la oposición, afirmamos nuestra total inocencia y expresamos nuestra confianza en la Corte Suprema de Justicia.

Las reiteradas sindicaciones del Presidente de la República contra la oposición y, particularmente contra el Polo Democrático Alternativo, las declaraciones de los entonces ministros de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y de Defensa, Juan Manuel Santos, que nos condenaban por anticipado, los improperios de algunos columnistas de prensa serviles al régimen y toda la campaña de infamias urdida por quienes pretenden ocultar su responsabilidad en la “parapolítica” fabricando la llamada “farcpolítica”, han sido lanzadas a donde deben estar: el basurero de la historia.

Este hecho pone de manifiesto cómo es de importante para el país que se garantice la plena autonomía de la justicia, de manera que sea prenda de garantía para los ciudadanos, y nos convoca a continuar la lucha contra las pretensiones del régimen uribista de copar los distintos poderes del Estado para ponerlos al servicio de sus oscuros intereses.

Tenemos la certeza de que la Senadora Piedad Córdoba y el Representante a la Cámara Wilson Borja, víctimas de similares montajes, también demostrarán su inocencia, y que los procesos que cursan en la Fiscalía General de la Nación contra el periodista Carlos Lozano y otras personalidades democráticas y de izquierda, terminarán derrumbándose por su incuestionable inocencia de los hechos que se les imputan.

Nos resta esperar que la Procuraduría General de la Nación obre en consecuencia y archive los procesos disciplinarios abiertos contra mi, contra los senadores Piedad Córdoba y Jorge Enrique Robledo, contra el Representante Wilson Borja y contra el Concejal de Bogotá, Jaime Caicedo Turriago, porque el único “delito” que han cometido es el de hacerle oposición a un régimen que cada día demuestra con mayores evidencias que es una vergüenza para país.

En vista de los graves perjuicios que me han ocasionado estas falsas imputaciones, interpondré las acciones legales del caso para pedir el resarcimiento de los daños morales y materiales.

Muchas gracias al Partido Comunista Colombiano, al Polo Democrático Alternativo y a las demás organizaciones políticas y sociales, tanto nacionales como internacionales, lo mismo que a los demócratas de nuestro país que siempre nos acompañaron con su respaldo. Este no es un triunfo personal sino una victoria de la democracia colombiana que en medio de las acechanzas de la ultraderecha es capaz de luchar y vencer.

Falsas, las supuestas investigaciones del Procurador Ordóñez

2009-06-12T16:33:00.000-07:00

Congresista Wilson Borja desmiente afirmaciones del Ministerio Público.

Bogotá, junio 11 de 2009. “Excepto el proceso que desde noviembre del año pasado ordenó abrir el ex Procurador General Eduardo Maya Villazón, hasta ahora no existe ninguna actuación del actual titular de esa entidad”, afirmó el representante a la Cámara, Wilson Alfonso Borja Díaz al término de una visita suya a las dependencias de esa entidad ésta mañana, precisando que la Procuraduría tiene competencia para abrir procesos disciplinarios contra los parlamentarios, mas no en lo penal.

“Durante los últimos meses lo único que el Ministerio Público ha hecho es acudir a la Corte Suprema de Justicia con el fin de verificar los avances del proceso”, agregó el congresista del Polo Democrático Alternativo al contradecir las declaraciones del Procurador Alejandro Ordóñez, quien ayer dio la supuesta primicia de apertura de investigaciones contra Wilson Borja, los senadores Gloria Inés Ramírez y Jorge Enrique Robledo, así como contra el concejal Jaime Caycedo, todos exponentes del PDA.

En su opinión, queda claro que “la posición del actual Procurador es la de enredar, al lado del Gobierno, todo el ambiente político contra la oposición para generar el caos en la lucha que se está librando por la verdad, la justicia y la reparación: mayores mecanismos de presión contra la Corte Suprema de Justicia”, concluyó el congresista que la noche anterior protagonizó un acalorado debate con el Fiscal General Mario Iguarán en plenaria de esa corporación por el tema de los fantásticos computadores de Reyes, el abatido cabecilla guerrillero.

La visita de Wilson Borja a la Procuraduría fue realizada poco después de acudir ante la Fiscalía General de la Nación con el propósito de conocer sus derechos en su condición de “Víctima de las chuzadas”, petición que le fue resuelta favorablemente por ese organismo a solicitud propia tras el escándalo suscitado por las actuaciones del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, organismo adscrito de manera directa a la Presidencia de la República.

Prensa.
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57 1 3823506 – 3823507 – 3823512

Me la juego por el Polo

2009-05-29T06:31:00.000-07:00

Wilson Borja y la declinación de su postulación a Cámara de Representantes

Por Pabloé.

Cuando a mediados de 2001 el entonces presidente de Fenaltrase postuló su nombre para Cámara de Representantes por Bogotá, no encontró objeción alguna. El camino estaba despejado. Las distintas fuerzas que confluían en el Frente Social y Político, organización política creada poco antes a iniciativa de la Central Unitaria de Trabajadores, apoyaron su candidatura al unísono, empezando por su partido, el Partido Comunista, colectividad que hacía una década había perdido esa curul. Su último representante fue Manuel Cepeda. Reto mayúsculo el que se impuso Wilson Alfonso Borja Díaz.

Al fin y al cabo, se trataba de un costeño compitiendo por la representación cachaca de la izquierda. Y si bien hacía rato se había residenciado en el Distrito Capital, los temas de la ciudad no eran propiamente los que trajinaba. Sus preocupaciones eran nacionales. Por andar en esas, el 15 de diciembre de 2000 perdió diez centímetros de su pierna derecha como resultado del atentado perpetrado a la salida de su apartamento por emisarios del entonces líder máximo de los paramilitares Carlos Castaño, a solicitud de los militares y con participación de estos y de unidades de la policía, en hechos en los que sus dos escoltas también resultaron heridos y murieron una vendedora de tintos y uno de sus agresores. Entre los uniformados encontrados culpables y condenados por la justicia se encuentran mayores, capitanes, tenientes, subtenientes y sargentos del ejército y de la policía.

Con Borja Díaz convaleciente en Cuba, y con importantes limitaciones de locomoción tras su regreso al país, parecían pocas las probabilidades de su candidatura. La sorpresa fue cuando se alzó con la tercera votación más alta de la ciudad, colocando al FSP en situación bastante favorable.

Y demostró tantas garras para el ejercicio parlamentario que recibió el beneplácito de sus electores para repetir curul, ahora bajo la tutela del Polo Democrático Alternativo. Solo que hoy Wilson Borja se impone nuevos retos. Tomó la decisión de retirarse de Cámara, pero no de la actividad política partidaria: “De acuerdo al artículo 36 de la Ley 100, yo tengo derecho a pensionarme por reunir las dos condiciones: más de 15 años de trabajo y más de 40 años de edad cuando esa ley comenzó a regir. De pensionarme podría aspirar, si es posible, a instancias diferentes al Congreso de la República como las alcaldías de Bogotá, Cartagena, Barranquilla o incluso la de Colosó, Sucre, donde también me crié. Pueden presentarse otros escenarios: ir al Concejo de Bogotá, contribuir en alguna instancia de la alcaldía de Samuel Moreno u otra administración del Polo, irme a organizar el Polo Democrático como partido… Si no me pudiera pensionar por las trabas de estos gobiernos, mi decisión es ir al Senado de la República.”

–¿Se trata de una decisión nueva?
–No. Desde hace más de un año se lo planteé así al Partido Comunista. Lo que estoy buscando es una práctica política: nosotros hemos llevado alcaldes y otra serie de personajes a administraciones importantes, el asunto es ¿por qué no podemos aspirar nosotros mismos? En mi opinión, para llegar a la Presidencia de la República el Polo no necesita tener mayorías en el Congreso de la República. Sin embargo, para avanzar hacia allá el Polo debería duplicar su bancada de senadores. Mi nombre a nivel nacional podría jugar en esa dirección.

Al Polo le queda más fácil hacer campaña al Senado que las campañas regionales de Cámara. Hay una verdad política: tenemos 12 ó 13 departamentos que solo eligen dos representantes a la Cámara, y es muy difícil que el Polo le gane al gamonalismo en esas regiones, la media Colombia. Luego vienen 8 – 9 departamentos que eligen entre tres y seis representantes a la Cámara: pues ahí también es difícil. ¿Dónde puede jugar el Polo Democrático para Cámara? En aquellos departamentos que tienen entre 7 y 18 curules.

El Polo debe realizar esfuerzos por aumentar el número de sus senadores. Si no me pensiono, iría al Senado para contribuir en esa causa. Otro elemento me lleva a declinar mis aspiraciones a Cámara: el hecho de tener que sacrificar mi hogar y que mi mujer tuviera que renunciar a su puesto en una entidad del Distrito donde lleva laborando alrededor de seis años.

Y no tengo ninguna discusión de fondo con el Partido. Tengo diferencias adjetivas frente al análisis de situaciones políticas particulares. Por ejemplo, creo que fue equivocado que el Polo en términos generales, y el Partido Comunista entre sus fuerzas, durante el pasado congreso se involucrara en un debate alrededor de la táctica electoral cuando lo que había qué discutir era el proyecto político que queremos construir como colectividad política. Lo otro son divergencias frente a las costumbres de hacer política en nuestro medio. El hecho de que uno asuma posiciones acarrea riesgos que lo tilden de socialdemócrata, “chatarra”, etc., etc.

–El Partido Comunista realizó la consulta interna para designar candidato a Cámara de Representantes en Bogotá, mientras optó por retomar la figura del centralismo democrático para respaldar el nombre de Gloria Inés Ramírez a senado. ¿Lo afecta esa decisión?
–Los compañeros estaban a la espera de mi decisión, la cual había tomado desde el año pasado. Insistí en que no quería participar, y que si me tocaba ir al Congreso no volvería a la Cámara de Representantes. Y el Partido tenía que tomar la decisión de realizar la consulta aquí.

Otra discusión que podríamos tener era definir quién iba al Senado. Hace tres años, me plantearon que si yo quería ir al Senado y respondí que no, que creía que era posible que el Partido tuviera Senador y Representante a la vez; nos la jugamos por ello y avanzamos como colectividad. Apoyamos a Gloria Inés con alma, vida y sombrero, como también lo hice al Concejo de Bogotá con el camarada Jaime Caicedo, tanto en lo financiero como en lo organizativo de las campañas. Ahora tendríamos que hacer esfuerzos significativos para reemplazarme a mí en la Cámara de representantes.

El Partido Comunista todavía enfrenta dificultades para asumir posiciones más abiertas. Existen alternativas más prácticas de resolver tensiones, distintas al manejo de las estructuras. Creo que el Partido tiene que asumir sus posiciones y uno, si no está de acuerdo, pues plantearlo como lo he hecho yo.

–¿En qué condiciones queda ud. al interior del Partido Comunista?
–He sido muy responsable con mi actividad y en mis relaciones con el Partido Comunista, a diferencia de otros que se han ido, han asumido otras posiciones y no ha pasado nada. Nunca he asumido posiciones en su contra. No es mi interés competir ni tener enfrentamientos con el Partido.

–La dirección del Partido manifestó temores de apostarle a dos listas para Senado.
–Y creo que tiene toda la razón. El Partido no tiene una fuerza que le permita esos lujos. Otra cosa es el voto de opinión hacia mí y las posibilidades que tengo de jugármela por una curul al Senado sin contar con el electorado propio del Partido Comunista. Si tomo la decisión de lanzarme al Senado, le pediría a la militancia que vote por Gloria Inés Ramírez que es la candidata oficial del Partido.

–Es una de las ventajas que ofrece el Polo, entendido como un escenario que brinda grandes posibilidades de trabajo y desarrollo para sus militantes todos, indistintamente de la fuerza a la cual se encuentre matriculado, si lo está. Allí, además, todo está por construir como proyecto partidario.
–Eso es de lo más importante. Allí es donde todos debemos jugar, pero con decisiones, sin ambigüedades. Las ambigüedades no son sólo aquellas de quienes le coquetean a la derecha. Las ambigüedades también se dan cuando ud. no está dispuesto a apostarle al proyecto político. Yo estoy dispuesto a jugarle al proyecto político Polo Democrático Alternativo, pase lo que pase.

–¿Cómo ve la candidatura de Carlos Lozano a la Cámara de Representantes por Bogotá?
–Aspiro que le vaya bien, y en lo que haya que colaborar, contribuiremos. Pero no basta con ser la persona, también se necesita ser candidato. Ser candidato tiene sus peculiaridades. Carlos en ese sentido tiene sus falencias, como las tenía el mismo Jaime Caycedo cuando postulamos su nombre al Concejo, pero lo hicimos concejal y está haciendo sus pinitos y acumulando la experiencia de lo que eso significa realmente, más allá de la estructura partidaria.

Lo otro es el conocimiento que tengan las organizaciones sociales de ese candidato. No es lo mismo ser conocido por la militancia del Partido o ser conocido por los medios de prensa que tener un reconocimiento social en sus organizaciones, en los barrios, en los lugares de trabajo o estudio, etc., que es donde hay que jugar. Lo importante es que eso se puede superar asumiendo una campaña muy activa, moderna e imaginativa, donde tiene dificultades el Partido Comunista. Son falencias corregibles, si hay la disposición para ello.

FORO DESARROLLO REGIONAL COLOMBIANO

2009-05-28T06:08:00.000-07:00

Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ACCE
Miembro del Colegio Máximo de las Academias Colombianas

25 años de existencia

FORO DESARROLLO REGIONAL COLOMBIANO

Lunes 1 de junio

8:00 – 8:15 p.m.
INSTALACIÓN Y MODERACIÓN MANUEL RAMÍREZ GÓMEZ
Presidente de la ACCE

8:15 – 9:15 a.m.
VALLE DEL CAUCA
Preguntas y comentarios puntuales CARLOS ORTIZ QUEVEDO
Decano Facultad de Ciencias Económicas

JOSÉ IGNACIO URIBE
Profesor Facultad de Ciencias Económicas
UNIVERSIDAD DEL VALLE

9:15 – 10:15 a.m.
ANTIOQUIA Y CHOCÓ
Preguntas y comentarios puntuales JUAN ESTEBAN VÉLEZ
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Refrigerio 10:15 – 10:45 a.m.

10:45 - 11:45 a.m.
IMPACTO REGIONAL DE LA VIOLENCIA

Preguntas y comentarios puntuales CLEMENTE FORERO PINEDA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ALMUERZO LIBRE

MODERACIÓN JULIO SILVA COLMENARES
Primer Vicepresidente de la ACCE

2:00 – 3:00 p.m.
COSTA CARIBE
Preguntas y comentarios puntuales ADOLFO MEISEL
Gerente
BANCO DE LA REPÚBLICA DE CARTAGENA

3:00 – 4:00 p.m.
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS
Y PROVIDENCIA
Preguntas y comentarios puntuales ERNESTO MANCERA PINEDA
Director de la Sede de la
UNIVERSIDAD NACIONAL

Refrigerio 4:00 – 4:30 p.m.

4:30 – 5:30 p.m.
SANTANDERES Y ARAUCA
Preguntas y comentarios puntuales AMADO GUERRERO
Director del Grupo de Investigaciones en Desarrollo Regional de la Escuela de Economía.
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Martes 2 de junio

MODERACIÓN ABSALÓN MACHADO
Tesorero de la ACCE

8:00 – 9:00 a.m.
EJE CAFETERO
Preguntas y comentarios puntuales CÉSAR VALLEJO
Codirector
BANCO DE LA REPÚBLICA

9:00 – 10:00 a.m.
AMAZONIA
Preguntas y comentarios puntuales GERMÁN PALACIO CASTAÑEDA
Profesor
Sede de la UNIVERSIDAD NACIONAL

Refrigerio 10:00 – 10:30 a.m.

11:30 – 11:30 a.m.
LLANOS ORIENTALES
Preguntas y comentarios puntuales ALBERTO BAQUERO
Director de Planeación
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

ALMUERZO LIBRE

MODERACIÓN ÉDGAR REVÉIZ ROLDAN
Canciller de la ACCE

2:00 – 3:00 p.m.
HUILA- CAQUETÁ
Preguntas y comentarios puntuales RICARDO MOSQUERA MESA
UNIVERSIDAD SUR COLOMBIANA

3:00 –
4:00 p.m.
TOLIMA
Preguntas y comentarios puntuales JORGE HUMBERTO RENZA
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Refrigerio 4:30 – 5:00 p.m.

5:00 – 6:00 p.m.
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
Preguntas y comentarios puntuales JORGE IVÁN BULA
Decano Facultad de Ciencias Económicas
UNIVERSIDAD NACIONAL

JORGE IVÁN GONZÁLEZ
Director del Centro de Investigaciones
para el Desarrollo CID
UNIVERSIDAD NACIONAL

Lugar: Biblioteca Luis Ángel Arango. Calle 11 No.4-14
Fecha: 1 y 2 de junio de 2009
Cupo limitado, inscripción gratuita, secreperpetuo@acceconomicas.org.co Teléfonos 2459420, 2858686.

La desinstitucionalización del país

2009-05-14T06:34:00.000-07:00

Intervención en Comisión Tercera de Cámara con motivo de la ausencia del ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancur, durante la sesión del 13 de mayo de 2009.

No creo en Álvaro Uribe Vélez, nunca le he creído ni creeré en él, y no descansaré hasta que lo vea en la cárcel. Sé que la oscura noche se abrirá y saldrá el sol. Lo que está pasando en el país es sumamente grave: toda la institucionalidad colombiana se está perdiendo, para desgracia de todos y todas. Toda la institucionalidad colombiana perdiéndose con el beneplácito y la aceptación de este Congreso de la República. Toda la institucionalidad que se rompe.

Basta ver lo de ayer ese adefesio de acto legislativo de dosis mínima, que no tiene nada que ver con los seres humanos, es en contra de los seres humanos. Basta ver hoy la noticia de esta mañana: 200 millones de pesos dizque para buscar la persona que suministre información sobre las “chuzadas”. ¡Por Dios, a qué jugamos! Hablamos del DAS, una entidad que depende directamente del Presidente de la República. Ahora dicen que tienen que buscar los “Montesinos” entre el resto de los 44 millones de colombianos, diferentes a los que laboran aquí no más en el edificio vecino, el Palacio de Nariño. ¡Qué tal eso!

Comparto la molestia por los desplantes del equipo de Gobierno. Aquí no vino el ministro de Defensa ni hemos podido hacer el debate sobre las Chuzadas aplazado dizque para el 10 de junio. Hoy son uds., los uribistas, los que le han huido al debate cuando lo planteamos en plenaria. Cuando lo que está en juego es la democracia de este país, independientemente de nuestras posiciones políticas.

Se está destruyendo la institucionalidad nacional. Y ayer se ocultaban detrás de lo que dicen las leyes que nosotros aprobamos sobre las zonas francas, a propósito de los negocios poco transparentes y vergonzantes de los hijos del Presidente.

Por lo menos cuatro ministros desacatan citaciones de control político de esta corporación. Al menos el ministro de Agricultura se excusa diciendo que se fue para el extranjero y envía dos funcionarios. Pero los otros tres ministros ni siquiera se han excusado, cuando llevamos más de dos meses de discusiones en esta comisión.

Quienes están perdiendo no son el señor Uribe y demás. Miren lo que dicen las encuestas, a las cuales ya les aparecieron accionistas dentro del equipo de gobierno, según algún medio de comunicación: nosotros aparecemos al final de los medidores de credibilidad y confianza de la gente. Aparecemos al final de las encuestas porque somos el elemento que hemos permitido que la legitimidad de esta Nación se pierda y se desbarate.

Llamo la atención de ello: hay un mal que está atravesando este país, y vamos a quedar en peor circunstancia de lo que fue el estado mafioso que todavía permanece. Miren lo del departamento de Córdoba que entre otras cosas se está quedando sin representación en el Congreso por cuenta de la parapolítica: ayer asesinaron a otra fiscal. Permanentemente se registran muertos y masacres en Córdoba. En la vecindad de la haciendo, porque no es una finca, es una hacienda de 2.000 hectáreas de propiedad del Presidente de la República.

Pero ayer también registró la prensa el clamor de los nueve principales alcaldes del país, incluyendo el de mi partido, Samuel Moreno Rojas en Bogotá, pidiendo que haya seguridad en las capitales y ciudades. Porque las tienen tomadas las llamadas “águilas negras”, “bandas emergentes” e incluso se atreven a utilizar los nombres de Galán o de Gaitán para denominar esos grupos de matar y asesinar. Y este Congreso no se inmuta. Más bien se muestra proclive a aprobar iniciativas que continúan en la senda de la desinstitucionalización del país.

Declaración de prensa: delegación de Justicia por Colombia

2009-04-08T14:24:00.000-07:00

Al culminar su Misión de una semana en Colombia, los brigadistas -parlamentarios británicos y sindicalistas de origen británico, estadounidense y canadiense-, emitieron un duro pronunciamiento que compromete al gobierno y las fuerzas militares colombianas por su responsabilidad en la guerra de exterminio contra las fuerzas democráticas y alternativas del país. En su informe final, la organización humanitaria JUSTICE FOR COLOMBIA recomendará la suspensión de todo tipo de ayuda militar y política hacia Colombia, así como la suspensión de todo tipo de Tratado de Libre Comercio con Colombia.

Entre los parlamentarios visitantes que suscribieron el comunicado después de reunirse con el Primer Mandatario de los colombianos, Álvaro Uribe Vélez, se encontraba Peter Kilfoyle, del Partido Laborista, y ex Ministro de Defensa de Gran Bretaña.

El documento anexo fue leído en rueda de prensa celebrada la mañana de hoy en el Salón Constitución del Congreso de la República por la señora Sandra Osborne, diputada Laborista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. El siguiente, el texto del trascendental documento:

Somos una delegación de parlamentarios británicos, y sindicalistas norteamericanos, canadienses y británicos. Hemos pasado siete días aquí en Colombia, juntando información sobre los abusos de derechos humanos y derechos laborales. Nos hemos reunido con un amplio abanico de la sociedad colombiana, cubriendo intereses cívicos, políticos, jurídicos y militares, incluyendo sindicatos, estudiantes, profesores, indígenas, campesinos, abogados sindicales, defensores de derechos humanos, y con los retenidos liberados de las FARC. Hemos viajado al departamento de Arauca para escuchar los testimonios de comunidades e individuos afectados por el conflicto en esa región Visitamos la cárcel Buen Pastor y hablamos con las mujeres presas políticas encarceladas allí. También nos reunimos con Martín Sandoval, encarcelado injustamente en Arauca. Tuvimos oportunidad de hablar también con altos representantes del gobierno de Álvaro Uribe, y con el Presidente mismo. Estamos agradecidos a todos los individuos y grupos que tan generosamente nos entregaron su tiempo.

Estamos en estado shock por lo que hemos oído, y no tenemos dudas, dadas las evidencias recibidas, de que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe, y la fuerza pública son cómplices de abusos de derechos humanos. Además, estamos convencidos que las actividades asesinas de los paramilitares son aprobadas y activamente apoyadas por el gobierno y el Ejército. Estos crímenes son agravados por la impunidad de la cual gozan los que cometieron estos delitos, y la falla del sistema judicial para procesar a los criminales y a los que dieron las órdenes.

En vez de encarcelar los verdaderos criminales, el gobierno ha encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición política, y a defensores de derechos humanos como Martín Sandoval. Llamamos por su liberación inmediata, y por la liberación inmediata de otros prisioneros políticos y sindicalistas.

Al regresar al Reino Unido y a Norte América estaremos llamando por la inmediata terminación de todo apoyo militar y político al gobierno colombiano. La no aprobación de cualquier Tratado de Libre Comercio hasta que los derechos humanos y laborales sean respetados de una manera internacionalmente verificable. Exponer públicamente la complicidad de empresas multinacionales en las violaciones de derechos humanos y laborales. Acabar de inmediato con la criminalización de la oposición democrática y legítima, incluyendo a Senadora Piedad Córdoba, Senadora Gloria Ramírez, Representante Wilson Borja y el Doctor Carlos Lozanos, entre otros. Apoyar el diálogo, un proceso de paz, y un intercambio humanitario. El cese de las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos perpetrados por el Ejército colombiano.

Un informe completo de nuestras investigaciones y recomendaciones será publicado en el cercano futuro.

Miércoles 8 de abril de 2009.

Firmas adjuntas.

Katherine Craig: Abogada de Derechos Humanos. Viajó a Colombia con la Caravana de abogados en Agosto del 2008.
Ian Davidson: Parlamentario Británico del Partido Laborista.
Jeremy Dear: Secretario General del sindicato ‘La Unión Nacional de Periodistas’ (NUJ) – el cual representa 32,000 periodistas, también es el Presidente de ‘Justice for Colombia’ y miembro del Ejecutivo de la TUC y del Consejo General de la TUC.
David Drever: Presidente del sindicato educativo, el ‘Instituto Educativo de Escocia’ (EIS) el cual representa 60,000 maestros en Escocia.
Simon Dubbins: Director del Departamento de Relaciones Internaciones del sindicato ‘Unite the Union’ el cual representa 2,100,000 afiliados in varios sectores, también es miembro del Ejecutivo del TUC Europeo y Presidente del sector grafico de la UNI (federación internacional).
Samuel Gurney: oficial del Departamento Internacional de la TUC, con responsabilidad para Colombia y otros países, también es miembro del consejo de administración de la OIT.
Sally Hunt: Secretaria General del sindicato de educación, ‘La Unión de Universidad y Colegios’ (UCU), el cual representa 118,000 profesores universitarios, también es miembro del Comité Ejecutivo de Justice for Colombia y del Ejecutivo y Consejo General de la TUC donde es la vocero sobre asuntos internacionales.
Peter Kilfoyle: Parlamentario Británico del Partido Laborista, anteriormente fue Ministro de Defensa.
Adam Lee: Oficial del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores de Estados Unidos y Canadá.
Andy Love: Parlamentario Británico del Partido Laborista.
James McGovern: Parlamentario Británico del Partido Laborista.
Karie Murphy: Asistente Parlamentaria.
John O’Neill: Abogado de la empresa más grande de abogados laboralistas en Gran Bretaña ‘Thompsons Solicitors’.
Sandra Osborne: Parlamentaria Británica del Partido Laborista, Miembro de la Comisión Parlamentaria de Asuntos en el Exterior.
Stephanie Peacock: Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista.
Frederick Redmond: Vice Presidente Internacional del sindicato United Steelworkers (USW), el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá, también es miembro del Consejo Ejecutivo del AFL-CIO.
Mark Rowlinson: Fiscal del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá.
Michael Shaw: Presidente del sindicato de Bomberos británicos(FBU) el cual representa 45,000 afiliados bomberos.
James Sheridan: Parlamentario Británico del Partido Laborista.
Carol Wilson: Asistente Parlamentaria
Anthony Woodhouse: Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato ‘Unite the Union’, el cual representa 2,100,000 afiliados de varios sectores.

Delegación británica, impactada por verificación de estado de derechos humanos en Colombia.

2009-04-07T12:40:00.000-07:00

Declaración de delegación de Parlamentarios Británicos y de Sindicalistas Estadounidenses, Canadienses y Británicos.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Somos una delegación de Parlamentarios Británicos y de Sindicalistas estadounidenses, canadienses y británicos.

Hemos pasado este día aquí en Arauca, oriente de Colombia, escuchando los testimonios de las víctimas de horrorosos abusos de derechos humanos.

Hemos oído de padres, madres, hermanos e hijos asesinados, de familias desplazadas, de campesinos inocentes asesinados y disfrazados de guerrilleros, de sindicalistas amenazados, intimidados y asesinados.

Estamos en un estado de shock por lo que hemos oído, y no tenemos dudas, dado la evidencia, de que el gobierno de Álvaro Uribe y las fuerzas de seguridad son cómplices en estos crímenes de lesa humanidad. Además, estamos convencidos que las actividades asesinas de las fuerzas paramilitares son aprobadas y activamente apoyados por el gobierno y las fuerzas del Estado.

Estos crímenes son agravados por la impunidad de la cual gozan los que cometieron estos crímenes, y por la falta del sistema judicial en procesar a los criminales y a los que dieron las órdenes.

En vez de encarcelar a los verdaderos criminales, el gobierno ha encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición política y defensores de Derechos Humanos como Martín Sandoval, a quien varios de nosotros tuvimos la oportunidad de visitar hoy. Clamamos por su inmediata liberación y la de los demás prisioneros políticos y sindicalistas.

Al regresar al Reino Unido y a Norteamérica estaremos llamando para que haya un inmediato fin al apoyo militar y político a Colombia. Para que no haya ningún Tratado de Libre Comercio con Colombia hasta que los derechos humanos y derechos laborales sean respetados de una manera internacionalmente verificable. Para que sea pública la complicidad de las multinacionales, como la Occidental Petroleum Cómpany, en las violaciones de derechos humanos y laborales en Colombia. Para el fin inmediato a la criminalización de la oposición democrática y legítima, y a las ejecuciones extrajudiciales.

Anexo firmas

Domingo 04 de abril de 2009

Final List of Delegates

1. Ian Davidson MP: Member of Parlament for Glasgow; 2. Jeremy Dear: General Secretary of the Nacional Union of jaurnalist (NUJ) which represents 32.000 journalist, also chair of Justice for Colombia and a member of both the TUC Executive and TUC General Council;
3. David Drever: President of the Educational Institute of Scotland (EIS) which represents 60.000 teachers in Scotland;
4. Simon Dubbins: Director of Internacional Relations for Unite Union which represents 2.100.000 members in several sectors, also a member of the executive of the European TUC and President of the graphical sector of Union Network Internacional (UNI),
5. Samuel Gurney: internacional Policy Officer for the TUC and member of the ILO Governing Body;
6. Sally Hunt: General Secretary of the University and Collage Union (UCU) which represents 118.000 members in academia, also a member of the Justice for Colombia Nacional Comité ando f both the TUC Executive and TUC General Council where she is spokesperson on internacional relations;
7. Peter Kilfoyle MP: Member of Parliament for Liverpool, former Goverment Minister;
8. Adam Lee: Oficial for the trade union, United Steelworkers (USW) which represents 1.2 million members from several sectors in the US and Canada;
9. Andy Love MP: Member of Parliament for Edmonton, Parliamentary Private Secretary;
10. James McGovern MP: Member of Parliament for Dundee;
11. Karie Murphy: Parliamentary Assistant;
12. John O’Neill: Partner al Thompsons Solicitors;
13. Sandra Osborne MP: Member of Parliament for Ayr, Carric & Cumnock, member of the Foreign Affaire Select Committee;
14. Stephanie Peacock: Member of the Labour Party Nacional Executive Comité;
15. Frederick Redmond: Internacional Vice President of trade union United Steelworkers (USW) representing 1.2 million membres from several sectors in the US and Canada, also a member of the AFL-CIO Executive Council;
16. Mark Rowlinson: Legal Officer for the trade union, United Steelworkers (USW) which represents 1.2 million members from several sectors in the US and Canada;
17. Michael Shaw: President of the FIRE Brigadas Union (FBU) which represents 45.000 members in the FIRE service;
18. James Sheridan PM: Member of Parliament for Paisley and Renfrewshire North;
19. Carol Wilson: Parliamentary Assistant;
20. Anthony Woodhouse: Chair of the Nacional Executive Comité of Unite the Union which represents 2.100.000 members in several sectors.

Misión británica en Colombia

2009-04-02T16:27:00.000-07:00

Justice for Colombia.

El próximo miércoles 8 de abril a las 10:00 de la mañana y en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, la delegación de la organización humanitaria Justice for Colombia, de origen británico, ofrecerá una rueda de prensa en la cual advertirán sobre los riesgos en que vienen incurriendo las autoridades nacionales como consecuencia de los manejos que le vienen dando al flagelo de la violencia en Colombia, en particular al fenómeno de los “falsos positivos”. De hecho, los misioneros esperan ser recibidos por el mandatario de los colombianos, Álvaro Uribe Vélez.

La preocupación por el tema de los falsos positivos y el recrudecimiento de las amenazas que embargan al país en campos y ciudades por cuenta de las llamadas bandas emergentes del paramilitarismo, cobrando, al parecer, la vida de un numeroso grupo de personas por sus condiciones sociales o de liderazgo popular, precipitó la visita de la delegación, aseguró su anfitrión y representante a la Cámara por Bogotá, Wilson Borja Díaz.

Entre los parlamentarios del Partido Laborista que integran la delegación se encuentran Andy Love, James McGovern, Sandra Osborne, James Sheridan, Ian Davidson y Peter Kilfoyle, ex Ministro de Defensa de Gran Bretaña.

También los líderes sindicales Jeremy Dear, cabeza de La Unión Nacional de Periodistas, el cual representa 32.000 comunicadores; Simon Dubbins, del sector gráfico; David Drever y Sally Hunt, del sector educativo; Samuel Gurney, del Consejo de Administración de la OIT; así como Adam Lee, Frederick Redmond, Mark Rowlinson, Anthony Woodhouse y Michael Shaw, del sindicato de bomberos.

Entre los expertos en derecho internacional que igualmente hacen parte de la comitiva figuran Karie Murphy, John O’Neill y Katherine Craig, quien en agosto del año pasado hizo parte de la Caravana Internacional de Juristas que recorrió territorios colombianos demandando de los actores del conflicto respeto para los abogados defensores de la población civil.

Durante la rueda de prensa, Justice for Colombia contrastará los resultados de la actual misión –la cual incluye visitas de campo, investigaciones y entrevistas por doquier– con los desarrollos de las visitas que viene adelantando desde 2002, motivados por el interés de comprometer a la comunidad internacional en la búsqueda de fórmulas que permitan la superación del conflicto interno que sufre nuestro país.
Prensa.

P.D.
Para facilitar su ingreso al recinto del Congreso el miércoles santo, y si no está previamente acreditado, rogamos el favor de confirmar su asistencia con nombre completo y número de cédula al correo prensaborja@gmail.com o a los teléfonos 3823506, 3823512 (fax) y 315 3318615.

Marzo 6, Por una Colombia sin Olvido

2009-03-04T09:41:00.000-08:00

La movilización por la vida, contra los falsos positivos

5 de marzo: Encuentro Familiares de Víctimas de ejecuciones extrajudiciales

6 de marzo: Movilización

Concentraciones en Bogotá:

9.00 AM Universidad Nacional de Colombia

10.00 AM Ministerio de Defensa Nacional
(Calle 26 con carrera 54)

12.00 AM Bunker de la Fiscalía General
(Av. Esperanza con 50)

7.00 PM "Noche de las Sábanas Blancas"
Acto simbólico, Plaza de Bolívar

Unidos para recuperar la memoria

POR UNA COLOMBIA SIN OLVIDO.

LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES SON CRIMENES DE ESTADO

En Colombia, miembros del ejército colombiano asesinan civiles, generalmente campesinos o jóvenes de sectores populares, que luego uniforman de supustos guerrilleros con el objetivo de mostrarlos como bajas en la denominada "lucha contra el terrorismo". Esta estrategia, conocida como "falsos positivos", fue reconocida oficialmente cuando 19 jóvenes desaparecidos en Soacha y distintos barrios de Bogotá fueron encontrados en fosas comunes Ocaña, Norte de Santander, en septiembre de 2008, motivo de un importante debate librado en la Cámara de Representantes. Wilson Borja fustigó tan aberrante práctica, acusando de ello al Estado.

Se trata de una práctica inveterada. Organizaciones como la Plataforma de Derechos Humanos-Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, han denunciado más de 1.400 de estos casos bajo la política de la Seguridad Democrática implementada desde el 2002 bajo la conducción de Álvaro Uribe Vélez. Los "falsos positivos", reconocidos en el Derecho Internacional como EXECUCIONES EXTRAJUDICIALES, hacen parte de la realidad colombiana desde hace más de tres décadas.

Colombia vive una cruenta guerra. Así lo confirman 3.000 fosas comunes develadas por los paramilitares mientras alcanzaron a decir dos o tres cosas en desarrollo de los controvertidos programas de la llamada ley de Justicia y Paz, más de 30.000 desaparecidos, 4.2 millones de desplazados y 23.000 secuestrados en los últimos 11 años. Dan cuenta de las víctimas del conflicto.

En distintas partes del país:

Medellín, 10.00 A.M. PLAZOLETA DE LA DIGNIDAD – LA ALPUJARRA.

Cali, UNIVALLE 5:00 P.M. hasta la sede de la TERCERA BRIGADA del EJÉRCITO.

Cúcuta, Avenida Gran Colombia, 9:30 A.M. Plantón frente al Palacio de Justicia.

Movilizaciones en distintas partes del mundo:

Barcelona, 19:00 H, LA CATEDRAL.

Bilbao, 7:30 PM., TEATRO ARRIAGA, concentración.

Buenos Aires, Argentina, 19:00 H.Chacabuco 955, San Telmo.

Las babas de Gaviria

2009-03-03T08:14:00.001-08:00

Por Antonio Caballero

El único candidato capaz de mantener la unidad del polo es Gaviria: todos los demás, por idóneos que sean, son garantía de división.

Dijo Carlos Gaviria en la inauguración del congreso del Polo que este tiene muchos "dirigentes idóneos" que además están "deseosos de enarbolar con dignidad nuestra bandera". Traduzco al lenguaje llano: que quieren ser candidatos presidenciales. El problema es justamente que están demasiados deseosos: quieren serlo a cualquier precio.

A cualquier costo para el Polo, y para lo que el Polo aspira a representar: la esperanza de un cambio en el manejo político, económico y social de este país anquilosado y deshecho, ahogado en la miseria y en la sangre.

Pero tienen razón los llamados "radicales" o "extremistas" del Polo, así llamados para desacreditarlos presentándolos como locos sectarios. Lo que son es coherentes. El Polo no tiene sentido si es sólo para hacer uribismo sin Uribe; uribismo en alianza con sectores o personajes políticos cuya única discrepancia con el caudillo estriba en que no aprueban la perpetuación de su persona en la Presidencia de la República, al tiempo que comparten todos sus principios: la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social (de todas hay que decir "así llamadas": pues rara vez la práctica habrá sido tan contraria a la teoría como bajo Álvaro Uribe). Que comparten, pues, la guerra a muerte, la entrega del país a las multinacionales y la polarización de la población entre "colombianos de bien" y "terroristas". Esa alianza contra natura, destructiva hasta para ellos mismos es la que proponen "dirigentes idóneos" como Gustavo Petro o Lucho Garzón. Porque ¿cree alguien de verdad -empezando por ellos mismos, por muy cegados de amor propio que están- que sus posibles aliados electorales los van a escoger como sus candidatos presidenciales? A lo sumo les darán algún cargo en Coldeportes o una embajada en la FAO. ¿Con eso se conforma su ambición?

Candidaturas presidenciales. Mucho me he burlado yo de la obsesión monomaníaca de los colombianos con el simple juego de los cálculos electorales. Pero es un hecho que en Colombia la acción política de las personas o de los partidos forzosamente pasa por ahí: casi no hay otros ámbitos. De manera que lo que se discute ahora en el Polo es eso: las elecciones presidenciales del año 2010.

Hay dos posibilidades: que Álvaro Uribe aspire a una segunda reelección y sea el candidato del uribismo, o que no.

Si lo es (como estoy seguro de que lo será, torciéndole una vez más, en medio de grandes aplausos, el pescuezo a la Constitución) ganará las elecciones, y una vez más en la primera vuelta. Porque aunque en su segundo período ha gobernado incluso peor que en el primero (salvo para sus amigos y para las multinacionales), este sigue siendo un país amedrentado y fácilmente manipulable por el poder. En ese caso, el Polo debe ir a esa primera vuelta solo, con su propio programa y su propio candidato, para no confundirse en la inevitable derrota con unos aliados igualmente derrotados a los que les habrá entregado su personalidad y sus principios, a cambio de nada. O sí: a cambio de su propia evaporación.

Si Uribe no es candidato (posibilidad remota, pero posible), habrá una segunda vuelta electoral. Pues no es verosímil que ninguno de los sargentos de Uribe, aún con su bendición explícita, sea capaz de ganar en la primera, en el supuesto, ya bastante improbable, de que el uribismo sin Uribe conserve su unidad. También en ese caso el Polo debe presentarse a la primera vuelta con su propio programa, distinto y obviamente contrario al de los uribistas, al de los conservadores, al de los liberales-neoliberales. Un programa que fue muy bien esbozado por Carlos Gaviria en su discurso inaugural del Congreso: cambio de modelo económico (no el neoliberalismo de todos los demás); reforma al campo (o sea, reforma a la contrarreforma agraria de los narcos y los paras); impuestos a los ricos (en vez de las actuales subvenciones); política favorable al empleo (y no, como ahora, al aumento del desempleo); seguridad ciudadana respetuosa de los Derechos Humanos (sin falsos positivos) y acompañada de la búsqueda de salidas políticas (y no sólo militares) al conflicto armado; y recuperación de la soberanía del Estado "enajenada sin escrúpulos por el proyecto del doctor Uribe" (y no sólo por él: por todos sus predecesores desde López Michelsen, por lo menos). El Polo, digo, debe presentarse con un programa como ese. Y con su propio candidato. El cual, me parece a mí, no puede ser sino Carlos Gaviria.

No por los tan mentados 2.600.000 votos que su candidatura obtuvo en 2006, que en realidad no eran suyos, y ni siquiera del Polo, sino del antiuribismo (frente a los abrumadores siete millones y medio que respaldaron al propio Uribe). Sino porque el único antiuribismo serio, hoy como entonces, es el que representa el Polo: los demás, repito, son uribismos sin Uribe. Y el único candidato capaz de mantener la unidad del Polo es Gaviria: todos los demás posibles candidatos, por idóneos que sean, son garantía de división. La unidad del Polo está pegada con babas, de acuerdo: el Polo está hoy tan dividido como cuando se unió. Pero las babas de Carlos Gaviria son las únicas que, por lo visto, pegan algo. Con un programa antiuribista, y un candidato de unidad, el Polo sería capaz no sólo de pasar a la segunda vuelta, sino incluso de quedar de primero en la primera.

Y entonces sí sería la hora de hablar de alianzas.

Tomado de Semana, sábado 28 Febrero 2009.

Discurso del Presidente del Polo Democrático Alternativo Carlos Gaviria Díaz, en acto inaugural del II Congreso de Unidad

2009-02-27T05:23:00.000-08:00

La unidad es el todo

Queridos compañeras y compañeros,
invitadas e invitados especiales,
delegadas y delegados internacionales que nos honran con su presencia,
delegadas y delegados de nuestro partido, señoras y señores.

Permítanme que comience mi reflexión inaugural de este Segundo Congreso del Polo Democrático Alternativo, con un par de citas elocuentes de sendos discursos de dos de nuestros más ilustres dirigentes.

I La unidad de la izquierda democrática. ¨ Por primera vez, desde 1819, hace 187 años, la esperanza de lograr una Patria para todos, se materializa. La unidad de toda la izquierda democrática que ahora se sella y se consolida, es el primer paso para que los pobres y los oprimidos, los marginados y los desechados, los obreros y las clases medias, los intelectuales y los empresarios eficientes puedan ver luz al final de este larguísimo túnel que ha sido la vida de ésta nuestra República de Colombia. ¨ (He subrayado )

Así comenzó su excelente intervención ante el Primer Congreso del Partido, el 30 de Noviembre de 2006 nuestro dirigente histórico Antonio Navarro Wolff, aclamado luego como primer Secretario General del PDA.

¨ Si Uribe va a la reelección, es inevitable poner un bloque democrático al frente. Y como yo creo que no gana la reelección por diversas circunstancias, porque sus propios amigos se le vuelven todos los días más sus enemigos, el Polo Democrático debe ir con su propio candidato, con su propia propuesta. Creo que ese escenario nos va a permitir acceder a una segunda vuelta total. Y si el candidato es usted doctor Gaviria, le cargo la maleta todas las veces que sea necesario.¨ (Subrayas fuera del texto)

Así concluyó su discurso Lucho Garzón, en la sesión inaugural de la Dirección Nacional del Partido, hace precisamente un año. Todo era optimismo, convocación a la unidad y confianza en que el Polo, con su unidad consolidada, con su propia propuesta y su propio candidato, sería capaz de derrotar el proyecto retardatario, conservador y autoritario de Alvaro Uribe Vélez.

Antonio habló sin reticencias de toda la izquierda democrática que confluye en el Partido, sin distinguir la vieja de la nueva, por tanto, sin enredarse en el berenjenal de proponer criterios artificiosos y de conveniencia para discernir la una de la otra, anatematizar a los unos y hacer la apología de los otros.

A Lucho me permití recordarle, en tono cordial, y aludiendo a afirmaciones suyas hechas en otro contexto, que ¨ no hay en el Polo un sector revolucionario... y otro reformista... sino una colectividad pluralista con diferencia de matices... empeñada en la construcción de una sociedad democrática, pacífica, menos inicua e injusta que la que hoy tenemos, en el marco de un Estado de derecho, con la soberanía recobrada, que haga valer su dignidad en el concierto de las naciones.¨

Dejo de lado la referencia amable de Lucho Garzón a una posible candidatura mía, que no sólo no busco sino que declino de antemano, para insistir de nuevo en la urgencia de buscar la unidad, de profundizarla y de consolidarla para presentarnos como una opción seria de gobierno, y asumir de ese modo la responsabilidad que la coyuntura histórica nos adjudica y de la que no podemos claudicar: cambiarle el rumbo a Colombia, mediante la construcción de una sociedad decente.

II El repudio a la lucha armada. Cuando se dice que en la conformación del Polo han confluido todos los sectores de la izquierda democrática, se quiere significar que se ha suscrito entre todos ellos un acuerdo intangible e irrevocable; queda proscrito el empleo de las armas, o la adhesión a quienes las emplean, en la búsqueda de las hondas transformaciones que a nuestro juicio requiere la sociedad colombiana para materializar lo que la Carta del 91 establece: la democracia, el pluralismo, el pluriculturalismo, la vigencia de los derechos y la protección a la dignidad humana, como axiomas inconcusos, a partir de los cuales es imperativo construir un país, a contramano del vergonzoso que hoy tenemos.

El artículo 2 de nuestros estatutos fue aprobado por unanimidad, sin reticencias de ningún sector, por la dirección Nacional del Partido, y reza de manera inequívoca; ¨ El empleo de las armas para la resolución de los conflictos, contradice los métodos y los propósitos que propugna el Polo. ¨

El principio allí establecido, que en otro país o bajo otras circunstancias resultaría superfluo, entre nosotros cobra renovada vigencia, pues las FARC y las demás organizaciones guerrilleras supérstites, persisten en los genocidios, en los secuestros y en los más atroces crímenes de guerra, y de lesa humanidad, en función de propósitos brumosos que, por la forma como se buscan, ninguna persona de bien podría rescatar como altruistas.

Reiteramos, más allá del cansancio, que todos los sectores políticos que conforman el Polo repudian y condenan el crimen como instrumento vitando, deslegitimante aun de resultados que podrían juzgarse deseables, buscados por otros medios.

III El gobierno que enfrentamos. Es esa fortaleza ética, la que nos adjudica autoridad indiscutible para condenar al gobierno cuando siguiendo los mismos caminos tortuosos de su contraparte, y mediante actos horrendos al margen de la moral y el derecho, se obstina en que en función de su política de seguridad todo se vale, incluso los ¨ falsos positivos,¨ expresión eufemística usada para no llamar por su nombre, atroces asesinatos cometidos por miembros de la fuerza pública, para merecer ascensos y gabelas dentro de la institución. Y saber que al responsable político directo de semejantes atrocidades lo designaron algunos medios periodísticos ¨ el personaje del año ¨ y sus conmilitones esperan que renuncie para ungirlo como aspirante a la Presidencia de la República, si su jefe absoluto da por satisfecha su insaciable ¨ libido imperandi. ¨

Nos tocó en suerte, o mejor, nos cupo la desventura de enfrentar un proyecto político inteligente y coherentemente dirigido a consolidar un statu quo injusto, inequitativo y excluyente, previa anestesia de los damnificados, que en su gran mayoría aun le prestan apoyo porque ha prometido quien lo encarna, poner término a un viejo conflicto (cuya existencia niega), que por la crueldad que reviste, se ha convertido en la prioridad primera de la opinión nacional. La guerrilla, digámoslo con claridad, con sus secuestros, genocidios y demás crímenes universalmente repudiados, ha abonado el terreno donde hoy florece un gobierno narcisista y mesiánico que por eso mismo necesita de ella para perpetuarse.

Qué razones, si no, podrían explicar su visible molestia por el empeño heroico de Piedad Córdoba y demás ¨ Colombianas y colombianos por la paz ¨ que se han propuesto tercamente la liberación segura de las personas secuestradas en poder de la guerrilla. Prefiere la ¨ operación jaque ¨ con sus riesgos y truculenta estrategia, porque puede invocarla en provecho de su prestigio y consiguiente afianzamiento en el poder, constitutivo de su interés primario.

Permítanme a modo de digresión, hacer una descabellada conjetura Si supusiéramos que en virtud de un insólito acto de taumaturgia, el país sufriera una venturosa transformación radical que comportara el fin de la guerra, la abolición de la pobreza y de la iniquidad, la integración social de todos los sectores segregados, su acceso a los bienes sociales en circunstancias de equidad, pienso que nuestro presidente repudiaría el nuevo y feliz estado de cosas, por dos potísimas razones: Una, porque esa no es la sociedad que él desea, y dos, porque esa milagrosa transformación no habría sido obra suya.

IV El PDA y su reto. A ese proyecto, cuidadosamente pensado y diestramente diseñado, es al que debemos oponernos con toda la fuerza dialéctica, pedagógica y democrática de que seamos capaces, condúzcalo quien lo conduzca, porque en él, Uribe puede ser la cabeza más visible, pero hay a su lado pintorescos clones o caricaturas suyas, ansiosos de empuñar las mismas impúdicas banderas.

Y la pregunta ineludible es, entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? La respuesta no puede ser, a mi juicio, otra que ésta: con un programa sólido cuyas metas esenciales no es difícil identificar y a cuya construcción final tienen que concurrir todos los sectores conformantes del partido en el marco de su ideario de unidad.

En una enunciación, a mero título de ejemplo, tiene que incluir: 1. Un cambio de modelo económico, que se compadezca con la necesidad de materializar y universalizar los derechos sociales fundamentales (salud y educación en primerísimo lugar), no sólo por el imperativo ético de justicia y de equidad que ellos comportan, válido y urgente independientemente de cualesquiera circunstancias históricas, sino también como factor eficiente en la superación del conflicto cuyas raíces sociales parece necio ignorar.

En la pasada campaña presidencial enarbolamos esa bandera, pero hoy la urgencia de abrogación del modelo neoliberal, resulta corroborada por hechos de dimensiones mundiales.

2. Una reforma al campo, que tiene que partir de la elemental exigencia de justicia de restituir a los desplazados la tierra de que han sido despojados brutalmente por los grupos armados irregulares y sus aliados, ¨ los señores de la guerra. ¨ En sentido, precisamente opuesto, algunos miembros de la bancada uribista en el Congreso han intentado reducir los términos y las condiciones de la prescripción adquisitiva para los predios rurales, con el evidente propósito de legitimar el despojo. Una revisión responsable, desde una óptica social de equidad de la ley 1152 de 2007, conocida como estatuto rural, muchas de cuyas disposiciones resultan lesivas de los propietarios campesinos, es necesario que se haga bajo un gobierno de nuestro partido, así como la implantación de un sistema impositivo que permita gravar progresiva y significativamente los feudos ociosos, y que respete sin reservas los resguardos y las tierras sagradas de las comunidades indígenas, las de los afrodescendientes y que haga de la defensa del ecosistema, y de nuestra biodiversidad una meta prioritaria.

3. Tendría que proponer el Polo, y llevar adelante con el respaldo de sectores progresistas del Congreso, apoyados por un fuerte movimiento de opinión nacional, la reforma tributaria estructural, tan anunciada pero tan temida, que satisfaga a plenitud el principio de progresividad establecido en la Constitución no sólo como instrumento fiscal, sino, y en primer término, como mecanismo redistributivo.

4. Una política de pleno empleo que les permita a las colombianas y a los colombianos tener ingresos dignos como producto del ejercicio de un derecho y no conllevar una existencia precaria y miserable con limosnas repartidas por el caudillo a modo de favores que han de ser electoralmente retribuidos. Restituir al trabajo y a los trabajadores la dignidad que les ha sido usurpada mediante leyes denominadas de flexibilización laboral, correlativas a normas de seguridad jurídica para los inversionistas, no puede ser contradictorio con lo anterior, sino su corolario obligado.

5. Consecuencia de todo lo anteriormente señalado, tiene que ser una política de verdadera seguridad ciudadana que, ratificando el derecho y el deber del Estado de ejercer la fuerza que por definición es monopolio suyo y de no cejar en su empeño de combatir a los grupos armados al margen de la ley y a todos los violentos, ostente autoridad política y moral por su respeto escrupuloso a los Derechos Humanos, para reducir a quienes persistan en su renuencia a incorporarse a la vida civil, sometiéndolos al imperio del derecho, pero simultáneamente creando espacios idóneos para buscar soluciones políticas al conflicto.

6. Finalmente, pero no menos importante, tiene que ser la tarea de recuperar la soberanía del Estado, enajenada sin escrúpulos por el proyecto del doctor Uribe.
Porque si la globalización parece un proceso de curso inexorable, es justamente la hora de reivindicar el espacio que aun queda de ejercicio soberano del poder, para rescatar la dignidad nacional.

Hechos auspiciosos acaecidos en el concierto internacional, tienen que servir de estímulo a la inmensa y ponderosa tarea que nos hemos propuesto: la conformación de gobiernos de izquierda democrática en América Latina, tienen que ser ejemplo de que nuestros propósitos no son quiméricos. Que en Ecuador, Brasil, Venezuela, Bolivia, Uruguay y Paraguay, Chile y Argentina organizaciones y partidos políticos progresistas, con el apoyo decidido y valeroso de movimientos sociales populares, hayan llegado al gobierno con el proyecto inabdicable de construir sociedades democráticas de verdad, es un hecho que muestra de modo contundente, que la materialización de nuestro anhelo es ardua y desafiante pero alcanzable.

Y no pasemos por alto un episodio histórico reciente: en los Estados Unidos, país donde el sentimiento racista y segregacionista tiene aún vigencia inocultable, un hombre joven, mestizo, de piel oscura y origen africano, ha llegado al poder con intenciones democráticas renovadoras, a contrapelo de vergonzosos prejuicios centenarios y venciendo la resistencia de los sectores más reaccionarios del Imperio. Nuestro entusiasmo, por elementales motivos de sindéresis, no puede ser desbordado, pero el hecho hay que registrarlo también como auspicioso para nuestro empeño.

Parece oportuno, a estas alturas de mi exposición dar respuesta a un interrogante que debe estar flotando en el ambiente, a saber: ¿Con quiénes aspiramos a llevar a cabo nuestra empresa? La respuesta tiene que ser tan contundente como elemental; con todas las ciudadanas y ciudadanos que compartan nuestro proyecto. Justamente por eso, la necesaria tarea de pedagogía y de persuasión que nos incumbe, debe hacerse con base en un programa sólido, coherente, aspiracional pero a la vez realista, que transmita de modo inequívoco el mensaje de lo que se busca: una sociedad democrática, pluralista y pluriculturalista, incluyente, en la cual los derechos se universalicen y se materialicen, para que la comunidad que conforma el pueblo pueda ser beneficiaria de las ventajas que se derivan de una vida social civilizada y mediante la materialización de la equidad y de la justicia, puedan disfrutar de un bien tan apetecible como la libertad, que hoy, sin duda, es privilegio de una élite afortunada.

Esto absuelve la duda de si el Partido debe ser abierto o cerrado. Claro que abierto, porque en él son bienvenidos todos los que compartan la idea de una sociedad como la que queremos, tanto mejor mientras más grande sea el número de adherentes.

En lo que no podemos incurrir es en la contradicción de afirmar que también son bienvenidos quienes tienen proyectos contradictorios con el nuestro, pues esto equivaldría a aseverar que también son del Polo los que no son del Polo.

Llamo la atención sobre lo que parece una perogrullada, porque he visto con preocupación que en ocasiones a la coherencia se la anatematiza como fundamentalismo.
A quienes tienen proyectos diferentes al nuestro o incluso opuestos a él, los reconocemos como legítimos adversarios (y no como enemigos) como ocurre en las democracias maduras, y les extendemos la invitación amistosa a someter nuestras respectivas propuestas al veredicto popular sobre un acuerdo esencial e inamovible: el respeto más riguroso a las reglas que hayamos convenido, en un certamen agonal, inherente a la política, y el acatamiento a los resultados que se obtengan como culminación de un proceso intachable.

Esta concepción de la política democrática no descarta, desde luego, la posibilidad de alianzas o coaliciones con partidos o sectores políticos con los que tengamos afinidad en puntos específicos y en vista de algún objetivo de esa misma índole.
A lo que soy reacio es a acuerdos gaseosos, encubridores de apetitos burocráticos, reveladores de proyectos ambiguos o de ausencia de proyectos, que llevan a la opinión el falso mensaje de que aquí no pasa nada puesto que estamos de acuerdo en todo, segando de esa manera canales necesarios y legítimos de expresión de la inconformidad popular. En síntesis, no más reviviscencias del Frente Nacional que lo más positivo que tuvo fue desvelar que, en Colombia, la política no ha sido otra cosa que impúdica rapiña burocrática.

En síntesis, lo digo pensando con Chantal Mouffe y Emilio Laclau: de la verdadera política no puede erradicarse el antagonismo, y ese hecho no niega el pluralismo sino que lo confirma.

No puedo concluir esta reflexión sin hacer referencia a un hecho de la mayor significación: pudiéramos llamarlo el de nuevos sujetos y nuevas causas acogidas fervorosamente por un partido político colombiano: el Polo Democrático Alternativo.
Los jóvenes: después de un largo período de escepticismo con respecto a la política electoral, y a la manera inmoral y antiestética de la política tradicional, han vuelto su mirada de esperanza hacia el Polo por presentarse como el portador de una propuesta ideológica distinta, coherente y creíble, y con el propósito de cambiar el estilo y los métodos protervos que han informado desde siempre la lucha política en nuestro país.

Yo que he pasado la mayor parte de mi vida en los claustros universitarios teniendo como interlocutores a los jóvenes, veo en ellos el aporte potencial más significativo a nuestro Partido. No vamos a desilusionarlos desdiciendo de nuestros propósitos ideológicos o abdicando de nuestra decisión de moralizar la política, que por el estado de degradación a que ha llegado ha espantado de su ejercicio a inmensos sectores pensantes y decentes de los que el país requiere con urgencia para enderezar su rumbo.

La comunidad de las lesbianas , los gays, los bisexuales y los transexuales, han llegado también con la esperanza dibujada en sus rostros, a ver si es cierto que el Polo se hace cargo de su causa y, en su compañía repudiamos y conseguimos erradicar el trato ignominioso que una sociedad imbuida de prejuicios irracionales y de hirsuto dogmatismo les ha deparado, reduciéndolos a ciudadanas y ciudadanos de segunda, si no se avienen a adoptar como forma de vida la hipocresía y el escamoteo de su autenticidad.

Cuánto ha tardado la izquierda en entender que esa causa libertaria tiene que hacer parte de su proyecto de construir una sociedad democrática y decente, orientada por pautas de conducta racionales y honorables. Porque en la democracia está implícita la promesa de que de la veracidad no pueden seguirse desventajas y, en consecuencia, las personas que hacen parte de la comunidad LGBT han de tener derecho de organizar su vida según sus tendencias naturales y sus opciones, sin tener que ocultar una condición que a nadie daña y a nadie deshonra, y que no puede, por tanto, invocarse para que no gocen de la plenitud de sus derechos.

La mujer no es un nuevo actor en la política colombiana, pues hace ya 55 años que la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el General Rojas Pinilla como Presidente de facto, les reconoció los derechos políticos, y tras una ardua lucha librada por dirigentes femeninas como Josefina Valencia, Esmeralda Arboleda, Ofelia Uribe, Blanca Ochoa, María Currea, Rosa Turizo y muchas otras que no alcanzo a nombrar, lograron un objetivo que hubiera debido alcanzarse mucho antes, si entre la gran mayoría de los hombres no se hubiera mirado esa lucha con escepticismo, renuencia y apatía. Lo que han conseguido es una conquista suya, que poco ha trascendido del derecho en el papel pues el país sigue siendo fuertemente machista, y desventuradamente ese sentimiento, derivado de un ambiente conservador y patriarcal y de una educación sesgada, aun lo comparte por desgracia una buena parte de la población femenina. Es tarea del Polo con su dirigencia de mujeres a la cabeza, continuar esa lucha, que permita mostrar cuán recortada y parcial es una democracia que le regatea a la mujer su participación y representación en las más altas responsabilidades del Estado.

Los indígenas, los afrodescendientes y los miembros de otras etnias que tienen presencia en el país (pienso, por ejemplo, en el pueblo Rom), en proporción significativa, han visto en nuestro partido la mejor opción para librar la lucha por sus derechos, sin renunciar a sus formas de organización y a sus especificidades culturales, pues el Polo ha reiterado, en múltiples ocasiones su adhesión al pluriculturalismo como factor de cohesión social y catalizador positivo de la unidad nacional.

Si nos proclamamos, sin rubor, un partido de izquierda, es porque hemos decidido que nuestra causa es la de los débiles, la de los marginados, la de los excluidos, la de las víctimas del conflicto, la de los desplazados – dentro y fuera de Colombia - y la de los que con mayor o menor conciencia del rumbo que lleva el país, tienen que sumarse a nuestra lucha dirigida a erradicar la miseria, a reducir la pobreza y a garantizar que no haya una sola persona excluida de la educación, de la salud, de la vivienda digna y de la alimentación congrua.

Por eso los sindicatos, todos los trabajadores campesinos y urbanos, los maestros, los servidores de la justicia, y en general los servidores públicos maltratados y denostados por quien debía ser modelo de respeto, de consideración humana y de equidad en su función de empleador, que es (el Estado), los empresarios colombianos industriales y agrícolas relegados por el gran capital transnacional, que el gobierno protege por encima de los intereses nacionales, tienen que encontrar en el Polo Democrático Alternativo el partido que interprete sus necesidades y haga valer sus propósitos, como ingrediente indispensable para la construcción de una sociedad democrática, meta que sintetiza y justifica nuestra lucha.

Más de uno estará pensando, como algún sector del Polo lo había anticipado, que las anteriores precarias reflexiones constituyen la plataforma de lanzamiento de mi candidatura. Nada tan alejado de la realidad y de mis intenciones. Más bien como pienso que estoy cumpliendo el último acto oficial dentro del Partido, me he animado a poner en consideración del Congreso unas pocas iniciativas que creo que pueden ser útiles para la discusión de un programa que tiene que ser el resultado de un debate colectivo en el que tienen que participar todas las organizaciones, tendencias y fuerzas políticas que integran el Polo, que recoja y sintetice a cabalidad los objetivos ideológicos que nos cohesionan dentro del Ideario de Unidad.

Soy consciente de que muchas de las cosas que aquí digo son opiniones que no gozan de aceptación unánime dentro del Partido y justamente lo que pretendo es que sean objeto de controversia, pues es ésta la que acendra y perfecciona la que deba ser propuesta definitiva nuestra al electorado de todo el país.

Justamente, el hecho de que hoy cese para mí toda responsabilidad en la conducción del Partido, me otorga mayor libertad para opinar por mi cuenta y riesgo teniendo, eso sí, el cuidado de que tales opiniones no vayan en desmedro del Ideario y, por ende, de nuestra unidad, que al decir de un preclaro dirigente del Frente Amplio del Uruguay, Roberto Conde, (pensando en su propia organización política) debemos cuidar como la vida.

Ante este auditorio que recoge la suprema instancia de dirección del Partido me permito reiterar una tesis a la que adhiero con toda convicción: En una democracia el Estado tiene que renovar sus gobernantes y los partidos tienen que renovar sus cuadros. Yo ya he cumplido, bien o mal, mi ciclo dentro del Polo Democrático Alternativo. Alguien debe relevarme en la Presidencia y otra persona distinta de mí debe asumir la candidatura del Partido en las próximas elecciones presidenciales. Por fortuna, es amplia la lista de dirigentes idóneos para enarbolar con dignidad nuestra bandera, y muchos líderes hay, deseosos, además, de cumplir esa tarea.
Alejado de esas responsabilidades, ratificaré mi lealtad al Partido cumpliendo el rol que las bases del Polo y las instancias competentes me asignen, que espero sea el que más anhelo, el de soldado sin galones.

Finalmente, un deseo fervoroso en relación con el Congreso que hoy se inicia: consolidemos la Unidad, que lo es todo para nuestra esperanza.

Desterremos todo dogmatismo de nuestra controversia, recordando que somos demócratas y que lo que está en juego en nuestro debate no son verdades inamovibles sino opiniones que debemos sustentar con razones capaces de persuadir a nuestro contrincante. Y si no logramos ponernos de acuerdo, apelemos a la regla de oro de la democracia, teniendo presente lo que de manera magistral y hermosa sentenció Bertrand Russell:

¨ Un demócrata no tiene por qué creer que la mayoría decidirá siempre sabiamente, lo que tiene que creer es que la decisión de la mayoría, sabia o no, tiene que ser aceptada hasta que llegue el momento en que la mayoría decida otra cosa. ¨

Declaro formalmente instalado el segundo Congreso del Polo Democrático Alternativo.

Febrero 26 de 2009

Foro Académico Emergencia Social

2009-02-24T10:10:00.000-08:00

Miércoles 25 de febrero
Bogotá, D.C., Auditorio de Los Jesuitas
Cl. 65 9 – 18, Chapinero
9:00 A.M. – 5:00 P.M.

La Universidad Javeriana de manera conjunta con SOS Colombia - Causa y la Organización Cívica Colombianos en el Exterior, realizará el Foro Académico Emergencia Social éste 25 de febrero a partir de las 8:30 a.m. en el Auditorio de los Jesuitas, ubicado en la calle 65 N. 9 - 18., de Bogotá, D.C.

La actividad será instalada por el sacerdote jesuita Joaquín Emilio Sánchez, rector de la Universidad Javeriana, y la introducción a cargo del dr. Jordi Farré Rodríguez, presidente de SOS Colombia. Posteriormente, durante la mañana se desarrollarán dos Páneles y otro en la jornada de la tarde, con las respectivas intervenciones del público y el momento final de Conclusiones.

Los doctores Augusto Ramírez Ocampo, ex Canciller; Fernán González, ex director del Cinep; Fernando Alzate Donoso, Embajador de Comunidades Colombianas en el Exterior; y Wilson Borja Díaz, representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, son los encargados de dar apertura al primero de dichos páneles. Abordará temas de Derechos Humanos, raíces del conflicto armado, comunidades en el exterior y efectos de la crisis económica mundial.

Además participarán en el Foro las siguientes personas:
• Augusto Ramírez Ocampo, Director del Instituto de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.
• Wilson Borja Díaz, Representante a la Cámara por Bogotá.
• Fernando Alzate Donoso, director de Asuntos Consulares y Comunidades en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Fernán Gonzalez, S.J. historiador e investigador de Cinep.
• Diana Lucía Mantilla Prada, Coordinadora del Programa “Colombia Nos Une”.
• Rubén Darío Lizarralde, gerente general de Indupalma.
• Orestes Guarín Riveros, politólogo.
• José Joaquín Osorio Ruíz, abogado, politólogo.
• Carlos Aurelio Ordóñez, economista.
• Alfonso Gómez Méndez, ex Fiscal General de la Nación.
• Mauricio García, S.J., director del Cinep.
Entrada es libre.

El pasado turbio de un oficial

2009-02-14T02:52:00.000-08:00

El mayor (r) César Maldonado fue condenado a 25 años de cárcel por asesinato

César Maldonado, autor del atentado contra el congresista Wilson Borja, recibió una segunda sentencia por torturar hasta la muerte a un hombre.

Tomado de EL ESPECTADOR, febrero 13 de 2009.

El congresista Wilson Borja resultó herido en el atentado que planeó el mayor (r) Maldonado.

Nuevamente, la justicia se pronunció sobre uno de los personajes más oscuros que han transitado por las filas del Ejército: el mayor (r) César Alonso Maldonado Vidales. El ex oficial, conocido por ser el autor intelectual del atentado que se produjo contra el congresista Wilson Borja en el año 2000, cuando éste era un líder sindical, fue sentenciado por el Juzgado Sexto Penal del Circuito a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Maldonado fue retirado de la institución el 21 de abril de 1998 cuando la Procuraduría lo destituyó por la muerte de Gerardo Liévano.

Según determinó la jueza Esperanza Otero Rodríguez, Maldonado Vidales, junto con otros siete hombres que pertenecen o pasaron por el Ejército, fueron los responsables del asesinato de Liévano. Tras señalarlo a él, a Alirio Pérez y a Nelson Ortega como integrantes del EPL y responsables del secuestro de un ciudadano venezolano, Maldonado y sus compañeros –entonces del Comando Antiextorsión y Antisecuestro –CAES– trasladaron a Liévano a un sitio conocido como Canoítas, cerca a Cúcuta, en donde lo torturaron hasta segar su vida.

El 2 de noviembre de 1993, hacia el mediodía, Maldonado y los demás uniformados llegaron al restaurante El Rincón Paisa, en Cúcuta, en una operación para dar con el paradero del venezolano plagiado. En ese lugar capturaron a Liévano y a Pérez; Ortega alcanzó a escaparse. A Liévano lo golpearon en el rostro con fuerza. “Trauma contuso”, lo calificó Medicina Legal. Su cuerpo fue hallado calcinado en el paraje Arenales, del corregimiento de Urimaco (Cúcuta), el 5 de noviembre de 1993 con claros signos de tortura.

“Así se tratara de personas involucradas con punibles, no es razón para que agentes del Estado propicien un trato tan vil, y son los experticios médicos los que dan fe de las acusaciones”, manifestó la Fiscalía en el proceso. Eduardo Carreño, litigante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y representante de los familiares de las víctimas, secundó estas palabras. La defensa de los acusados, por su parte, sólo apeló la decisión para que el delito inculpado no sea homicidio agravado sino preterintencional. Es decir, que la pena se reduzca.

El caso Borja

El 15 de diciembre de 2000, hacia las 6:00 a.m., hombres armados abordaron a Wilson Borja –que para la época era el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, Fenaltrase– cuando salía de su casa, en el noroccidente de Bogotá. En el ataque murió una mujer, María del Pilar Bolaños, una vendedora ambulante de tintos, y tanto Borja como uno de sus escoltas resultaron lesionados. El automóvil del hoy congresista recibió 57 impactos de bala. En el intercambio de disparos también murió Élmer Horacio Rueda, uno de los sicarios, ultimado por sus cómplices.

Dos días después del atentado, en entrevista con El Espectador, Borja aseveró que el jefe paramilitar Carlos Castaño había dado la orden de asesinarlo tanto a él como a cuatro dirigentes sindicales más y a cinco profesores de la Universidad Nacional por los avances que se habían mostrado en el proceso con el ELN. El 21 de diciembre, en declaraciones a El Tiempo, Castaño confirmó la versión de Borja, lo señaló objetivo militar y admitió que había ordenado su secuestro por considerarlo integrante del Eln.

El celular de Élmer Rueda fue clave para que la Fiscalía comenzara a desenredar la maraña que se había tejido alrededor de este hecho. En el aparato telefónico habían quedado registradas llamadas del mayor (r) Maldonado, dato que llevó a los investigadores a reconocerlo, posteriormente, como el autor intelectual del atentado. El 14 de mayo de 2002, la Fiscalía lo llamó a juicio por la emboscada contra Borja y el 19 de diciembre de 2003, el Juzgado Quinto Penal del circuito especializado de Bogotá lo condenó a 28 años de prisión.

Maldonado fue recluido en el Batallón de Policía Militar N° 13, pero en noviembre de 2004, a pesar de que unos 30 guardias lo custodiaban, se fugó de la guarnición. Sus familiares hablaban de “desaparición forzada” e, incluso, tildaban como responsables al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Sin embargo, en julio 15 de 2008, Maldonado fue detenido en un exclusivo conjunto residencial en Cúcuta y desbarató la hipótesis de su plagio. Al momento de su arresto, tenía nueve órdenes de captura. Actualmente se encuentra en la cárcel La Modelo, de Bogotá.

La Corte debe investigar a Barreras

2009-02-13T07:00:00.001-08:00

Wilson Borja solicitó a la Corte Suprema de Justicia la apertura de investigaciones contra el representante a la Cámara Roy Barreras por presuntas conductas punibles. Daniel Coronell sugiere que está cambiando puestos por trámite del proyecto reeleccionista

Por incurrir en presuntas conductas punibles, el pasado 4 de febrero el representante a la Cámara Wilson Alfonso Borja Díaz solicitó ante la Corte Suprema de Justicia la apertura de investigaciones contra el parlamentario de origen vallecaucano Roy Barreras, una de las más connotadas figuras del uribismo en el Legislativo.
La petición, si existe mérito para ello, se fundamenta en la columna del periodista Daniel Coronell –revista Semana, edición 1395 correspondiente a la semana del 26 de enero al 2 de febrero–, titulada “El Iscariote”, donde se refiere a indicios que sugieren que la posición de Barreras en trámite del referendo reelecionista puede obedecer a cuotas burocráticas por parte del gobierno nacional.
Coronell menciona una serie de las personas más cercanas a Barreras, las cuales extrañamente vienen ascendiendo a importantes y significativos cargos públicos, empezando por su esposa, quien es Notaria.
En opinión de Borja Díaz, hechos como los denunciados por el periodista Coronell revisten especial gravedad para el país por cuanto podría representar la repetición del vergonzante episodio conocido como la “yidispolítica”, cuando a cambio de cuotas burocráticas gracias al voto decisorio de la ex parlamentaria Yidis Medina se modificó la Constitución Nacional para permitir la reelección inmediata de Álvaro Uribe Vélez en la Presidencia de la República.
Como se recordará, Medina fue condenada por esta corporación para luego acogerse a sentencia anticipada. Por su parte y por los mismos hechos, el también ex parlamantario vallecaucano Teodolindo Avendaño fue llamado a juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho propio.
Siguiendo al pie de la letra el episodio mencionado, en desarrollo del trámite de la iniciativa legislativa que convoca el referendo reeleccionista, podríamos estar asistiendo a la reedición del capítulo de marras, señaló Wilson Borja, del Polo Demodrático Alternativo. La Corte tiene la palabra.

Prensa.
prensaborja@gmail.com
1 3823506 – 3823507 – 3823512

Respuesta a Gustavo Petro.

2008-12-29T06:29:00.000-08:00

Del Procurador y otras debilidades

La elección de Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación abrió un debate que ocupó a la opinión pública nacional al cierre de 2008, acerca de su conveniencia frente al Ministerio Público, dadas sus particularísimas condiciones. Más allá de sus indiscutibles calidades académicas y experiencia profesional, la contradicción aparente de sus sentencias y sus creencias religiosas, filosóficas y políticas lo imposibilitan para ejercer con imparcialidad y objetividad la guarda y promoción de los derechos humanos. Exigen que su ejercicio se oriente a la protección de todos los colombianos sin distingos de raza, credo religioso y político o sexo.

En columna publicada en el periódico El Tiempo, titulada “El voto por el nuevo Procurador”, el senador Gustavo Petro pretende justificar su voto y hace una defensa de oficio del Procurador electo aduciendo como razones fundamentales para su decisión que “Alejandro Ordóñez, motu proprio, expresó su deseo de interpretar nuestro interés en la defensa de la Constitución del 91 y en especial de los derechos humanos y del medio ambiente ”.

La mala memoria acompaña al Senador Petro cuando afirma que “en solitario inicié el debate contra el paramilitarismo ”, olvidando quién abrió la discusión acerca de la infiltración paramilitar en las instituciones del Estado en la Cámara de Representantes, cuando todos callaban. Agrega Petro que sellará los acuerdos necesarios con quienes se comprometan a “…consolidar nuestro sueño de hacer prevalecer la democracia, derrotar las mafias que se tomaron al Estado y sacar a Colombia de la guerra ”. Si en realidad estas razones fueron las que lo animaron a votar por el nuevo Procurador General de la Nación, habría apoyado un candidato distinto al doctor Ordóñez, quien para nada representa ni aquello por lo que dice luchar, menos aún la filosofía y el ideario de unidad del Partido por el cual fue elegido senador.

El doctor Ordóñez ha tenido extrañas posturas jurídicas en relación con el estado mafioso en cuya derrota dice estar comprometido Gustavo Petro. Hace algunos años votó a favor de la pérdida de investidura del hoy ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio. Algunos pasajes son recordados por el consejero Marco Antonio Velilla: “…Ordóñez sostuvo que en el caso de Fabio Valencia éste debía perder su investidura porque participó en las negociaciones de paz con las FARC, al tiempo que se desempeñaba como parlamentario”. El Consejo de Estado, sin embargo, no sancionó a Valencia. Por lo que Alejandro Ordóñez reaccionó en ese momento manifestando que “La sentencia parece plasmar un peligrosísimo antecedente mediante el cual todo ordenamiento jurídico podría ser desconocido so pretexto de la paz, lo cual está abriendo la compuerta a las más escandalosas decisiones judiciales ”.

En 2007, en evidente contradicción con el pronunciamiento señalado defendió la investidura del entonces senador William Montes de Oca por haber firmado el llamado Pacto de Ralito, como tampoco se declaró impedido para discutir la Ley de Justicia y Paz. Cuando Cecilia Orozco intentó entrevistarlo para el diario El Espectador, en relación con esta polémica sentencia “prefirió no hablar y en cambio envió párrafos sustanciales del fallo ”, donde entre otros sostiene que “…La firma del pacto de marras (Ralito) … aunada a la efectiva participación del congresista (Montes de Oca) en el trámite de la Ley de Justicia y Paz, no configura por sí sola, dentro de este proceso constitucional de pérdida de investidura, causal alguna que determine el levantamiento de ella…” .

Más adelante señala: “(sin embargo) la reunión de congresista con grupos al margen de la ley para refundar la patria y firmar un nuevo contrato social, resulta censurable no sólo por la investidura ostentada… sino por el desbordamiento institucional que ello supone…”. . Como por fue conocido, el Consejo de Estado negó la pérdida de investidura de Montes.

A semejantes perlas tendríamos que sumar sus posturas ideológicas, filosóficas y religiosas; más que hacer parte de su fuero íntimo parecen haberle servido como marco conceptual de sus actuaciones públicas. Para el doctor Ordóñez el reconocimiento de los derechos individuales de los colombianos consagrados en la Carta Magna son casi un despropósito, haciendo honor a Carlos Ignacio Massini, quien en su libro “La desintegración del pensar jurídico en la edad moderna” llama a “dar la espalda a los mitos y conjuros del pensamiento moderno e iniciar la marcha hacia la caverna, donde nos espera la luz que dimana de la verdad objetiva… ”(¡!).

Está al orden del día la amenaza de que el Ministerio Público en los próximos años se dedique a “purificar” las almas y repetir la “hazaña” que en 1982 protagonizó Ordóñez en la Biblioteca Municipal de Bucaramanga, cuando la asaltó para verificar el contenido de los libros que allí reposaban y, como en los “mejores” tiempos de las camisas negras italianas o pardas alemanas, hacer una hoguera con ellos. Entre tanto, los conflictos terrenales serán asuntos menores, dejados a los estrados judiciales o resueltos desafortunadamente a través de la justicia privada.

Bogotá D.C., diciembre de 2008.

Wilson Alfonso Borja Díaz

1. Tomado de www.eltiempo.com, 18 de diciembre de 2008.
2. Ibídem.
3. Ibídem.
4. Tomado de www.elespectador.com, 14 de noviembre de 2008.
5. Tomado de www.elespectador.com, 29 de noviembre de 2007.
6. Ibídem.
7. Ibídem.
8. Texto citado por Alejandro Ordóñez en “Hacia el libre desarrollo de la Personalidad o el fundamentalismo libertario de la Corte Constitucional”, Universidad Sergio Arboleda, 2003, pg. 35.
9. Revista Semana, edición 2008.

Lanzamiento de libro, Coopdesarrollo

2008-11-29T04:07:00.000-08:00

¿LIQUIDACIÓN O DESPOJO?

Miércoles 10 de diciembre, Centro Cultural García Márquez, Bogotá, D.C.

Una investigación adelantada por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes bajo el amparo del Artículo 137 de la Constitución Nacional, hasta ahora utilizado como eficaz herramienta que trasciende el tradicional control político del Legislativo. Las pesquisas obligaron rendir declaraciones incluso a funcionarios del sector privado y develaron la magnitud del despojo en detrimento de la entidad cooperativa y sus miles de asociados, de manera que la Supersolidaria se vio forzada a levantar la liquidación ordenada en 2005. Ahora deben reabrir la Central Cooperativa Coodesarrollo, con $153.000 millones en activos después de sanear sus finanzas.

Quien gestó y lideró la investigación, el congresista del Polo Wilson Borja, ofrece la sistematización a investigadores y estudiosos de los fenómenos económicos y sociales del país. Texto de enorme vigencia en momentos de pirámides y explosiones sociales, de alguna forma explicables a la luz de la voracidad del capital financiero y el debilitamiento inducido del sector solidario y cooperativo como alternativa a la ruleta del capital.

Presentación a cargo del dr.
CARLOS OSSA ESCOBAR
Ex Contralor General de la Nación
Rector Universidad Distrital

Lugar y hora :
Centro Cultural Gabriel García Márquez 6:00 P.M.
Cl. 11 5 - 60, Bogotá, D.C. (Calle de La Enseñanza)
Copa de vino

Favor confirmar asistencia a los teléfonos 3822506, 3823507, 3823512

Súmate a la consulta interna del Polo Democrático Alternativo, PDA.

2008-10-24T10:40:00.000-07:00

PREPARÁNDONOS PARA GOBERNAR

Vota bien éste domingo 26 de octubre, apoya el cambio, la consecuencia y la esperanza: vota 106, la lista Distrital encabezada por el representante a la cámara por Bogotá Wilson Borja, el concejal Jaime Caycedo, la edilesa y presidenta del Consejo Territorial de Planeación del Distrito Ana María García y, entre el numeroso y selecto abanico de luchadores y soñadoras populares, el ex Secretario Distrital de Salud, Román Vega Romero.

Lista Distrital: 106.
También, el líder sindical Héctor Bermúdez.

Lista Nacional: 14.

Con Las Glorias: Gloria Inés Ramírez y Gloria Cuartas.

Lista Juvenil: 70.

Con Pável Santodomingo y Martha Carvajalino.

La criminalización de la oposición en Colombia

2008-10-22T18:57:00.000-07:00

Tanto los memorandos ocultos del DAS como la detención de dos de los integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Alexander López en Cali, escenario de imponentes movilizaciones obreras e indígenas, configuran la política de “criminalización de la oposición”, que orienta el gobierno central en cabeza del Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Así lo consideró el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Wilson Borja Díaz, quien se sumó a las críticas contra las actuaciones de los organismos de inteligencia del Estado develadas en el Congreso de la República. Constituyen graves atentados contra los derechos constitucionales de los colombianos.

Lo menos que merece la opinión pública es la destitución de la directora del Departamento Administrativo de Seguridad, María del Pilar Hurtado. No basta con el retiro del jefe de inteligencia de ese organismo, Jaime Fernando Ovalle, quien suscribe las circulares de carácter reservado por medio de las cuales se ordena investigar todo lo relacionado con los dirigentes y activistas del partido de oposición, el PDA, con tres años escasos de existencia y una docena de líderes asesinados. “Ovalle simplemente obedece órdenes”, señaló el parlamentario.

De continuar este tipo de situaciones, “muchos de nuestros compañeros y compañeras van a tener que abandonar el país por falta de garantías, con los paramilitares sueltos que ahora usan el nombre de Gaitán, las llamadas ‘Águilas negras’ haciendo de las suyas y, de repeso, los organismos de seguridad del Estado completando la obra”.

Borja Díaz reivindicó el derecho al ejercicio de la oposición política en el país y clamó porque cese la cacería de brujas que viene desatándose contra el movimiento social y popular en el país. Los corteros de caña, parte de las nuevas legiones de esclavos en Colombia, tienen derecho a luchar por sus justas reivindicaciones, como igual lo vienen haciendo los funcionarios y empleados de la rama judicial, de la DIAN, los camioneros y taxistas, los trabajadores del campo y de la ciudad, estudiantes y profesores, futbolistas y meretrices.

“Y los parlamentarios del pueblo lo menos que estamos obligados hacer es acompañar tan justos movimientos, sin que le echen mano a nuestros colaboradores”, concluyó.

Prensa.

Política de Seguridad Democrática y reclutamiento de jóvenes en Soacha y Bogotá.

2008-10-11T04:05:00.000-07:00

Las monstruosidades de los “falsos positivos”

Por Wilson Borja*[i]

Sean 11, 21, 26 o 48 la cantidad de jóvenes desaparecidos en Bogotá en lo corrido del año y casuísticamente hallados en fosas comunes de Ocaña, Cimitarra o Montería, lo cierto es que desde hace mucho tiempo se venía hablando de ese fenómeno en el Distrito Capital. La crónica de estas muertes también había sido anunciada. Y no propiamente por cualquier ciudadano de a pie, de aquellos tantos que durante los últimos años se han partido la garganta gritándole al país y al mundo las irregularidades acontecidas en Norte de Santander, Arauca o tantas otras partes del territorio nacional.

Por la investidura de quien realizaba las denuncias, fue echado por la puerta de atrás de la institución y declarado inepto –uniformado de mala conducta– justamente tres días después de que acudiera a la Procuraduría regional con una bomba noticiosa que los mandos lograron capotear tras descalificarlo como lo hicieron. Pero, efectivamente, el sargento de la XV Brigada del Ejército, Alexander Rodríguez Sánchez, no solo tuvo el coraje de denunciar a finales de enero de este año la cadena de crímenes cometidos por sus compañeros de armas contra campesinos y hombres y mujeres inermes, sino que terminó anunciando los asesinatos que se perpetuarían de nuevo en inmediaciones de Ocaña. El móvil utilizado: guerrilleros dados de baja en “combate”. Entre los incentivos empleados: cinco días de descanso por cada “baja” y la acumulación de puntos para los posteriores ascensos.

Por eso cuando el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a mediados del mes pasado soltó una perla como salida de tono, sentenciando que “me dicen que todavía hay reductos de fuerza pública que están exigiendo como resultado cuerpos. Yo me resisto a creer que eso sea cierto”, para muchos de nosotros quedó en claro que algo grande se estaba cocinando, con la participación activa de las Fuerzas Militares y el alto gobierno. De manera pues que cuando el mes anterior se destapó la olla de los jóvenes que desaparecieron de Bogotá sin más ni más, siendo humildes trabajadores muchos de ellos, la opinión pública nacional ya tenía indicios de la noticia que nos darían.

Los jóvenes fueron ejecutados a 480 kilómetros de distancia de Bogotá y Soacha, dos o tres días después de reportarse como desaparecido. Si estaban siendo “reclutados”, ¿tan rápido recibieron el entrenamiento del caso como para salir a “enfrentar” la fuerza pública?

¿Y qué decir del joven con problemas de retardo que igual desapareció en las goteras del Distrito Capital y fue hallado bajo sepultura en una fosa común en Ocña?

De los demás jóvenes que corrieron similar suerte seguramente nuestras autoridades seguirán insistiendo en su “altísima” peligrosidad, dado que registraban una o dos entradas a la cárcel o las comisarías de policía acusados de hurto, inasistencia alimentaria o consumo de marihuana, entre otras transgresiones, cuando en términos reales el problema de fondo está justamente al otro lado de donde pretenden colocar el foco de los grandes medios: los impresionantes niveles de abandono, miseria y desamparo en que se encuentran las comunidades que habitan, convertidas hoy en los mayores receptores de desplazamiento del país.

Allá, en Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá reina la radiografía de la Colombia que en este recinto tanto reclamamos para regocijarnos con nuestros electores. Es la Colombia del acorralamiento y la falta de oportunidades, donde las únicas ofertas de “empleo” corren por cuenta de la guerra: bien del lado de las filas de las Fuerzas Militares, bien de parte de las agrupaciones al margen de la ley, como el paramilitarismo, la guerrilla o, simplemente, la delincuencia común. Lo de menos es quién continúa reclutando hombres y mujeres para lo que sea, lo importante es por qué esos hombres y mujeres son caldo de cultivo para lo que sea.

En las localidades de Bogotá y Soacha desde hace tiempo muchos de sus habitantes se ven obligados a sacar de sus casas los hijos que van llegando a los 11 y 12 años, por temor a que sean reclutados para la guerra o, igual, por miedo a verlos convertidos en blancos de pistoleros de toda clase y calaña, víctimas de los descuartizadores y mocha-cabezas que en muchos casos los sacaron corriendo de sus lugares de origen. Algo que no puede seguirse ocultando. ¿Cuánto hace que la gente viene denunciando la realización de patrullajes, implantación de medidas restrictivas y la comisión de asesinados selectivos y colectivos, sin que reconozcamos que el conflicto atenaza al Distrito Capital?

La práctica de “reclutar” aquí para asesinar allá y arrojar los cuerpos a los buitres o a los cocodrilos o babillas no es nueva. Al compañero Guillermo Rivera, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Contraloría de Bogotá, lo sepultamos hace apenas tres meses aquí en el Cementerio Central, después que lo habían secuestrado el 22 de abril del año en curso en cercanías a su apartamento en el conjunto residencial Tunal, al sur de la ciudad. Su cuerpo apareció, como los jóvenes de Ocaña, sepultado como N.N. en Ibagué, departamento del Tolima. Con impresionantes signos de tortura en su cuerpo. ¡Solo faltó que lo reportaran como “subversivo dado de baja en combate”!

Las denuncias del Sargento Rodríguez no solo eran ciertas: los hechos que le sucedieron terminaron por corroborarlas, así sus superiores las hubieran descalificados. Ya estamos acostumbrados a eso.

Y si no, recordemos las masacres de Cajamarca, donde el 10 de abril de 2004 cayeron vilmente asesinados cinco jóvenes campesinos, un bebé de seis meses entre ellos, quienes fueron presentados ante los medios como peligrosos guerrilleros dados de baja “en combate”. Trataban de llegar hasta el pueblo en búsqueda de un médico para el niño, y el propio Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, viajó hasta allá a poner el pecho y cara por los uniformados bajo su mando. Por la masacre de otros cuatro campesinos de ese mismo municipio, perpetrada en la vereda de Potosí entre los días 2 y 6 de noviembre de 2003, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra seis integrantes del Batallón de Contraguerrilla “Pijaos” de la Sexta Brigada, incluidos el sargento segundo Wilson Casallas Suescún y cabo tercero Oscar Javier Ángel González.

En Guaitarilla, Nariño, sucedió igual tras la masacre del 19 de marzo de 2004. También en Arauca varias veces, como cuando el Ejército acribilló tres líderes sindicales, presentados ante la opinión pública como guerrilleros en ejercicio, por el propio vicepresidente Francisco Santos, hechos por los cuales la Nación terminó condenada.

La práctica de los llamados “falsos positivos” enluta y avergüenza la nación, también indigna la opinión pública internacional.

El último estudio de la Comisión Colombiana de Juristas y la Escuela Nacional Sindical, el cual está siendo estudiado por la Comunidad Europea, revela que durante estos primeros cinco años de la administración Uribe Vélez –exactamente entre julio de 2002 y diciembre de 2007– se habían cometido 1.122 crímenes bajo la modalidad de ejecuciones extrajudiciales o los llamados “falsos positivos”, sin sumar los jóvenes de Bogotá y Soacha, tampoco el crimen de Guillermo Rivera y tantos otros que permanecen en el anonimato. Un 67.71% más, comparado con las víctimas ocurridas entre enero de 1997 y junio de 2002, cuando se registraron 669 “falsos positivos.”

El mismo estudio revela el incumplimiento de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas por parte del Estado Colombiano, cuando señala:

“La CCJ ha registrado entre julio de 2002 y diciembre de 2007 por lo menos 13.634 personas que perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica, es decir un promedio de 7 personas cada día. De esas 13.634 personas, 1.477 fueron desaparecidas forzadamente. En los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico de las violaciones (8.049 casos), el 75.4% se atribuye a la responsabilidad del Estado, por perpetración directa de agentes estatales (17.53%, 1.411 víctimas) o por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares (57.87%, 4658 víctimas). A los grupos guerrilleros se les atribuye la presunta autoría del 24.59% de los casos (1.980 víctimas).

Ejecuciones extrajudiciales.
“Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente” (artículo 6, PIDCP)

Entre julio de 2002 y diciembre de 2007, se han registrado por lo menos 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública, un aumento del 67.71% comparado con el quinquenio anterior (enero 1997-junio 2002) durante el cual se habían registrado 669 casos.

Se pueden identificar varios patrones comunes en la comisión de esas violaciones por la Fuerza Pública: 1) las víctimas son presentadas como guerrilleros dados de baja en combate; 2) se altera la escena del crimen y se manipulan las pruebas antes del levantamiento del cadáver y 3) en la mayoría de los casos, la justicia penal militar asume las investigaciones[1]. Muchas veces las personas son asesinadas después de haber sido detenidas arbitrariamente y de haber sido señaladas por informantes que, a cambio de su denunciación, reciben beneficios económicos y/o judiciales. En varios casos, las personas son víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes antes de ser ejecutadas. Una misión internacional de observación en octubre de 2007 estableció que generalmente las víctimas son campesinos, líderes comunitarios, indígenas, mujeres, niñas y niños, testigos de violaciones a los derechos humanos y personas socialmente marginadas como la población desplazada[2].

Desapariciones forzadas[3]
En Colombia, las desapariciones forzadas no son un hecho aislado sino una práctica sistemática y generalizada[4]. Entre julio de 2002 y diciembre de 2007, la CCJ ha registrado 1.477 casos de desapariciones forzadas. La gran mayoría de estas violaciones han sido perpetradas por agentes estatales o por paramilitares que actúan con la complicidad de la Fuerza Pública, tal y como lo ha señalado el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas en reiterados informes sobre la situación de Colombia[5]. Muchos de los desaparecidos son mujeres y hombres líderes sociales y comunitarios, defensoras y defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones sindicales.

La Fiscalía ha afirmado que tiene conocimiento de al menos 4.000 fosas[6], de las cuales se han hallado 1.289 en donde se han exhumado 1.555 cadáveres. Sin embargo, el hallazgo de esas fosas no constituye por sí solo un avance efectivo en la búsqueda de personas desaparecidas, puesto que el principal objetivo de las exhumaciones es realizar la identificación plena, para posteriormente poder hacer entrega del cuerpo a los familiares. De los cuerpos exhumados a diciembre de 2007, solamente 215 han sido identificados plenamente[7] porque, en la mayoría de los casos, la Fiscalía no establece quién es el individuo al que se pretende encontrar previamente a la exhumación, no efectúa la exhumación de manera rigurosa y no hace un manejo adecuado de los restos óseos y demás evidencias, a pesar de que ese es el procedimiento que debe observarse de conformidad con los protocolos internacionales sobre la materia, y con el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Detenciones arbitrarias

Los registros de detenciones arbitrarias muestran un incremento dramático a partir del año 2002. Entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004, por lo menos 6.332 personas fueron detenidas arbitrariamente por agentes del Estado. Entre el 7 de agosto de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, por lo menos 2.227 personas fueron privadas de la libertad de manera arbitraria. De ellas, 197 eran mujeres y 142 eran niñas y niños. El incremento de esta violación ha sido consecuencia de la política de “seguridad democrática” que ha promovido las detenciones masivas e individuales sin orden judicial por parte de la Fuerza Pública. A pesar de que las normas que otorgaban facultades de policía judicial a la Fuerza Pública han sido declaradas inconstitucionales[8], las estadísticas recientes en materia de detenciones arbitrarias muestran que la Fuerza Pública sigue haciendo uso de estas facultades de manera ilegal.

“Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones” (artículo 19, PIDCP)

Los obstáculos al ejercicio legítimo de defensa de los derechos humanos en Colombia siguen siendo una realidad que toma múltiples formas. En el último año (abril de 2007 y marzo de 2008), la CCJ ha registrado que por lo menos 14 defensoras y defensores de derechos humanos han perdido la vida por fuera de combate, es decir en la calle, en su casa o en el lugar de trabajo. En los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico de las violaciones, el 100% de los casos se atribuyeron a la responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 42,85% (3 víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares, el 57,14% (4 víctimas).” HASTA AQUÍ LA CITA del texto en referencia.

Ahora, estas situaciones son tan evidentes que todo el mundo corre a tratar de echarle mano al asunto, para manosearlo, claro está, en desarrollo de esa campaña de desinformación y poder que se mueve bajo la mesa. Llama la atención que el personero de Soacha haya sido convocado a la oficina del Consejero José Obdulio Gaviria, y no a las dependencias del Ministerio de Defensa, cuyo titular aparece retando aquellos uniformados empeñados en escalar a punta de falsos positivos. La famosa Operación Jaque que tanto rédito le ha dado al ministro Santos, precandidato presidencial, palidece frente al poder del consejero José Obdulio.

Estos actos de monstruosa violencia parecen obedecer más a una calculada estrategia de desaparición forzada con fines criminales, como valerosamente lo señaló la Secretaria de Gobierno de Bogotá, doctora Clara López, nada raro dado el historial de violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, que ha abiertos procesos de reclutamientos adelantados por las re-emergentes o nunca extinguidas ni desmovilizadas bandas.

Tan sólo dos o cuatros días habían transcurrido desde el momento de su desaparición cuando éstos entraban como occisos a Medicina Legal en la provincia de Ocaña, Norte de Santander. El reporte de la Brigada Treinta con sede en esta misma jurisdicción del país y comandada por el General Paulino Coronado en su día —y así lo ratificó— fue que, “los muertos en combate eran miembros de un grupo paramilitar —ocho al menos—y uno del ELN, y que los mismos se habían producidos en los municipios de Ábrego, Villa Caro y Ocaña”. Asimismo señaló que, “el CTI y la Fiscalía certificaron el levantamiento de los cadáveres y no hallaron ninguna irregularidad”.

Y si la Brigada Treinta está involucrada con lo que presumiblemente pueden ser ejecuciones sumariales en relación con los jóvenes capitalinos, no menos cierto es que a ésta misma Brigada se le señala de haber asesinado entre los meses de junio y agosto de este mismo años a cuatro personas oriundas del Sur del Cesar —Aguachica y Gamarra—, dos de ellas con disfuncionalidades psíquicas, y una, incluso, soldado profesional adscrito a la Brigada Móvil 22, quienes según el parte de la institución castrense fueron reportados como muertos en combate y miembros del ELN y de las FARC respectivamente.

Con esta máquina de asesinar inocentes y pasarlos como miembros de organizaciones insurgentes es posible entender entonces por qué de modo entusiasta los militares colombianos y el mismo Presidente Uribe suelen decir con mucha pomposidad que están venciendo a la insurgencia y que la Seguridad Democrática está dando sus frutos.

Dentro de esta vorágine de sufrimiento y dolor, sin embargo, la Brigada Treinta no es la única que se une a la comparsa y al ritual de muerte. La Décima Primera Brigada que surgió en la primavera de 1987 y acompañó a la horda de los Castaño Gil, primero a Fidel, luego a Carlos y últimamente a Vicente, y también a Mancuso y demás, parece que en esta ocasión está comprometida con este tipo de actos.

Hoy se conoce que de los barrios de invasión que cercan a Montería, ciudad repleta de desplazados/as de Urabá, sur de Córdoba y otras zonas del sur del caribe, han salido jóvenes con el objeto de ganarse la vida en otras regiones del país. Al igual que los jóvenes bogotanos, al poco tiempo de desaparecidos éstos se reportan sus muertes en combate con las Fuerzas militares en sitios alejados de sus maltrechos lugares de residencia. El hecho de Córdoba, el de Tolú Viejo, el de Urabá, el de Pereira y de Bogotá y Soacha, últimamente, vienen a señalarnos que éstos crímenes son una estrategia con cobertura nacional y propósitos bien definidos. Entre ellos, mostrar resultados en la lucha contra la insurgencia o contra el paramilitarismo y afianzar por esta vía la idea de que en el país hoy impera la ley y la seguridad y de que el actual gobierno es prenda de garantía en el poder. Y donde las cosas estén débiles, entonces militarizar todavía más.

De Córdoba han salido jóvenes que luego han sido asesinado en otros sitios o han llegado jóvenes de otros lugares que poco tiempo después han terminados ultimados. Hace pocos la Fiscalía Regional de Derechos Humanos dictó medida judicial contra varios miembros del Batallón de Infantería Junín, en especial contra el Teniente Edgar Andrés Santos y contra los soldados profesionales Oscar Javier Berrío, Jorge Rivera, Henry Serpa, Gustavo García y Juvenal Carvajal, tras comprobar que éstos militares habían participado el 17 de febrero del 2006 en el asesinato en Montería de Jhon Camargo y Darwin Rivera, oriundos de Caucasia y quienes se habían trasladado a Montería bajo la promesa de ganarse un millón de pesos como cuidanderos de una finca.

Los jóvenes fueron reportados el 18 de febrero de ese año como muertos en combate. Por este caso la Fiscalía detuvo a Jhonattan Barrio Bautista, quien acogiéndose a sentencia anticipada señaló que él era el encargado de contactar a jóvenes de barrios humildes para que vinieran a trabajar a Córdoba, pero, que luego, los jóvenes pasaban a manos de un personaje conocido con el alias de Bebé.

A los casos de Bogotá, Córdoba, Sucre y demás hay que sumarle el de Casanare, que puede ser uno de los primeros en denunciarse bajo esta modalidad. El hecho de Casanare comprometió a todo el Grupo de Antisecuestro del Ejército, GAULA, y sobre el cual el Juez Primero de Villavicencio dictó medida de aseguramiento en noviembre del año anterior contra su Comandante, mayor Gustavo Soto y también contra el teniente Jhon Suancha, el cabo Segundo Gelver Pérez y varios soldados profesionales más. La razón: desaparición forzada y posterior crimen de Eduardo Pérez Vega, quien fue sacado de de Villavicencio terminó pocas horas después reportado como muerto en combate entre el ejército y las cuadrillas 27 y 28 de las FARC en Corozal, Casanare.

¿En qué quedan entonces las bondades de la política de Seguridad Democrática del Presidente Uribe?

[1] Ver párrafo 24 del Informe sobre la situación de derechos humanos de la Alta Comisionada, A/HRC/7/39 del febrero de 2008. Ver también el informe de la misión internacional de observación sobre ejecuciones extrajudiciales e impunidad, Bogotá, julio de 2007.
[2] Para mayor información, ver el informe final de la Misión Internacional de Observación sobre ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia, julio de 2007.
[3] El presente capítulo tiene como fuente principal el libro: Colombia: El espejismo de la justicia y la paz. Balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005. Comisión Colombiana de Juristas. 2007, págs. 152 y ss.
[4] Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/7/39, párr. 29.
[5] Al respecto ver: E/CN.4/1998/43 párr. 136 Y 137; E/CN.4/1999/62 párr. 83 y 84; E/CN.4/2000/64 párr. 33 y 35; E/CN.4/2001/68 párr. 47 y 49; E/CN.4/2002/79 párr. 92 y 93; E/CN.4/2003/70 párr. 73, 74 y 76; E/CN.4/2004/58 párr. 83, 84 y 86.
[6] Fiscalía General de la Nación, comunicado de 30 de enero de 2007, “Hay mas de 4000 fosas ubicadas”, http://fiscalia.gov.co.
[7] Ver http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/EXH/EXHUMACIONES.htm.
[8] El decreto 2002 de 2002 que creó las “zonas de rehabilitación y consolidación” en tres departamentos del país (declarado inconstitucional en varios de sus artículos por la Corte Constitucional en su Sentencia C-624 del 26 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra, y el Acto Legislativo nº 2 de 2003 que reformó los artículos 15, 24,28 y 250 de la Constitución Política de Colombia para enfrentar el terrorismo. (Acto Legislativo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-816 de 30 de agosto de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes.

[i] Intervención del Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, PDA, durante el debate suscitado en esa corporación la noche del 8 de octubre de 2008.

Por la Unidad del PDA, sin sectarismos y sin ambigüedades, 106.

2008-09-16T02:55:00.000-07:00

¡Somos Polo Alternativo Unido!

El domingo 26 de octubre, en desarrollo de las elecciones internas del PDA, la invitación es a respaldar la lista distrital número 106, Somos Polo Alternativo Unido, la cual hace equipo con la lista nacional liderada por “Las Glorias del Polo”, la senadora y líder sindical Gloria Inés Ramírez, y la ex alcaldesa de Apartadó y humanista Gloria Cuartas. Las dos listas serán cerradas, sin voto preferente.

La lista unitaria de la izquierda en Bogotá es liderada por el representante a la Cámara Wilson Borja; el Concejal y secretario general del PCC, Jaime Caycedo. el médico del movimiento "Salud para todos" y ex Secretario de Salud del Distrito, Román Vega; la joven edil de Usaquén y presidenta del Consejo Territorial del Distrito, Ana Maria García; el directivo de Sintratelefonos Henry Moreno y, entre otros compañeros y compañeras más, el fiscal de la Asociación de Educadores, ADE, William Agudelo.

Entre el centenar de dirigentes políticos y sociales de la ciudad que integran la lista de Somos Polo Alternativo Unido figura una selecta nómina de ediles de las localidades del Sumapaz, Misael Baquero y alexander Guzman; Usme, Mauricio Rey; Antonio Nariño, Victor Silva; y Teusaquillo, Quena Ribadeneira.

También se encuentra una decena de ex candidatos a las Juntas Administradoras de las localidades de Engativá, Ciudad Bolívar, Kénnedy, Bosa, Puente Aranda y Suba, así como dirigentes de la subdirectiva de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Héctor Bermúdez y Alfonso Ahumada; el presidente sindical, Jorge Laverde, también líderes de la ADE y las cooperativas del magisterio, Isaías Garzón, y directivos de Sintradistritales, y de la Organización Colombiana de Pensionados, como el compañero Juan Salguero.

Así mismo, en la Lista 106 sobresalen voceros y voceras de las organizaciones de desplazados y víctimas de la violencia de la talla de Sara Juanías; de la población discapacitada y artistas, Francisco Martinez; dirigentes del movimiento estudiantil universitario y de secundaria. En Somos Polo Alternativo Unido también se encuentran cuadros y líderes del Partido y la Juventud Comunista de la talla de Gabriel Becerra y Martha Carvajalino; del MODEP, Manuela Avellaneda; del Movimiento por la Constituyente Popular, MCP, Mauricio Álvarez; Otra Colombia es Posible , co María Clara Plata; Asamblea Sur , y importantes líderes sociales que en conjunto logran una amplia presencia y representatividad en las 20 localidades del Distrito Capital.La lista unitaria y cerrada no significa un simple acuerdo electoral. Constituye la representación de una visión política sobre los debates actuales de la ciudad y el país, en especial sobre el papel de la izquierda y del PDA como opción de gobierno y de poder para Colombia, frente a la grave crisis generada por el régimen actual.

Presupuesto del 2009 NO busca la defensa de la Política Social

2008-08-27T05:59:00.000-07:00

El gobierno presentó un presupuesto de 104.5 billones de pesos, presupuesto “austero”, que plantea como objetivo fundamental “la defensa de la política social”. Esto no es serio; no es cierto que se esté dando prioridad a la inversión social. El país debe conocer en qué se está gastando el presupuesto nacional y a qué sectores se beneficia realmente. Los colombianos debemos entender que la Política Social es un concepto que entraña los principios de respeto a la diversidad, de participación efectiva, orientada a reducir la desigualdades y a construir democracia, un concepto que va mas allá de programas asistencialistas que con paños de agua tibia intentan remediar problemas estructurales de nuestra economía.

Una lectura del presupuesto muestra que los mayores rubros son para el ítem "funcionamiento", con unos 40 mil millones de dólares, seguido del "servicio de la deuda" (21 mil millones de dólares) e "inversión" (17 mil millones de dólares).

Funcionamiento presenta un crecimiento del 14,4% debido al aumento de 11,5% en las partidas para gastos de personal, y de 7,2% en gastos generales debido a los mayores gastos de personal de la Justicia, el aumento en la planta de la Fiscalía General, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), las leyes de infancia, justicia y paz, y de pequeñas causas. Como se observa, el aumento se presenta en el aparato represivo. Sectores como salud, educación y servicios básicos son objeto de la privatización.

En el rubro de inversión se destaca el que el gobierno destinará unos 11 mil 428 millones de dólares en la denominada Política de Seguridad Democrática. El propio Departamento de Planeación Nacional, DNP, admitió que un 16% del presupuesto de inversión estará destinado al sector defensa con el objetivo de dotar a recursos a la fuerza pública para cumplir con las metas trazadas en este frente. Y no hay de qué sorprenderse, pues ésta asignación va en correspondencia con lo señalado en el mensaje presidencial en que textualmente se afirma: “Se requiere aumentar la capacidad de movilidad y transporte aéreo, fortalecimiento de la fuerza pública, mantenimiento de las capacidades estratégicas y fortalecimiento de la inteligencia estatal, incluyendo la reforma del DAS”. La pregunta que nos surge es por qué a medida que disminuyen los grupos armados irregulares paradójicamente aumenta el pie de fuerza. Así en el periodo 2002-2007 los 160 mil soldados combatían a 12 mil 175 integrantes de las AUC, es decir, 4.9 soldados por cada combatiente irregular. Al finalizar el año 2007, por cada guerrillero había 15.5 soldados, cuando las teorías de las guerras de guerrillas consideran apropiado 10 regulares por cada irregular. En el año 2008, de acuerdo con el Herald Tribune, el pie de fuerza había aumentado a 254 mil 300 efectivos, sin incluir la policía, el número de guerrilleros al finalizar el 2007 era de 12 mil 499, lo que lleva a una cifra de 20.34 soldados para combatir cada guerrillero.

Todo lo anterior deja claro que el gobierno no va a dar marcha atrás en su política de guerra y por eso gran parte de los recursos estarán destinados a la modernización del aparato militar y el desplazamiento de tropas. Definitivamente se está dando más prioridad a la guerra que a programas de empleo, salud y educación.

Y como una de las “prioridades” para el 2009 es la inversión social, se destinarán más recursos para atender que el Gobierno considera los programas más importantes, dentro de los cuales el que tiene mayor crecimiento es de Familias en Acción, seguido de la vinculación de familias desplazadas y reparación de víctimas.

Sin embargo, en los ámbitos más tradicionales de las políticas públicas, y por tocar sólo un tema, en la generación de empleo, ¿cuál es la estrategia?, Colombia tiene la tasa de desempleo más alta de las siete economías grandes de América Latina y la solución a ésta situación pasa por reformas del mercado laboral, no subsidios que tienden a perpetuar situaciones de dependencia. En política social, Uribe ha enfatizado una serie de programas asistencialistas que intentan remediar mediante transferencias directas la exigua generación de empleo formal en el país cafetero. ¿Cuál presidente de América Latina aparece cada semana en largos programas de televisión, visitando algún municipio, respondiendo preguntas de la comunidad, regañando a sus ministros públicamente, destituyendo y deteniendo ilegalmente a funcionarios sin darles oportunidad de responder a las acusaciones que hace el público? ¿Cuál presidente termina asignando sumas importantes del presupuesto mediante estos “shows televisivos”?

Según el organismo estatal, unos 6 mil millones de dólares estarán dirigidos a reducir el índice de pobreza en Colombia, que supera el 42 por ciento del total de la población, unos 17 millones de colombianos. Realmente creo que no es ésta cifra congruente con un presupuesto que busca la dignidad y equidad de los colombianos.

El presupuesto presentado es la puesta en mancha de políticas que durante años han azotado a las clases menos favorecidas del país, propuestas tendientes a recortar el gasto social y aumentar los rubros destinados a atizar el conflicto armado. El debate presupuestal ha estado rodeado de cifras arregladas “verdades mentirosas” que buscan demostrar a la ciudadanía que las cosas en materia fiscal andan bien. Lo que es innegable es que algo anda mal en la economía de este país que puede mantener simultáneamente crecientes cinturones de miseria y grandes cifras de crecimiento, y mejoramiento de indicadores sociales, cuando en la práctica real es claro que hay gobierno para todo menos para gastos que contribuyan a mejorar la equidad y el acceso de los colombianos a mínimos materiales dignos.

Presupuesto del 2009 NO busca la defensa de la Política Social

2008-08-27T05:57:00.000-07:00

Funcionamiento presenta un crecimiento del 14,4% debido al aumento de 11,5% en las partidas para gastos de personal, y de 7,2% en gastos generales debido a los mayores gastos de personal de la Justicia, el aumento en la planta de la Fiscalía General, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), las leyes de infancia, justicia y paz, y de pequeñas causas. Como se observa, el aumento se presenta en el aparato represivo. Sectores como salud, educación y servicios básicos son objeto de la privatización.

En el rubro de inversión se destaca el que el gobierno destinará unos 11 mil 428 millones de dólares en la denominada Política de Seguridad Democrática. El propio Departamento de Planeación Nacional, DNP, admitió que un 16% del presupuesto de inversión estará destinado al sector defensa con el objetivo de dotar a recursos a la fuerza pública para cumplir con las metas trazadas en este frente. Y no hay de qué sorprenderse, pues ésta asignación va en correspondencia con lo señalado en el mensaje presidencial en que textualmente se afirma: “Se requiere aumentar la capacidad de movilidad y transporte aéreo, fortalecimiento de la fuerza pública, mantenimiento de las capacidades estratégicas y fortalecimiento de la inteligencia estatal, incluyendo la reforma del DAS”. La pregunta que nos surge es por qué a medida que disminuyen los grupos armados irregulares paradójicamente aumenta el pie de fuerza. Así en el periodo 2002-2007 los 160 mil soldados combatían a 12 mil 175 integrantes de las AUC, es decir, 4.9 soldados por cada combatiente irregular. Al finalizar el año 2007, por cada guerrillero había 15.5 soldados, cuando las teorías de las guerras de guerrillas consideran apropiado 10 regulares por cada irregular. En el año 2008, de acuerdo con el Herald Tribune, el pie de fuerza había aumentado a 254 mil 300 efectivos, sin incluir la policía, el número de guerrilleros al finalizar el 2007 era de 12 mil 499, lo que lleva a una cifra de 20.34 soldados para combatir cada guerrillero.

Todo lo anterior deja claro que el gobierno no va a dar marcha atrás en su política de guerra y por eso gran parte de los recursos estarán destinados a la modernización del aparato militar y el desplazamiento de tropas. Definitivamente se está dando más prioridad a la guerra que a programas de empleo, salud y educación.

Y como una de las “prioridades” para el 2009 es la inversión social, se destinarán más recursos para atender que el Gobierno considera los programas más importantes, dentro de los cuales el que tiene mayor crecimiento es de Familias en Acción, seguido de la vinculación de familias desplazadas y reparación de víctimas.

Sin embargo, en los ámbitos más tradicionales de las políticas públicas, y por tocar sólo un tema, en la generación de empleo, ¿cuál es la estrategia?, Colombia tiene la tasa de desempleo más alta de las siete economías grandes de América Latina y la solución a ésta situación pasa por reformas del mercado laboral, no subsidios que tienden a perpetuar situaciones de dependencia. En política social, Uribe ha enfatizado una serie de programas asistencialistas que intentan remediar mediante transferencias directas la exigua generación de empleo formal en el país cafetero. ¿Cuál presidente de América Latina aparece cada semana en largos programas de televisión, visitando algún municipio, respondiendo preguntas de la comunidad, regañando a sus ministros públicamente, destituyendo y deteniendo ilegalmente a funcionarios sin darles oportunidad de responder a las acusaciones que hace el público? ¿Cuál presidente termina asignando sumas importantes del presupuesto mediante estos “shows televisivos”?

Según el organismo estatal, unos 6 mil millones de dólares estarán dirigidos a reducir el índice de pobreza en Colombia, que supera el 42 por ciento del total de la población, unos 17 millones de colombianos. Realmente creo que no es ésta cifra congruente con un presupuesto que busca la dignidad y equidad de los colombianos.

El presupuesto presentado es la puesta en mancha de políticas que durante años han azotado a las clases menos favorecidas del país, propuestas tendientes a recortar el gasto social y aumentar los rubros destinados a atizar el conflicto armado. El debate presupuestal ha estado rodeado de cifras arregladas “verdades mentirosas” que buscan demostrar a la ciudadanía que las cosas en materia fiscal andan bien. Lo que es innegable es que algo anda mal en la economía de este país que puede mantener simultáneamente crecientes cinturones de miseria y grandes cifras de crecimiento, y mejoramiento de indicadores sociales, cuando en la práctica real es claro que hay gobierno para todo menos para gastos que contribuyan a mejorar la equidad y el acceso de los colombianos a mínimos materiales dignos.

Bogotá 470 años, Universidad Distrital 60 años

2008-08-05T05:53:00.000-07:00

Miércoles 6 de agosto de 2008
3:00 P.M.

Salón Constitución, segundo piso del Congreso de la República

Pre lanzamiento
Primer Mundial de Danza, Universidad Distrital Francisco de Paula Santander
Bogotá, Colombia, agosto de 2010

Muestra artística de las universidades Nacional, Pedagógica, Minuto y Distrital, la cual presentará la obra con la que abrirá, la segunda semana de octubre, el Festival Internacional de Danza de Seúl, Corea, donde la U.D. actuará como invitada de honor.

Invitados especiales, Alcalde Mayor de Bogotá, dr. Samuel Moreno Rojas, rectores y directivos universidades Distrital, Nacional, Pedagógica y Minuto, Asociación Colombiana de Coreógrafos Universitarios.

Entrada libre, inscripciones previas.

Ingreso por la Plaza de Bolívar

1 2823506 – 3823507 – 3823512
Oficina del representante a la Cámara Wilson Borja,
Oferente.

Paro de Camioneros y estallidos populares

2008-08-02T07:05:00.000-07:00

Una preocupante situación de orden social comienza a afectar al país. A los estallidos populares por las altas tarifas de los servicios públicos y en demanda de agua potable que se han presentado en las goteras de Bogotá, la Costa Atlántica y Candelaria, Valle, donde el presidente Uribe ha prometido el preciado líquido en sus “Consejos comunitarios”, se suman los choques entre mototaxistas y antimotines en Popayán, y ahora el Paro Camionero que tiene efectos directos sobre la canasta familiar de los colombianos.

El caldeante clima social que sufre el país, con un paro camionero de impredecibles consecuencias sobre la economía nacional y estallidos populares en las goteras de Bogotá, la Costa Atlántica, el Valle y el Cauca, entre otras regiones, le hacen la radiografía a la situación de incertidumbre, abandono y miseria que embarga a nuestras gentes. Y puede recrudecer, gracias a los despidos de trabajadores y cierres de empresas que se vienen produciendo bajo el pretexto de la caída de las exportaciones y la crisis del dólar.

Así lo consideró el representante a la Cámara por Bogotá Wilson Borja, quien convocó a las autoridades gubernamentales y de transporte a restablecer los diálogos con el gremio de los camioneros, en búsqueda de soluciones inmediatas que pongan fin al paro de 53.000 camioneros que se inició desde las cero horas del pasado jueves 31 de julio. Los transportadores vienen sufriendo una descapitalización que los puede llevar a la quiebra, como consecuencia del congelamiento de los fletes desde hace casi una década, la sobreoferta de vehículos y el propio proceso de desindustrialización que sufre el país.

Jairo Gómez, presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia, ACC capítulo Norte de Santander, considera que “las mafias del transporte vienen generando esta problemática social perversa, sin que el Ministro de Transporte Carlos Uriel Gallego se dé por enterado. Al descomunal incremento del parque automotor se suman los fletes congelados desde 1997, de manera que están acabando con la infraestructura económica de los transportadores en Colombia.”

En opinión de los camioneros, anclados en parqueaderos, terminales y zonas industriales de las ciudades, también a lado y lado de las carreteras, pareciera que el Estado estuviera interesado es en sacarlos del negocio para dejárselo a grupos que ellos identifican como “mafias” emergentes.
“Nunca pagan un flete real –sostiene Gómez–., incurriendo en falsedad documental en las planillas de carga: les fijan un valor inexistente a cualquier destino, y cuando el transportador llega, no le pagan lo que es. Las planillas son de propiedad del Estado, pero las empresas les imprimen todo tipo de descuentos, de manera que terminan pagando sumas muy pequeñas al transportados. Por un viaje entre Cúcuta y Barranquilla, por ejemplo, a una tracto-mula de 300 – 400 millones de pesos, le pueden quedar 500 mil pesos. ¡Por semejante inversión!”
Las conversaciones con el Ministerio se encuentran suspendidas. “Ahora el Gobierno pretende bajar un 10% las tarifas de los fletes, un despropósito que no estamos dispuestos a tolerar”, sostiene el presidente de la Asociación de Camioneros de Norte de Santander: si aceptamos eso estamos en la ruina.

La Asociación Nacional de Camioneros, ACC, fue creada en 1997, pero por sus acciones en defensa del gremio buena parte de su dirigencia ha sido amenazada de muerte. Jairo Gómez, por ejemplo, llegó a Cúcuta desplazado por amenazas de Sucre. El fundador de la organización, Javier Suárez, fue asesinado en Buenaventura a finales de la década pasada, poco después de liderar una nueva parálisis.

Este fin de semana la parálisis podría comprometer 120.000 vehículos a lo largo del país, poniendo en nuevos aprietos industrias como la cafetera, pilares de la economía nacional.

Prensa.
prensaborja@gmail.com
1 3823506 – 3823507 – 3823512

La recaptura de oficial que orquestó el atentado contra Borja

2008-07-15T15:48:00.000-07:00

Exclusivo: responsable del atentado contra Wilson Borja fue capturado en Cúcuta

El mayor retirado César Alonso Maldonado fue recapturado esta mañana tras haberse fugado en 2004 de la sede de la PM-13 en Bogotá. La Corte Suprema lo condenó a 27 años de cárcel por un atentado contra el congresista Borja en el 2000.

Tomado de Semana.com 07/15/2008.

La Policía Nacional capturó esta mañana en Cúcuta al mayor retirado del Ejército César Alonso Maldonado, responsable del atentado que el 15 de diciembre de 2000 sufrió el entonces sindicalista Wilson Borja.

A mediados del 2007, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en el caso del atentado contra el sindicalista, al considerar correcto el fallo por el cual se condenaba al mayor Maldonado a 27 años y nueve meses de prisión. Todo indica que este oficial recibió órdenes directas del fallecido líder paramilitar, Carlos Castaño.

El pronunciamiento de la Corte fue una respuesta a un recurso de casación que interpuso la defensa del militar. Aquella figura jurídica sirve para pedir la nulidad de una sentencia cuando se considera incorrecta.

La mañana del 10 de diciembre de 2001, Borja salió a las 6 y 15 de la mañana de su casa hacia la sede de la Federación Nacional de Trabajadores Oficiales, de la cual era presidente. Lo acompañaban sus dos escoltas. De repente, fueron atacados por una banda de ocho personas que viajaban en carros y motos, y que soltaron una ráfaga contra el sindicalista.

En el acto murió María del Pilar Bolaños, una vendedora de tintos que fue alcanzada por las balas de uno de los sicarios. En el cruce de disparos también murió uno de los agresores, mientras que Borja y uno de sus escoltas quedaron heridos.

En el suelo quedó el celular de uno de los sicarios y fue vital para lo que la justicia encontraría más tarde. En la memoria del aparato estaban registradas llamadas del mayor del Ejército César Alonso Maldonado, minutos antes del tiroteo. Luego se estableció que él había sido uno de los autores del atentado, obedeciendo órdenes del entonces máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

El mayor Maldonado fue detenido. Mientras estaba en cautiverio Luis Augusto Sepúlveda, el fiscal que investigaba el caso, realizaba sus averiguaciones. “A través de una investigación exhaustiva, Sepúlveda recopiló pruebas comprometedoras, entre ellas los registros de llamadas de celular, que implicaban en el crimen a un mayor del Ejército y a sicarios profesionales a sueldo de los paramilitares”, concluye un informe de la organización Human Rights Watch.

De repente, Sepúlveda fue destituido de su cargo por su jefe Luis Camilo Osorio. El nuevo fiscal encargado del caso ordenó dejar libre a Maldonado, bajo el argumento de que había vencido el plazo para tenerlo detenido.

La presión internacional no se hizo esperar y esta hizo que el mayor fuera privado de su libertad otra vez. Lo llevaron entonces a un calabozo en el Batallón Militar No.13, al occidente de Bogotá. El sitio de su detención era atípico, pues normalmente el lugar de cautiverio de los militares es la base de Tolemaida.

En un hecho inexplicable, Maldonado desapareció de su celda en noviembre de 2004, a pesar de que había unos 30 hombres encargados de su custodia. Nadie sabe cómo logró pasar por la guardia sin dejar ningún rastro.

De inmediato, el presidente Álvaro Uribe le ordenó al entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Alberto Ospina, removiera a todos los que tuvieron responsabilidad en la custodia de Maldonado. Al día siguiente el general Ospina ordenó la destitución de cuatro oficiales. Sin embargo, de manera sorprendente otra vez, dos de los militares de más alto rango que habían sido destituidos, aparecieron en nuevos cargos.

El coronel Jesús Vivas era el jefe de Estado mayor de la Brigada 13. Después de haber sido supuestamente retirado del Ejército, fue nombrado segundo comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido.

El coronel Mario Valencia era el comandante del Batallón de Policía Militar No.13. Él, que tenía toda la responsabilidad de la fuga, fue a dar a la Brigada 6, en Ibagué.
Mientras ocurría todo eso dentro del Ejército, la familia del mayor Maldonado hablaba de una desaparición de su pariente. En enérgicas declaraciones, manifestaron que la justicia del país está “contagiada de izquierda”. Señalaron al dirigente sindical y al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (que lleva el caso de Borja) de “ser guerrilleros” y los responsables de la supuesta desaparición de Maldonado, según informes de ONG.

Por esos días, el Colectivo de Abogados denunció que en algunas universidades y en la Fiscalía aparecieron unos afiches anónimos y a color. En ellos “se señala a la Corporación Colectivo de Abogados como el ‘brazo jurídico del ELN’ y se solicita solidaridad con un héroe nacional, haciendo referencia al mayor César Maldonado”, dijo en su momento esa ONG.

También aseguraron que en el afiche se hacía un llamado para que la gente se solidarizara con el militar y le hiciera un reconocimiento como héroe nacional “ante la guerra sucia que han desarrollado el líder sindical Wilson Borja y su Colectivo de Abogados”.

Como pocas veces ocurre en Colombia, hubo un culpable de un atentado que estuvo tras las rejas por el delito que cometió. Pero Maldonado estuvo rodeado de sospechosas garantías para quedar en libertad. Incluso se llegó a decir que Maldonado había sido asesinado tras advertir que publicaría un libro con los vínculos que había entre soldados y paramilitares.

El mayor César Maldonado, quien tiene nueve órdenes de captura, deberá responder a la Fiscalía por varios delitos como homicidio y fuga de presos.

Crónica de un acto desagravio a los dirigentes del Polo

2008-06-21T03:21:00.000-07:00

“Nos persiguen por lo que representamos”: Carlos Gaviria

Por Roberto Romero

Bogotá, junio 20. La campaña apenas comienza. Y en el teatro ECCI de Bogotá, recién reinaugurado, no cabía nadie más. Cerca de 400 personas acudieron este jueves 19 de junio a la cita del Polo en el acto de desagravio a los dirigentes del PDA a quienes la injusticia uribista pretende llevar a la cárcel, junto a los luchadores demócratas Piedad Córdoba, Alvaro Leyva, Lázaro Viveros y el periodista William Parra.

Allí en la mesa estaban Viveros, periodista y promotor de paz; Carlos Lozano, director de Voz, los senadores Alexander López y Gloria Inés Ramírez, y Wilson Borja, representante a la Cámara. Y en medio de ellos, el presidente del Polo, Carlos Gaviria, en una clara manifestación de su plena solidaridad con los perseguidos.

Destacados dirigentes del Polo también se hicieron presentes en la apertura de las jornadas por el derecho a la oposición: los senadores Jorge Enrique Robledo, Germán Reyes y Gustavo Petro; el concejal por Bogotá y secretario general del Partido Comunista, Jaime Caycedo, el concejal Álvaro Argote y decenas de ediles locales y líderes barriales del PDA.

“El gobierno no quiere hacer el acuerdo humanitario, pues la única salida es aceptar el despeje de Pradera y Florida, máximo por 45 días o menos, para alcanzar la liberación de los retenidos por las FARC”, enfatizó Viveros, el primero orador del acto.

“Estoy dispuesto a ir a la cárcel pero no dejaré que pisoteen mi dignidad pues lo único que he hecho es estar en permanente búsqueda de que se acabe esta guerra comenzando por el acuerdo humanitario”, señaló Viveros, del partido conservador y quien jugó un destacado papel en el proceso de paz del Caguán. “Seguiremos en esta brega así sea desde la prisión, pero no nos van a callar”, remató.

Gloria Inés Ramírez, la combativa senadora y presidenta de la Comisión de Paz de la cámara alta, denunció la cadena de infamias que traen las supuestas revelaciones de los computadores de Raúl Reyes, “que llegan a afirmar que fui la amante del guerrillero abatido cuando jamás me cruce un solo correo con él. Semejantes pruebas no tienen ninguna validez pues fueron obtenidas tras la ilegalidad de un ataque armado a una nación soberana y además se rompió la cadena de custodia”.

Cacería de brujas para tapar la parapolítica

“Se trata de la más burda cacería de brujas para tapar el escándalo de la parapolítica y de la Yidispolítica y demostrar lo imposible: que la izquierda está contaminada de violencia y que por esto no puede actuar en la lucha democrática del país”, añadió. “Es por esto que personas desde la izquierda no pueden respaldar semejantes argumentos y plantear nuestra expulsión del Polo”.
Ramírez, en medio de vítores, recalcó que el Polo tiene un ideario de unidad “que todos respetamos a pesar de las divergencias que existan. “Toda la vida he sido una luchadora social, defensora de los derechos humanos, y desde antes que surgiera el Polo, nosotros en el partido comunista habíamos definido que la guerra no era la salida a la crisis nacional, sino la búsqueda de un acuerdo político al conflicto”, indicó.

Terminó diciendo que en Colombia es la hora de construir entre todos los sectores populares una propuesta democrática a la crisis y no solo una propuesta electoral.

Vendría luego alguien a quien el presidente Uribe puso en la mira en el concejo comunal de Florida hace un par de domingos: el senador Alexander López. En esa ocasión, Uribe, pisoteando todas las normas legales, ordenó a sus generales que pusieran preso al senador López, “olvidando” que goza de fuero parlamentario. Se trataba de aquellas amenazas que suele hacer para amedrentar a los opositores.

López ha mantenido una posición firme en apoyo a los indígenas del Cauca que llevan semanas enfrentando a los escuadrones policiales del ESMAD en su lucha por recuperar la gigantesca hacienda de La emperatriz que les pertenece.

No vamos a correr

“Cuando arrancamos esta pelea estábamos seguros que no íbamos a correr ante el primer susto. Jamás vamos a salir corriendo porque estaremos siempre al lado del pueblo. Reafirmamos en este acto nuestro respeto a Colombia y a sus luchas. Y al contrario de lo que buscan las persecuciones, redoblaremos el esfuerzo en el trabajo organizativo de los obreros, campesinos, estudiantes, para que el pueblo se levante y derrote a su enemigo que se encuentra en la Casa de Nariño”, terminó el senador López su aplaudido discurso.

Wilson Borja intervendría después. En una breve alocución, agradeció la inmensa manifestación del pueblo colombiano con el grupo de perseguidos que se expresa en millares de mensajes que llegan todos los días y que demuestran a su juicio, el camino de resistencia que ha emprendido la sociedad contra el autoritarismo uribista.

“Cuando el terrorismo de Estado se yergue contra el pueblo y sus funcionarios no tienen piedad, y solo buscan aniquilar a la oposición, nosotros con toda la entereza que nos da el pueblo, solo decimos: seguiremos en la lucha toque donde nos toque”.

Añadió que “como no existe el crimen no existirá la condena. Continuaremos sin desmayo hasta derrota del autoritarismo que ahora pretende perpetuarse con la reelección”.

Lozano pone las cosas en su sitio

En una de las más vibrantes intervenciones que se le han escuchado al dirigente comunista Carlos Lozano, miembro de la dirección del Polo y director del semanario Voz, afirmó, después del saludo del presentador con el anunció de que el periodista estaba de cumpleaños, lo que arrancó aplausos de los asistentes, que “no tenemos nada de qué arrepentirnos con Lázaro Viveros, cuando desde el Caguán conspiramos por la paz de Colombia”.

Y entonces alguien desde la sala gritó: “Lázaro, siga caminando” en una clara alusión al pasaje bíblico que arrancó las risas del auditorio, incluido el propio Viveros.

Lozano relató, de ese entonces, una anécdota desconocida: “cuando fuimos a donde el general Mora Rangel, comandante del ejército para que intercediera por la liberación de los 330 soldados y policías en manos de las FARC, éste se limitó a decir que nos les importaba su suerte pues ya habían sido reemplazados”. Lozano y Viveros, en la administración Pastrana, lograron con sus esfuerzos y el visto bueno del gobierno, que se diera el intercambio de los aquellos rehenes por 24 guerrilleros enfermos detenidos en las cárceles.

Lozano aprovechó el encuentro para puntualizar algunos momentos por los que atraviesa el Polo.”En el PDA hay cosas que debatir. Sigamos construyendo su identidad sin dolor, sin sectarismos, con criterio de amplitud, pero partiendo que somos la izquierda y no una caricatura de la derecha: o somos la izquierda o un grupillo al que nos quieren adocenar desde la gran prensa y marcarnos el rumbo”.

Y en medio de nuevas salvas de aplausos, Lozano recalcó: “Tenemos que ser la izquierda revolucionaria y antiimperialista, que derrote la intervención norteamericana en nuestros asuntos, que derrote el TLC, la izquierda que abra las puertas hacia la búsqueda de la paz con justicia social, la izquierda que expulse del poder a Uribe; ese es nuestro compromiso”.

“No caer en la tentación de la división”

Solo faltaba el cierre del acto de desagravio convocado por el Polo distrital, y que mejor que el maestro Carlos Gaviria, presidente del partido.

Fue una pieza corta pero de extraordinaria fuerza. Comenzó con una alegoría para culminar en prosa como él mismo lo dijo. Se refirió a la ideología nacional socialista que surgió en los años 20 en Alemania que afirmaba que cada pueblo tiene líderes predestinados para salvar la nación y que sólo ellos conocen los planes para tal destino. “Era el Führer o conductor, el mesías que todo lo podía”.

Recordó que semejante doctrina logró captar el voto popular llevando al pueblo germano a la tragedia de la guerra con millones de víctimas. “Pues bien, en Colombia también tenemos nuestro líder predestinado. Solo él es capaz de llevarnos a esa meta. El Polo no ha entendido que aquí no hay un conflicto, que aquí no hay injusticia ni campea el hambre; el Polo no ha entendido que aquí prima la democracia y la libertad”, indicó con sarcasmo.

“Pero no; vamos a seguir enfrentando este proyecto perverso. No creemos en mesías, y el pueblo va a reclamar su puesto y acabará con ese estado de cosas. El Polo no puede faltar al compromiso histórico que tiene; esto no es retórica. El Polo debe erguirse como una sola fuerza que el pueblo va a entenderlo cabalmente”.

Y de inmediato lanzó una afirmación que puso a todos de pie: “No podemos caer en ninguna tentación. Nos persiguen por lo que representamos, por las hazañas que nos esperan. Por eso no vamos a ceder en las tentaciones de la división. Nos vamos a mantener en la unidad cada vez más amplia, en nuestro Ideario de Unidad que permite los disensos. Consolidando la unidad no en beneficio propio sino del país”.

Terminó su cálida intervención saludando de nuevo a los compañeros perseguidos, reiterando que su presencia allí era la más sólida prueba de su firme solidaridad con todos ellos. “Solo los buenos ciudadanos sufren persecución por la justicia. La justicia viene cumpliendo en Colombia y no dudo que va a ratificar la inocencia a todos los compañeros”.

El formidable acto por el respeto a la oposición, estuvo matizado con la presentación de dos conjuntos de tamboras y flautas, uno de la costa pacífica, Son sin fronteras y otro del Caribe colombiano, Gurú, que le dieron otro buen aire de optimismo a la asistencia en medio de cumbias y bullerengues en esta noche en defensa de la oposición democrática.

La campaña apenas comienza.

Junio 19, solidaridad y reconocimiento con parlamentarios polistas

2008-06-18T12:48:00.000-07:00

Por el derecho a ejercer la oposición en Colombia

Bogotá, D.C., Teatro Ecci, 6:00 P.M.

Éste jueves 19 de junio, a partir de las 6:00 de la tarde, el teatro Ecci de la ciudad de Bogotá (calle 17 4 - 64) será escenario del primer gran acto de solidaridad y reconocimiento que el Polo Democrático Alternativo brinda al grupo de parlamentarios suyos que resultaron inmersos en procesos de investigación por exigencia de la Fiscalía General de la Nación.

Los parlamentarios homenajeados son Gloria Inés Ramírez, Wilson Borja y Alexander López, además del periodista y director del Semanario Voz, Carlos Lozano. Al evento, igualmente, han sido invitados los también implicados Piedad Córdoba, Lázaro Viveros, Álvaro Leyva Durán y William Parra, entre otros líderes sociales y populares colombianos.

El acto de desagravio con los dirigentes del Polo hace parte de la campaña "Por el derecho a ejercer la oposición en Colombia", a la que se viene articulando un torrente del pensamiento crítico y las reservas democráticas colombians, visiblemente preocupado por el giro que algunas instancias pretenden darle a las investigaciones por la llamada parapolítica que comprometen al Ejecutivo Nacional.

Artistas y gestores culturales, intelectuales y académicos, dirigentes campesinos y sindicales, líderes barriales e indígenas, entre otros, hacen parte de las expresiones de la vida nacional y regional que han confirmado su vinculación al acto de solidaridad y reconocimiento con los líderes del Polo. Carlos Gaviria Díaz, ex magistrado y presidente del PDA, llevará la intervención central.

Pronunciamiento del PDA Distrital

2008-06-16T04:20:00.000-07:00

Por el Derecho a la Oposición en Colombia

El Comité Ejecutivo Distrital del Polo Democrático Alternativo alerta a los Comités Locales del Partido, a sus afiliados y a la opinión pública sobre el aumento de la hostilidad y la persecución contra la oposición política y la lucha social en el país, por parte del Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Ante la agudización de la crisis nacional por los escándalos de la parapolítica y la corrupta e ilegal manera con la cual fue aprobada la reforma constitucional que autorizó la reelección presidencial, se ha decidido desde el establecimiento arreciar sus ataques a la oposición, en especial al PDA, tratando de desviar y confundir a la opinión pública sobre los verdaderos problemas del país. Uribe ejecuta una campaña mediática que busca justificar, de cualquier manera, su visión militarista y autoritaria, y sus planes reeleccionistas que necesita no sólo para continuar ejerciendo el poder del Estado, sino para garantizar su impunidad y la de sus cómplices.

Los señalamientos de las últimas semanas contra el Senador Alexander López, el movimiento indígena, de Derechos Humanos y estudiantil; sumado al manejo mediático que se viene dando a la supuesta información obtenida de los computadores de Raúl Reyes, después de la acción ilegal ocurrida en territorio ecuatoriano, con la cual pretenden implicar a los Congresistas Gloria Inés Ramírez, Wilson Borja y Piedad Córdoba; a los periodistas Carlos Lozano, Lázaro Viveros y William Parra; y a otras personalidades ligadas a la búsqueda de la paz como Álvaro Leiva, no son más que parte de dicha estrategia política de la Derecha.

Manifestamos nuestro reconocimiento a la labor social y política, especialmente en el campo sindical y de lucha por la paz, de los congresistas, dirigentes y periodistas señalados injustamente; ratificamos nuestra solidaridad con ellos en estos momentos de agresión y llamamos al conjunto del PDA a fortalecer su unidad interna y su respuesta en todos los campos ante estas agresiones. Asimismo, reiteramos el reconocimiento y apoyo a la labor que viene cumpliendo la justicia colombiana, en especial la Corte Suprema de Justicia, en medio de la crisis política más aguda de los últimos años.

El Polo Democrático Alternativo reclama el derecho legítimo a ejercer la oposición política en Colombia desde el campo de las ideas de Izquierda; el derecho a conformar un gran frente de las fuerzas políticas de oposición contra el proyecto reeleccionista; el derecho a proponerle a la sociedad un proyecto alternativo de gobierno y de poder, distinto al que en la actualidad lleva al país por el despeñadero de la guerra y la exclusión social.

Bogotá, Junio de 2008. Polo Democrático Alternativo

A propósito de las inusitadas medidas del Fiscal.

2008-05-23T02:23:00.001-07:00

Comunicado de prensa
En relación con el anuncio emitido por el Fiscal General de la Nación a través de los medios de comunicación en la tarde hoy, en donde señala que compulsó copia a la Honorable Corte Suprema de Justicia para que al suscrito se me investigue, me permito señalar:

Desconozco el contenido de los documentos remitidos por el Fiscal General de la Nación a la Honorable Corte Suprema de Justicia, lo que impide que me pronuncie sobre el particular.

Como en oportunidades anteriores, estoy a disposición de las autoridades a fin de que se adelanten todas aquellas investigaciones que consideren pertinentes, a efecto de que el pueblo colombiano conozca la transparencia en cada una de mis actuaciones, desde la defensa de los derechos de los trabajadores, en la tribuna parlamentaria y como facilitador en los procesos de paz que se han adelantado en el país.

Una vez sea notificado formalmente por la autoridad competente y tenga acceso al expediente, podré ejercer el derecho de defensa y demostrarle al país que he sido y soy un ciudadano honorable.

Bogotá, D.C., 22 de mayo de 2008.

Wilson Alfonso Borja Díaz
Representante a la Cámara por Bogotá
Polo Democrático Alternativo

El embuchado de la extradición paramilitar

2008-05-18T03:49:00.000-07:00

CONSTANCIA

La extradición de los jefes paramilitares so pretexto de estar delinquiendo desde la cárcel, significa la culminación del proceso de impunidad que el presidente Uribe inauguró con los proyectos de reforma a la constitución y la legislación penal, conocidos como ley 975 de 2005 de Justicia y Paz. Con esta extradición el gobierno ha negado que tanto las víctimas como la sociedad colombiana conozcan quiénes han sido los patrocinadores y beneficiarios con las masacres y el desplazamiento forzado de millones de colombianos.

De otro lado, el presidente Uribe da prioridad a los delitos de narcotráfico por encima de los de lesa humanidad y no cabe duda que igualmente da cumplimiento a los pactos secretos que seguramente formaron parte de la agenda oculta con los jefes paramilitares y el Alto Comisionado para la Paz, Luís Carlos Restrepo, con lo cual gana el gobierno porque estos jefes paramilitares no continuarán revelando los nexos y compromisos de los políticos y empresarios nacionales y extranjeros que los respaldaron y financiaron, extradita a los principales testigos del proceso parapolítico y ganan los comprometidos en los mismos; pierden la víctimas puesto que los capitales y bienes serán entregados como indemnización al gobierno norteamericano con lo cual ganan legitimidad y permanencia “legal” en ese pais, no solo ellos sino sus familias.

Una vez extraditados los paramilitares, se negará la posibilidad de reparación a las víctimas ya que muchos de los bienes que ilícitamente han adquirido se encuentran en poder de terceros bajo la figura del testaferrato; las penas que se les impondrá serán más benévolas que las que aquí recibirían por los crímenes de lesa humanidad que han cometido y que se han negado a confesar, ya que una vez demostrado que ocultaron parte de sus crímenes, según lo dispuesto en la ley de Justicia y Paz, debían ser judicializados mediante los procedimientos ordinarios

De otra parte, con la decisión unilateral del Presidente de la República, de extraditar a 14 de los jefes paramilitares se atenta contra el procedimiento previsto en esta norma, dejando de lado el proceso de reconciliación nacional supuestamente iniciado por el Gobierno Nacional, y con el que se pretende garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, contenidos en los artículos 6, 7 y 8 de la misma ley.

El artículo 25 de la Ley 975 de 2005 establece que cuando con posterioridad a la obtención de los beneficios que ella contempla o la Ley 782 de 2002, se conoce la realización de delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de su desmovilización, las conductas serán juzgadas conforme a las leyes vigentes al momento de la comisión de las mismas, es decir, mediante el procedimiento ordinario. Por tal razón, si el Ejecutivo sabía de la comisión de otros delitos ha debido dar aplicación a la ley y no utilizar su omisión como justificación para la extradición.

Es preciso recordar cómo Salvatore Mancuso se encuentra vinculado en masacres como las de Mapiripan y de El Aro; ‘Jorge 40’ en masacres perpetradas en Magdalena y Guajira, además de que su computador personal se convirtió en prueba reina en el proceso de la parapolítica; en la Comuna Trece de Medellín, liderada por ‘don Berna’, se han encontrado fosas comunes, además, se encuentra vinculado en procesos penales por delitos como desplazamiento forzado y narcotráfico; ‘Gordo lindo’ ha sido vinculado no solamente a las autodefensas sino también al cartel de Medellín y en especial, al tráfico de drogas con los hermanos Ochoa Vásquez.
.
Engañosa a todas luces resulta la afirmación del embajador Norteamericano cuando dice que podrán desplazarse comisiones encargadas de recibir las declaraciones de los paramilitares, no solamente porque los controles en las cárceles de Estados Unidos son tan estrictos que las hacen casi imposibles, sino también porque allí no se encuentran obligados a decir la verdad, pueden negarse a declarar cuando sientan que esto los compromete o perjudica.

Es decir, en esta tragedia terminaron siendo defraudados los millones de víctimas e indemnizado el gobierno norteamericano dentro de la lógica de las negociaciones que ya venían siendo adelantada por los paramilitares. No solo hay impunidad sino una gran estafa.

Bogotá, mayo 14 de 2008.

WILSON ALFONSO BORJA DÍAZ
REPRESENTANTE A LA CÁMARA
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Crónica de una tragedia

2008-05-03T04:05:00.000-07:00

Por Wilson Alfonso Borja Díaz.

“El actual Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, en compañía del Senador Mario Uribe Escobar, y de otros dirigentes liberales de Antioquia, demandaban de los directores de su Partido en Antioquia, en el año de 1985, la necesidad de que se concedieran mayores espacios democráticos dentro de la colectividad, y exigían aplicar más democracia a la toma de decisiones que afectaran la vida política del departamento de Antioquia, y del País. Pedían también adoptar una ideología clara frente a la problemática nacional del ese entonces."

Tomado de la web del Partido Colombia Democrática (Hoy el senador Uribe, ex presidente del Congreso de la República, se encuentra privado de su libertad en desarrollo de las investigaciones por el fenómeno de la parapolítica, y crecen las voces demandando por una salida Constituyente y la dimisión de su primo hermano a la Presidencia de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez).

La profundidad de la crisis del sistema político, agudizada por el proceso paramilitar, requiere de una profunda reforma política. Es necesaria una seria reflexión respecto de los principales rasgos que han llevado a tal estado de postración a las instituciones del poder público. La crisis muestra el conflicto entre la democracia y la carencia de los derechos políticos, sociales y económicos de millones de colombianos y la brecha cada vez más amplía entre los que todo lo tienen frente a los que cada vez tienen menos oportunidades de sobrevivir y al decir de Boaventura de Souza Santos “corremos el riesgo de vivir en sociedades que son políticamente democráticas pero socialmente fascistas. (…) Hoy día el Estado es agente de interacciones mercantiles. Las privatizaciones de los servicios públicos son exactamente esto, relaciones que no eran mercantiles y ahora se están mercantilizando: la educación, la seguridad social”[1]

Reforma Electoral

Se debate acerca de las manifestaciones que el sistema político colombiano presenta en cuanto a la forma de conducción de los asuntos públicos, no de ahora sino en los distintos gobiernos, que ha adquirido en cierta medida rasgos fascistas propios de los regimenes que se hicieron presentes en el intermedio o “paréntesis” entre las dos grandes guerra mundiales como respuesta a los avances que fuerzas progresistas y de izquierda presentaban en distintos países atravesados por la devastación y la crisis económica.

Las doctrinas que hicieron carrera se caracterizaron por el autoritarismo, la represión a los sectores sociales y la eliminación física de la oposición, censura de prensa y alta dosis de nacionalismo. El franquismo dio paso la guerra civil española, justificó el golpe militar con el apoyo de las fuerzas militares de Alemania e Italia, los cuales hicieron el ensayo general antes de estallar el segundo conflicto bélico.

Los objetivos principales del modelo italiano en política interior eran la paz política, económica y religiosa; algo que nos recuerda el programa de gobierno del cónsul Napoleón.

Se consideraba que para lograr la paz política y gobernar, el país debía limitar el poder de los partidos políticos y sindicatos. Después de las elecciones parlamentarias de 1924, que declararon vencedor a su máximo exponente, se eliminaron los partidos políticos y se disolvieron las Cámaras de Representantes; tres años más tarde, en 1927, se suprimieron los sindicatos; y en 1928 se creó el Gran Consejo Fascista: un intento de aparentar cierta colegialidad en el gobierno de la nación italiana.

“El fascismo se consolidó, particularmente, en los países caracterizados por una aceleración del proceso de movilidad social, por el predominio de una economía agraria-latifundista o por residuos de la misma no integrados a la economía nacional, por la existencia o por la falta de superación de una crisis económica, por un proceso confuso de crisis y de transformación de los valores morales tradicionales, por una crisis del sistema parlamentario que ponía en tela de juicio la legitimidad del sistema y daba crédito a la idea de una falta de alternativas de gobierno válidas, por la falta de solución, a través de la guerra, de problemas nacionales o coloniales.

(…) Así como el mito del jefe: un régimen político de masa (en el sentido de una movilización continua de las masas y de una relación directa jefe-masa sin intermediarios)… un revolucionarismo verbal y un conservadurismo sustancial mitigado por una serie de concesiones sociales de tipo asistencial; el intento de crear una nueva clase dirigente, expresión del partido, y a través de este último, expresión, sobre todo, de la pequeña y mediana burguesía; la creación y la valorización de un fuerte aparato militar; un régimen económico privatista, caracterizado por una tendencia a la expansión de la iniciativa pública, a la transición de la dirección económica de los capitalistas y de los empresarios a los altos funcionarios del estado y al control de las grandes líneas de la política económica así como de la adopción por parte del estado del papel de mediador en las controversias laborales (corporativismo) y por una orientación autárquica (De Felice, 1969)[2].

Famoso es ya el manejo de la prensa, la eliminación física de los opositores y el anticomunismo que caracterizó el régimen de Hitler. Sorprendente y poco ejemplarizante es el apoyo de masas que el Líder Nazista tuvo en el pueblo alemán.

Algunos puntos de coincidencia pueden encontrarse en la actualidad colombiana que debe ser motivo de análisis y preocupación:

1. Desmonte gradual de la Constitución de 1991 en dirección a trasladar al ejecutivo mayores facultades.

2. Copamiento del poder legislativo a partir de las sucesivas campañas de desprestigio y manipulación de la contratación estatal y los cargos públicos.

3. Agresión e intimidación permanente hacia el poder judicial.

4. Campañas de desprestigio hacia los partidos y movimientos políticos de oposición, organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y movimientos sindicales.

5. Detenciones masivas de activistas sociales, bajo la sindicación de ser auxiliadores de los grupos al margen de la ley.

6. Control de la población mediante programas tales como familias y jóvenes en acción, guarda bosques, distribuyendo ayudas.

7. Las reformas impulsadas en materia social han estado dirigidas al desmonte de derechos en salud, pensiones y laborales.

8. Permanente abuso del poder mediante la utilización de los medios masivos de comunicación para adelantar el debate político sin dar garantías a los contradictores.

Es preciso impulsar la recomposición del equilibrio de poderes, el reconocimiento de la oposición y la independencia de los órganos de control mediante la reforma constitucional.

Apoyos electorales

Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia:

“Les pido a los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, voten los proyectos”
(Revista Cambio – Edición 701 del 4 a 10 de diciembre de 2006)

“Ahora, para que la verdad les quede completita: por ejemplo, Dieb Maloof me apoyó a la candidatura. Hizo un acto en un hotel de Barranquilla, allá estuvo su familia, electores suyos, apoyó mi candidatura. Yo eso no lo puedo negar…”
(Entrevista Presidente Uribe a RCN Radio, 20 de febrero de 2007)

Dieb Maloof, senador por Colombia Viva (Atlántico):

“Como siempre, recordó que él estaba al lado del presidente cuando sufrió un atentado en Barranquilla, así demuestra que su cercanía con Uribe es de tiempo atrás y va mas allá “no me explico como vienen a decir ahora que unos votos sí son buenos y otros malos si el presidente Uribe y yo trabajamos de la misma forma por los votos”

(Diario el Meridiano de Sucre, 29 de enero de 2006)

“El actual Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, en compañía del Senador Mario Uribe Escobar, y de otros dirigentes liberales de Antioquia, demandaban de los directores de su Partido en Antioquia, en el año de 1985, la necesidad de que se concedieran mayores espacios democráticos dentro de la colectividad, y exigían aplicar más democracia a la toma de decisiones que afectaran la vida política del departamento de Antioquia, y del País. Pedían también adoptar una ideología clara frente a la problemática nacional del ese entonces."

Página en Internet Partido Colombia Democrática.

“Cuando en septiembre de 2007 Mario Uribe fue involucrado en el proceso de la parapolítica, el Presidente no dudó un segundo en salir en su defensa e incluso enfrentar a la Corte Suprema, acusando primero al magistrado auxiliar Iván Velásquez de querer hacer un montaje en su contra y demandando luego al ex presidente del Alto Tribunal, César Julio Valencia, por injuria y calumnia. El magistrado dijo que el Primer Mandatario lo había llamado para indagar por el proceso contra su primo. Dos vidas unidas por lazos familiares y la política."

El Espectador.com, 22 de abril de 2008.

“Mario Uribe pide asilo en Embajada de Costa Rica y víctimas se movilizan..La Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el ex senador Mario Uribe. Luego de conocer la decisión, Uribe se dirigió a la sede diplomática de Costa Rica. Allí fueron las víctimas a pedir que rechacen la petición del senador.”

(Semana.com, 22 de abril de 2008)

“Los paramilitares dijeron en su tiempo que tenían el 39% del Congreso, pero hay que tener en cuenta que fueron los mismos votos que depositaron por el mismo Álvaro Uribe. Sólo han salido siete congresistas, el resto están en las mismas listas del uribismo, hasta compadres hay allá, en consecuencia tendría que descalificar todas las listas…”

(Palabras de Luis Alberto Gil, Vanguardia Liberal, ebrero 22 de 2006)

“Si vienen por mí, vienen por la ‘Conchi’ y por el presidente Uribe.”

(Palabras de Álvaro Araujo Castro, el 16 de noviembre de 2006 – Registrado por la Revista Semana en su edición del 19 al 26 de febrero de 2007).
Foto tomada de semana.com, 11/16/2006

“Una verdadera tormenta política desató en el país la iniciativa del ex presidente del directorio conservador, Ciro Ramírez, sobre una desobediencia civil, si en la Corte Constitucional se cae la reelección.”

Caracol Radio, septiembre 21 de 2005

“Ya no se puede tapar el sol con las manos: en la cárcel está Ciro Ramírez, ponente del articulito que permitió la primera reelección de Uribe”

Tomado de eltiempo.com, abril 20 de 2008. Artículo de María Jimena Duzán.

“Tengo el corazón partido”, dijo, se refería al presidente de la república, “fui ponente del proyecto de referendo, fui autor y ponente de la reelección……..

“Cómo es posible que nos desconozcan y tejan el argumento de que nuestros votos son presionados por los paramilitares. Si así fuera tendríamos que llegar a la conclusión de que esos mismos votos sirvieron para elegir al Presidente de la República”, dice.

(Jorge Caballero, Diario El Meridiano de Sucre, enero 29 de 2006)

“Contribuí a que se le aprobara el avión al presidente y los recursos para financiar la deuda del país. Siempre creyendo en la palabra de Uribe”

(Luis Eduardo Vives, Diario El Meridiano de Sucre, 29 de enero de 2006)
Foto de la página del Senado de República, 18 de septiembre de 2006.

“Fui el primer senador que apoyo a Uribe cuando tenia el 2% en las encuestas. lo lleve a plato, Pivijay, estuve con él en el Difícil, donde hizo su primer discurso. En Magdalena fue el único Departamento de la costa donde Uribe ganó las elecciones. En todas las correrías fuimos en mi carro y yo hacia de conductor, ni siquiera teníamos escolta”

(Jorge Castro, El Meridiano de Sucre, 29 de enero de 2006)

“Con el partido conservador vamos bien, acompañando en un ciento por ciento a nuestro Presidente Álvaro Uribe Vélez en su lucha por devolverle a todos los colombianos la paz, la seguridad y la vida digna”

(Muriel Benito Revollo, Diario El Meridiano de Sucre, enero 29 de 2006)

“¿Usted obtuvo votos para la elección de Uribe?

“Es paradójico que mis votos fueron buenos para ayudar a elegirlo pero ahora esos votos son de delincuentes. Yo creo que él sea equivocado y ha ofendido a mi familia…”

(Revista Cambio No. 773, del 24 al 30 de abril de 2008)

Votaciones del Congreso y la Presidencia, en los dos últimos períodos

¿Qué buena parte del Congreso ha visto comprometida la legitimidad de su elección con el escándalo de la parapolítica? Es cierto, pero que la reforma que aquí discutimos sea la panacea para esta crisis institucional, no lo es.

El proyecto de acto legislativo que se discute no contiene la reforma política seria que necesita el país, sino meras herramientas electorales que pretenden calmar el escándalo público fruto del fenómeno de la parapolítica que ha deslegitimado la institución.

Como quedó registrado en el mapa de la parapolítica, el fenómeno en su mayoría ha afectado a los partidos simpatizantes del gobierno nacional. No solo ha puesto al descubierto los vínculos de grupos armados ilegales con miembros del Congreso de la República, sino el ostensible beneficio que de esta relación obtuvo el Presidente de la República, y que implicó su elección y reelección en el cargo.

Basta citar la votación por departamentos del Presidente de la República, en su elección y reelección ,y la de los miembros del Congreso de la República en los años 2002 y 2006.

Otras instituciones cuestionadas

En muchos episodios se ha visto envuelto el asesor presidencial José Obdulio Gaviria. Recordemos los mails enviados desde el Palacio de Nariño produciendo pánico económico en detrimento de la ETB, hecho que denuncié ante la Fiscalía General de la Nación; las agresiones y ataques a los periodistas y en general a los medios de comunicación; y más recientemente, sus declaraciones acerca de la marcha del 6 de marzo de este año que produjo la reacción de 63 Congresistas Demócratas y Republicanos de los Estados Unidos, quienes le recriminaron por pretender vincular a líderes de organizaciones de derechos humanos con la guerrilla. Cuestionamientos de José Obdulio Gaviria que coincidieron con la muerte de líderes de la marcha, veamos:

“La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos pidió al Gobierno colombiano esclarecer los asesinatos y atentados contra los líderes de la marcha del 6 de marzo que hizo un homenaje a las víctimas del paramilitarismo, el desplazamiento forzado y los crímenes de Estado”
(Semana.com, marzo 14 de 2008)

El periodista Daniel Coronell, señala cómo la ex Representante a la Cámara Yidis Medina, en entrevista concedida el 8 de agosto de 2004, reveló que votó a favor de la reelección del Presidente Uribe a cambio de la dirección del Seguro Social, el Sena y la Red de Solidaridad en el Magdalena Medio; igualmente, que el gobierno le ofreció un consulado para un miembro de su grupo político.

Yidis afirma que las negociaciones las adelantó el entonces Ministro del Interior Sabas Pretelt, el Secretario General del momento Alberto Velásquez, el Ministro de Protección Social Diego Palacio y el mismo Álvaro Uribe Vélez.

Se trata de una simple reforma electoral

Es tanta la improvisación que se advierte en torno a la mal llamada reforma política, que el Gobierno Nacional anuncia una nueva reforma política a presentar el próximo 20 de julio. Ante el afán de que se apruebe para dejar la imagen de que el Congreso fue depurado y recobra la legitimidad que necesita para apruebar la segunda reelección de Uribe, el Gobierno cede a efectos de ganar la simpatía de minorías políticas afectas al Ejecutivo y así obtener el quórum que requiere en Comisión Primera de Senado.

De una propuesta inicial en la que se pretendía condenar a los familiares de quienes fueran condenados penalmente, atentando contra el principio de la personalidad de la responsabilidad penal o en la que se insistía en la reelección de alcaldes y gobernadores, incluso, la reforma quedó reducida a seis artículos en los que se introducen meros instrumentos electorales.

La “silla vacía”, muestra la maquiávelica intención gubernamental de distraer a la opinión pública y violentar principios universales del derecho penal.

Pretende que la ley tenga efectos retroactivos. Y si bien se predica que este principio puede inaplicarse por razones de interés público o social, o en materia penal, el gobierno busca desviar la atención haciendo creer que la ley con todo el rigor se aplicará a quienes están vinculados a la parapolítica, para a renglón seguido prescribir que la ley se aplicará a partir, ya no de la ejecutoria de la sentencia, sino desde que se decrete medida de aseguramiento. Violentando el derecho de defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia.

El inciso 4 del artículo 29 de la Constitución Política, dispone que "Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable". A su turno, el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos prescribe que: "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa"

La medida de aseguramiento no tiene el carácter de definitivo sino preventivo. Por tanto, con ella no pueden trasgredirse derechos fundamentales del sindicado mas no condenado. La presunción de inocencia debe permanecer incólume hasta tanto no se declare la responsabilidad penal mediante sentencia judicial en firme, es decir.

So pretexto de que las organizaciones políticas se adapten a la prohibición del fenómeno del transfugismo político, se pretende introducir un parágrafo transitorio con el cual se concede a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular que puedan inscribirse en un partido distinto al que los avaló para el cargo que desempeñan, sin que para tal efecto se considere que la renuncia a la curul implica doble militancia.

Es inminente una Constituyente

La reforma política que requiere el país debe legitimarse a través de una Constituyente, con representación de las diversas fracciones ideológicas y políticas, en la que de la mano de instrumentos efectivos con los cuales se dote el sistema electoral se propongan nuevas condiciones para las organizaciones políticas que permitan su fortalecimiento.

El sistema electoral debe discutir la implementación del voto obligatorio o el voto electrónico, para que la adopción de nuevas tecnologías ofrezca garantías electorales y reduzca el constreñimiento al elector, la compra de votos y la suplantación de personas.

El sistema político debe estudiar la utilidad de mantener dos cuerpos legislativos con funciones similares o si adopta un sistema unicameral a fin de acoger la alta tendencia constitucional dirigida a suprimir una cámara por modernización legislativa, especialización, reducción de costos y mejoramiento de la calidad de apoyo técnico legislativo.

Igualmente, estudiar la adopción de un sistema parlamentario que permita realmente fortalecer los partidos políticos y posibilite a los miembros de la célula legislativa gozar de garantías y condiciones reales para hacer oposición.

La implementación del sistema parlamentario en Colombia sería un respiro, máxime en momentos en los cuales las instituciones políticas se han resquebrajado y los partidos tradicionales son débiles, donde el caudillismo constituye una práctica obsoleta y un retroceso político.

Solo a través de una Asamblea Constituyente puede obtenerse la reforma política que se requiere. Las otras medidas son paños de agua tibia. La milagrosa fórmula propuesta por Uribe de perdonar a los vinculados por la parapolítica y en cambio decretarles muerte política, sería como absolverlos sin que expiaran sus culpas. Adelantar las elecciones del Congreso, por razones de logística y tiempo, no sería oportuno; además, si se trata de castigar la ilegitimidad del Congreso también debería castigarse la ilegitimidad del Presidente, ya que los votos de Uribe son los mismos votos de los políticos que acompañaron su aspiración presidencial en el 2002 y en el 2006.

Tampoco resulta acertada la postura de un candidato a la Presidencia, consignada en entrevista realizada al Espectador, en su edición del 26 de abril a 3 de mayo de 2008, en donde rechaza la propuesta de convocar una asamblea constituyente, para a renglón seguido afirmar que puede acudirse a lo dispuesto en el artículo 374 de la Constitución Política, que no es otra cosa, que la facultad de reformar la Constitución, a través del Congreso, una asamblea constituyente o mediante referendo.

[1] Globalización y Democracia. Junio l6 de 2003, Foro Temático.

* Puede solicitar la versión complenta del documento que guió el debate, en archivo PDF o word, con los cuadros completos de la parapolítica y el listado con los padres de la patria tras las rejas e investigados.

prensaborja@gmail.com

Documento especial

2007-08-23T17:39:00.000-07:00

Las diez estrategias del Plan Colombia

Lo primero que hay que señalar es que para los partidos políticos de oposición en particular el plan Colombia es una especie de tratado que condiciona el aparato estatal mediante compromisos económicos, políticos y sociales. Vulnera la soberanía nacional en tanto, bajo el pretexto de la lucha antidrogas, las fuerzas armadas y las instituciones estatales son "asistidas" por expertos y métodos norteamericanos, cuyas actividades suelen ser desconocidas por la opinión publica colombiana.
Una lectura breve de los diez puntos que componen la estrategia del Plan Colombia permite observar que va mas allá de la mera cooperación internacional. Los compromisos implican reformas y ajustes en materias inusitadamente extrañas el tema de la lucha contra el narcotráfico que se supone es el eje central del plan, como por ejemplo los de impuestos y en política fiscal, compromisos respecto del manejo territorial y en el modelo económico, y cooperación en la estructura y manejo del poder judicial.
Es decir, este es un plan que permite la mayor injerencia en los asuntos internos del país sin respecto a los principios de libre determinación y desde luego, sin respeto a la soberanía nacional y las relaciones entre dos países soberanos. Si bien es cierto las diez estrategias ameritan análisis en relación con su eficacia, en aras de la concreción que el tiempo impone, me referiré solo a los puntos que se relacionan directamente con la paz y lucha antidrogas, es decir, las estrategias 1, 2 3, 6 y 7,
1. Una estrategia económica que genere empleo, que fortalezca la capacidad del Estado para recaudar impuestos, y que ofrezca una fuerza económica viable para contrarrestar el narcotráfico. La expansión del comercio internacional, acompañada por un mejor acceso a los mercados extranjeros y de acuerdos de libre comercio que atraigan inversión extranjera e interna son factores claves en la modernización de nuestra base económica y para la generación de empleo. Dicha estrategia es esencial en un momento en que Colombia enfrenta su peor crisis económica en 70 años, con un desempleo hasta del 20%, lo cual a su vez limita severamente la capacidad del gobierno para luchar contra el narcotráfico y la violencia que éste genera.
Lo que uno se pregunta cuando lee esto es si realmente esto es un problema de una política antidrogas, lo que creemos es que el Plan Colombia es un plan de sometimiento del país a unos intereses concretos, visibles y públicos en algunos casos y privados y oscuros en otros. La estrategia del Plan parece orientar cosas más allá de la simple estrategia antidrogas que incluyen los puntos más sensibles de la estructura económica de un país, y es asegurar como principio atraer la inversión extranjera en condiciones ventajosas

2. Una estrategia fiscal y financiera que adopte medidas severas de austeridad y ajuste con el fin de fomentar la actividad económica, y de recuperar el prestigio tradicional de Colombia en los mercados financieros internacionales.

3. Una estrategia de paz que se apunte a unos acuerdos de paz negociados con la guerrilla con base en la integridad territorial, la democracia y los derechos humanos, que además deban fortalecer el estado de derecho y la lucha contra el narcotráfico.

El actual proceso de paz con los grupos paramilitares esta rodeado de muchas inconsistencias. A pesar de señalarse que son 31.671 según el alto comisionado para la paz, entregaron 16.785 armas largas y cortas. Apenas 2900 los llamados a juicio y 18.000 de los llamados combatientes de base, que no tienen historial judicial y solo declaran haber pertenecido al grupo armado pero que no tiene reseña de haber participado en combate con el ejecución de crímenes de lesa humanidad. (¿).
Hay indicios claros de que no todos los componentes de estos grupos se desmovilizaron y hoy se cuentan ya cerca de 22 grupos de nueva generación con presencia en 25 departamentos. Las actividades de estos grupos van desde la seguridad privada en las mismas zonas en las cuales tenían influencia hasta la disputa y control de las rutas de salida de drogas por el pacifico y el caribe. Es decir las estructuras paramilitares no fueron desmontadas, con lo cual las victimas no tengan verdad, justicia, y reparación es un factor que no permitirá ningún proceso de reconciliación. Es necesario recalcar el debate que hubo respecto de que muchos reconocidos narcotraficantes fueron graduados de paramilitares en el proceso de Ralito con lo cual se pretende impedir la extradición y por tanto, la conservación del negocio de la droga.
Según la Comisión Nacional de Reinserción y Reparación la distribución de estos nuevos grupos es la siguiente, que coincide con la que tenían los bloques y grupos de los paramilitares desmovilizados: 1). La costa Caribe con 1.290 hombres armados que delinquen en los departamentos de Atlántico, Guajira, Cesar y Norte de Santander; 2) Uraba, Córdoba y Magdalena Medio con 605 hombres; 3) Llanos orientales con 960 que cubren los departamentos de Meta, Guaviare y Vichada: 4) región Pacifico con 1.100 hombres. [1]
4. Una estrategia para la defensa nacional para reestructurar y modernizar las fuerzas armadas y la Policía, para que estos recuperen el estado de derecho, y proporcionen seguridad en todo el territorio nacional, en contra del delito organizado y los grupos armados y para proteger y promover los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Si bien es cierto las fuerzas armadas han sido modernizadas y en el tema de seguridad se invierten millonarias sumas, los resultados no se compadecen con esta inversión. La corrupción, la infiltración del narcotráfico y el paramilitarismo son factores que deslegitiman estas instituciones.
5. Una estrategia judicial y de derechos humanos, con el fin de reafirmar el estado de derecho y para asegurar una justicia igualitaria e imparcial para todos, y al mismo tiempo que promueva las reformas ya iniciadas en las fuerzas militares y la Policía para garantizar que éstas cumplan con su papel en la defensa y respeto de los derechos y la dignidad de todos.

6. Una estrategia antinarcóticos, en asocio con los demás países involucrados en algunos o todos los eslabones de la cadena: la producción, distribución, comercialización, consumo, lavado de activos, de precursores y de otros insumos, y el trafico de armas, para combatir todos los componentes del ciclo de las drogas ilícitas, y para impedir el flujo de los productos de dicho tráfico que alimenta la violencia hacia la guerrilla y otras organizaciones armadas.
4.500 millones de dólares ha invertido el gobierno norteamericano en la lucha antidrogas en Colombia. En el 2000 el mapa era muy diferente. Había concentración de cultivos inmensos en las áreas planas de unos pocos departamentos, como Putumayo, por lo que las fumigaciones eran efectivas. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, hoy las avionetas tienen que fumigar tres veces más de lo que hacía en el 2000 para eliminar la misma cantidad de drogas. (…) entonces los cultivos tenían una área promedio de 1.3 hectáreas, hoy miden menos de una y en lugar de estar concentrados en 12 departamentos hoy tienen una importante presencia en 23.”
Según la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, la evolución del negocio se manifiesta en cifras. Por cuenta de la ofensiva del plan Colombia, en el año 2000 las hectáreas de cultivos ilícitos comenzaron a reducirse. De 163.000 a 145.000 en 2001; 102.000 en el 2002; 86.000 en 2003; 80.000 en 2004, pero en 2005 volvieron a subir a 86.000 de las cuales 52,960 eran nuevas. Meta y Guaviare tienen la mas alta tecnificación del todo el pais. Cada año estos departamentos sacan un promedio de 6.6 cosechas de nuevas variedades de coca. Estas variedades son cada vez mas productivas y resistentes a las fumigaciones. (…) el cultivo de coca es una de las pocas soluciones para que los campesinos salgan de la pobreza y sobrevivan al control de los grupos armados.(…) Actualmente , según naciones unidas, hay 68.600 hogares involucrados en los cultivos de los que devengan un promedio anual de 12.300 dólares”. Informe Especial La guerra perdida contra las drogas” [2]
Según Daniel Coronel en su columna de la Revista Semana, señala que “arrancando de norte a sur, la primera mancha que muestra `plantaciones coqueras en auge esta en la Sierra Nevada de Santa Marta. Una región que durante los años de aplicación del Plan Colombia, ha permanecido bajo control del llamado Bloque Resistencia TAyrona de las autodefensas liderado por Hernán Giraldo Serna. (…) la región del Cesar en la que opera el Bloque Norte de la Autodefensas comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40”. En este caso específico los cultivos han aumentado un 24% en el último año, es decir coincidiendo con la desmovilización paramilitar “.
(…) el mismo columnista afirma que de “acuerdo con las fuentes del Departamento de Estado y la oficina nacional de política para el control de las drogas (ondeop) el sur de Colombia no es ya la zona mas grande de cultivos ilícitos. Hoy la mayor área coquera se extiende por los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y el Norte de Antioquia”. (…) también en el magdalena medio, región de Arnubio Triana alias “botalón” y Ramón Isaza. Lo mismo ha pasado en la zona de Arauca que ha estado bajo el control de los mellizos Mejia Munera y de Heiner Arias, alias Julián”, lideres del bloque vencedores de Arauca.” Otro tanto, viene sucediendo en el área de influencia del Bloque pacifico”.

7. Una estrategia de desarrollo alternativo, que fomente esquemas agropecuarios y otras actividades económicas rentables para los campesinos y sus familias. El desarrollo alternativo también contempla actividades de protección ambiental que sean económicamente factibles, con el fin de conservar las áreas selváticas y poner fin a la expansión peligrosa de los cultivos ilícitos sobre la Cuenca Amazónica y sobre los vastos parques naturales que son a la vez áreas de una biodiversidad inmensa y de importancia ambiental vital para la comunidad internacional. Dentro de este marco, la estrategia incluye proyectos productivos sostenibles, integrales y participativos, en combinación con la infraestructura necesaria y dedica atención especial a las regiones que combinan altos niveles de conflicto con bajos niveles de presencia del Estado, un capital social frágil y degradación grave del medio ambiente, como son el Magdalena Medio, el Macizo Colombiano y el sur occidente de Colombia.

El cultivo de palma de aceite es quizás el cultivo alternativo más exitoso, pero a costa del desplazamiento de miles de campesinos y comunidades afro colombianos e indígenas cuyos territorios protegidos por la constitución han sido violados.
8. Una estrategia de participación social que apunte a una concientización colectiva. Esta estrategia busca desarrollar una mayor responsabilidad dentro del gobierno local, el compromiso de la comunidad en los esfuerzos anticorrupción y una presión constante sobre la guerrilla y sobre los demás grupos armados, con el fin de eliminar los secuestros, la violencia y el desplazamiento interno de individuos y comunidades. Esta estrategia también incluye la colaboración con empresarios locales y grupos laborales, con el fin de promover modelos innovadores y productivos para así enfrentar una economía más globalizada, fortalecer de este modo nuestras comunidades agropecuarias y reducir los riesgos de violencia rural. Adicionalmente, esta estrategia busca fortalecer las instituciones formales y no formales que fomenten cambios en los patrones culturales a través de los cuales se desarrolla la violencia, y que se fortalezcan. Además incluye la promoción de mecanismos y programas pedagógicos para aumentar la tolerancia, los valores esenciales de la convivencia y la participación en asuntos públicos.
El fenómeno paramilitar ha quebrado esta estrategia en tanto, las administraciones municipales han sido copadas por los jefes paramilitares. Según las denuncias la apropiación de los presupuestos municipales a través de las administradoras del régimen subsidiado en salud y la educación los pactos de los alcaldes en Casanare y el pacto de rallito tienen en procesos judiciales a varios congresistas, alcaldes y gobernadores.
9. Una estrategia de desarrollo humano que garantice servicios de salud y de educación adecuados para todos los grupos vulnerables de nuestra sociedad durante los próximos años, especialmente incluidos no solamente los desplazados o afectados por la violencia, sino también los sectores sumergidos en condiciones de pobreza absoluta.
10. Una estrategia de orientación internacional que confirme los principios de corresponsabilidad, acción integrada y tratamiento equilibrado para el problema de la droga. Se deben tomar acciones simultáneas contra todos los eslabones de la cadena de este flagelo. Asimismo, el costo de dicha acción y de sus soluciones debe recaer sobre los países involucrados habida cuenta de su capacidad económica individual. El papel de la comunidad internacional también es vital para el éxito del proceso de paz, de acuerdo con los términos del derecho internacional y con el consentimiento del gobierno colombiano.

UNA ALTERNATIVA.
La política antidroga, tanto de Colombia como de los Estados Unidos debe sufrir un cambio profundo, dado el fracaso que las distintas estrategias trazadas desde el punto de vista de la penalización, cuando el problema es político y económico.
La criminalización hacia los productores cuando no hay alternativas reales es un error y es simplemente ver el problema desde el eslabona mas débil de la cadena productiva. Es necesario discutir ampliamente los siguientes puntos:
1. Lo relacionado con la producción de percusores químicos, de producción industrial internacional;
2. Analizar con claridad el problema de la circulación de los dineros por los circuitos financieros internacionales y nacionales en lo que se conoce como lavado de activos;
3. Efectos de esta circulación de dinero que en el caso colombiano produce la reevaluación del peso;
4. Discutir sobre la legislación que castiga el consumo, su legalización y el tratamiento como un problema de salud publica en el caso de los adictos.
5. Los efectos y resultados de las fumigaciones y sus repercusiones en el medio ambiente y en la salud de la población.
6. El problema de los pueblos indígenas y la industrialización de la hoja de coca
Omar_camachoutl@yahoo.es

[1] Comsioon Nacional de REinsercion y Reparacion
[2] Daniel coronel. Semana edición 12.70, 09,02,2006

Acerca del acuerdo humanitario

2007-08-23T17:22:00.000-07:00

Actualmente se discute acerca del acuerdo o intercambio humanitario entre el gobierno nacional y las FARC, particularmente motivado por los movimientos que los familiares de victimas y victimas de la violencia han venido organizando para llamar la atención de las partes y de la ciudadanía colombiana.El problema tiene varios aspectos a considerar:

· El Presidente Uribe niega la existencia del conflicto armado y por tanto, niega la existencia de prisioneros de guerra. Esto trae como consecuencia que al no reconocer el conflicto armado tampoco existiría obligación con la aplicación del derecho internacional humanitario. y
· Niega por tanto la presencia del delito político..No existiendo insurgentes, lo que configura el conflicto no hay partes contendientes sino delincuentes comunes, y por ende, tampoco aplicaría la legislación internacional para las partes en conflicto.
Sin embargo, a pesar del querer presidencial el conflicto existe desde hace más de 40 años y en diferentes momentos de la reciente historia nacional el intercambio ha sido posible. Veamos:
1. “Un sólo acuerdo, en casi tres años de negociaciones, han suscrito Gobierno y FARC. Se firmó el pasado 2 de junio y permitió la liberación de 358 soldados y policías retenidos por esa guerrilla a cambio de 14 subversivos, procesados por la justicia colombiana.
Aunque se llamó Acuerdo Humanitario por el intercambio de combatientes enfermos, las partes definieron que sólo involucraría a 40 miembros de la fuerza pública y 15 guerrilleros, pero el número creció debido a que la organización guerrillera, en lo que llamó un gesto unilateral de paz, dejo libre a un gran número uniformados.” [1]
2. Los secuestros de los diplomáticos de la Embajada de la Republica Dominicana por parte del M.19; de Juan Carlos Gaviria (hermano del expresidente liberal Cesar Gaviria); de los prisioneros de guerra del Putumayo y el Caquetá en poder de las FARC y otros casos mas, fueron resueltos positivamente a través de un espíritu de dialogo, sin traumatismos ni condiciones previas y con el acompañamiento de entidades internacionales. Y a manera de ejemplo, Internacionalmente también existen cantidad de casos de intercambios entre partes enfrentadas, en Europa, el conflicto Israelí-palestino, etc. Luego, nadie entiende porque el actual gobierno se niega a generar condiciones para una solución constructiva de los secuestrados y detenidos.

Ahora bien, el jefe del Estado, que tiene la obligación constitucional de velar por la vida y la libertad de los secuestrados, niega la existencia del conflicto armado interno, involucra cada vez mas a civiles en el conflicto, ha mantenido una actitud dilatoria, reticente al dialogo, de continuos engaños a los familiares, haciendo prevalecer la orden del rescate a sangre y fuego. El Presidente Uribe ha puesto por encima de las consideraciones humanitarias y el clamor nacional por una salida constructiva y dialogada del problema su revancha personal y política contra las guerrillas.

La movilización nacional del pasado 5 de julio, en razón de la muerte de los 11 diputados del Valle del Cauca, que intento por parte del gobierno ser canalizada políticamente a favor de las salidas de guerra; fue sin embargo un pronunciamiento colectivo contra el secuestro, en solidaridad con los familiares, de exigencia para la entrega de los cadáveres, clamando un acuerdo humanitario y rechazando el rescate por la fuerza, igualmente, la valerosa travesía del profesor Moncayo exigiendo el Acuerdo humanitario han venido mostrando el camino que puede abrir las puertas no solo para el acuerdo sino para el inicio de diálogos de paz.
.LA REALIDAD ACTUAL SEÑALA:
a) La existencia de un conflicto social, económico, político y militar muy agudo, caracterizado, cada día con más evidencia, por una guerra civil que dura décadas y que no parece solucionable en términos militares.
b) La existencia en Colombia de detenidos por razones políticas, acusados de pertenencia o apoyo directo o indirecto a las FARC-EP y a otras guerrillas en general.
c) La existencia de un importante número de militares hechos prisioneros por las FARC-EP en distintos combates militares.
d) De acuerdo con pronunciamientos, cartas y declaraciones cruzadas entre los últimos gobiernos y la insurgencia está sobre la mesa la propuesta de realizar un intercambio de los militares y civiles retenidos por las FARC-EP, por detenidos políticos acusados de pertenencia a esa organización guerrillera.
e) En diversos decretos promulgados por los gobiernos, que han ordenado despejes militares de áreas del país para diversas negociaciones, se reconoce de manera explícita a las FARC-EP como una fuerza de interlocución política con el gobierno, esto es, se reconoce a las FARC-EP, a la luz del derecho internacional publico, la condición de fuerza beligerante.
f) El Derecho Internacional de Guerra, parte especial del Derecho Internacional Publico, considera entre los conflictos armados a los cuales aplicarse el derecho, también las guerras civiles y las guerras internas en un país. El caso colombiano es un caso típico.
Esta extensión, tanto terminológica como aplicativa, ha sido sancionada por las cuatro convenciones de Ginebra del 12-08-1948 y por los protocolos I y II adicionales de Ginebra de junio de 1977, todos suscritos y ratificados por Colombia. Es el protocolo adicional II que hace explícita referencia a las normas que regulan la guerra civil, individualizando entre sus destinatarios las fuerzas insurgentes que actuando en parte del territorio nacional lo han sustraído, también temporalmente, al control del gobierno, deviniendo sujetos del derecho internacional.
Las condiciones fijadas por las convenciones de Ginebra, en particular por el protocolo adicional I, para considerar "legítimos combatientes" a los incorporados en las fuerzas armadas de una parte política insurgida, son los siguientes: a) Que lleven un uniforme conocido por el adversario, b) que lleven abiertamente las armas, c) que estén a la dependencia de un comando responsable, d) que respeten leyes y costumbres de la guerra.
Teniendo en cuenta estas normas, se debe considerar, a todos los efectos del derecho, a los militantes de las FARC-EP, como "combatientes legítimos" de una fuerza insurgente, existente de hecho y reconocida de derecho en el Estado Colombiano, circunstancia de la cual han tomado acto varios presidentes colombianos.
g) En presencia de una relación de beligerancia existente de hecho y de derecho reconocida, son posibles los " acuerdos entre beligerantes " sobre la base del Derecho Internacional suscrito y ratificado por Colombia.
Entre todos esos acuerdos posibles (la realización de treguas, la creación de zonas de distensión, la creación de zonas sanitarias de seguridad, la protección, atención y evacuación de heridos y enfermos, etc.); parece hoy particularmente importante, precursor de avances positivos, el canje de prisioneros, previsto por el art. 44 del protocolo I adicional de Ginebra de 1977, que no discrimina, además, entre "combatientes legítimos " y " combatientes ilegítimos”.
La disyuntiva se encuentra entonces en que no se vislumbra una solución del conflicto Colombiano por la vía militar, quedando solo la necesidad, sensata y concreta, de una solución política del conflicto, a través del proceso de diálogo entre las fuerzas beligerantes.

CONCLUSION
De lo anterior, se puede concluir que las condiciones del acuerdo están absolutamente dadas, considerando, por ejemplo, que es un "caso típico" de "acuerdos entre beligerantes" la "creación de una zona exenta de la violencia", por cualquier razón.
Si no existen dudas sobre la posición jurídica de los soldados del Ejército Nacional Colombiano prisioneros de las FARC-EP, no parece que puedan existir tampoco dudas con relación a los miembros de las fuerzas guerrilleras hechos presos y, con mayor razón, de quienes acusados de serlo, lo niegan.
La III convención de Ginebra de 1949, como ha sido dicho, obliga a considerar prisioneros de guerra los miembros de fuerzas insurgidas, a condición que: a) Sea conocida la existencia de un movimiento organizado, b) los miembros del mismo lleven un distintivo conocido, c) las mismas tengan un comando responsable y d) respeten las costumbres y leyes de la guerra.[2].
El presidente Uribe al considerar que solo el rescate militar es la opción para volver a la libertad a los secuestrados o retenidos por la guerrilla, no solo esta violando el mandato constitucional que le obliga a proteger la vida de todos los colombianos, sino que también esta violando la legislación internacional que como lo mandata la carta política esta incorporada a la legislación nacional.

Bogota, agosto 10 de 2007

WILSON BORJA DIAZ.

[1] El colombiano, agosto 6 de 2001
[2] Convenciones de Ginebra del 22-08-1864, del 17-07-1929, del 12-08-1949 y protocolos adicionales del 08-06-1977

Rendición de cuentas

2007-08-13T10:20:00.001-07:00

Rendición de cuentas

2007-08-13T10:13:00.000-07:00

www.pacobogota.org
Rendición de cuentas de los parlamentarios

y apoyo a la candidatura de

Jaime Caicedo al Concejo y a las JAL

13 de agosto de 2007. Mediante Cabildos Populares en diversas localidades y sectores de la ciudad durante los meses de agosto, septiembre y octubre, la Senadora Gloria Ines Ramirez y el Representante a la Cámara Wilson Borja rendiran cuentas a sus electores y respaldaran a los candidatos al Concejo, Jaime Caicedo y a las JAL, que presentaran sus propuestas programáticas.

Localidad	Día	Hora
Engativa	Sábado 18 de agosto	5.00 p.m.
Fontibón	Jueves 30 de Agosto	7.00 p.m.
Magisterio	Sábado 1 de septiembre	2:00 p.m. ADE sur
Pte. Aranda	Viernes 7 de Septiembre	7.00 p.m.
Usaquen	Viernes 14 de Septiembre	6.00 p.m.
U. autónoma	Jueves 20 de Septiembre	5.00 p.m.
Engativa	Viernes 28 Septiembre	7.00 p.m.
Teusaquillo	Sábado 29 Septiembre	10:00 a.m.
Bosa	Sábado 29 Septiembre	6.00 p.m.

Análisis del informe del Banco de la República

2007-05-16T11:36:00.000-07:00

¿Cúal es la capacidad que tiene la intervención del Banco en sus tasas de interés para controlar el aumento de la inflación?

En un estudio del reciente informe del Banco Emisor, el Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Wilson Borja Diaz aborda, entre otros, los temas de la inflación, la revaluación del peso y las graves consecuencias que mientras hay crecimientro crece el desempleo

El informe al Congreso de la República que el Banco tiene dentro de sus mandatos legales es sin duda uno de los documentos más importantes para el análisis del políticas públicas del país, este año este informe debería de llenarnos de noticias agradables respecto al desempeño económico tal como ha sido recurrente en los medios periodísticos por parte de expertos y no expertos en el tema económico.

Los indicadores son halagüeños en este sentido: el PIB crece un 6.7% en 2006 una tasa no vista en los últimos 30 años, argumento que le ha dado a los amigos de la Seguridad Democrática para seguir insistiendo en que su modelo es el que ha traído la prosperidad al país. Por otra parte el desempeño de la inversión no podría ser mejor pues esta alcanzó en 2006 una proporción del 23% sobre el PIB, la cual solo puede compararse en tiempos recientes a la alcanzada entre los años 1993- 1995.

Además la economía tanto pública como privada no tiene mayores problemas de financiamiento, especialmente con del sector financiero bancario y los créditos han crecido de una manera apreciable de la mano con tasas de interés históricamente bajas.

Si este es el escenario, parece que solo debería haber aplausos para la política económica del gobierno y la acción del Banco de la República en lo que atañe a inflación y control monetario, sin embargo, nosotros creemos como lo hace una buena parte de analistas económicos que la evolución reciente de la economía tiene muchos elementos de preocupación y otros que siguen siendo oscuros y que no son debidamente explicados por las autoridades económicas.

Este documento busca hacer una presentación ordenada de estos puntos críticos y ofrecer una explicación alternativa de estos fenómenos, la cual hace parte del control político que el Congreso de la República tiene que realizar a las decisiones económicas del gobierno nacional, del Banco de la República, así como del análisis del comportamiento de las principales variables económicas.

Una preocupación al margen: esta comisión de asuntos económicos debe poner como prioridad la discusión del informe al Banco de la República y no aplazarlo para cuando las agendas legislativas así lo dispongan, esto lo afirmamos en referencia a que hasta el mes de mayo se ha citado a la Comisión III de la Cámara de Representantes para debatir públicamente los contenidos del informe del Banco de la República.

Por otra parte queremos dar un reconocimiento a la forma como la Junta Directiva ha querido acercar a los legisladores al debate en sesiones privadas sobre los temas contenidos en este informe, reuniones de las cuales surgieron algunas inquietudes muy importantes por parte de los miembros de las comisiones económicas y que esperamos que dado que han sido puestas en conocimiento de la Junta con anterioridad sean debidamente resueltas y aclaradas.

Este acercamiento entre el Congreso y el Banco es importante en la vía de mejorar la calidad de los debates, hacer un aprendizaje de los temas más importantes de las agendas de las dos instituciones y servir como pauta de control político sobre las decisiones de política económica que realiza el gobierno nacional.

Para nuestra presentación hemos decidido seguir la unidad temática presentada por el informe del Banco de la República en 4 temas que consideramos fundamentales para una presentación coherente de las inquietudes surgidas en el seno del Polo Democrático.

TEMA I. Inflación

Los últimos días han estado marcados por un debate amplio sobre el crecimiento de la inflación por encima de la meta propuesta en el marco del esquema de inflación objetivo por parte del Banco de la República. Dichos indicadores se hicieron más críticos en el mes de abril cuando se conoció que los resultados de la inflación en lo corrido del año alcanzaban un 3,7% cuando la meta propuesta de inflación para todo el año estaba alrededor del 4,5%.

Estos resultados inducen a pensar que la meta establecida por el Banco será difícilmente cumplida, aunque es comprensible que aun a pesar de toda la evidencia la Junta Directiva no modifique su posición en el tema. Tan importante ha sido el aumento de la inflación en los últimos meses que incluso las centrales obreras ya elevaron formalmente la petición formal de un nuevo aumento de salarios dado que “en los primeros meses el aumento de la inflación devoró el 75% del aumento establecido a finales del año pasado”[1]. Petición a la cual el gobierno obviamente se negó, bajo el supuesto de que un alza de los salarios haría que efectivamente no se alcanzara la meta de inflación establecida, con lo cual se afectarían nuevamente a los más pobres que verían socavados sus ingresos, argumento al que no le falta razón pero en el que hay que incluir que también las personas de mayores ingresos, y específicamente aquellos que se dedican a la inversión en títulos valores pierden cuando hay una inflación por encima de las expectativas, pues las tasas de retorno de los mismos disminuyen.

Pero más que las causas, lo que nos importa en este momento son los orígenes del fenómeno, el Banco en su informe nos presenta que el crecimiento de la inflación se explica básicamente en dos tipos de causas:

Por el lado de la oferta: el Banco de la República considera que existen varios fenómenos que influyen por la vía de la oferta con el crecimiento de la inflación.

1. Los altos precios del petróleo. Los cuales se transmiten al consumidor por medios de varias vías: a) incrementando del precio interno de la gasolina el cual crece a la par de las cotizaciones del petróleo, con un barril de petróleo que alcanzó hasta los US85 dólares americanos (precio de referencia WTI para Colombia), el incremento del precio de la gasolina superó el 10% en 2006. b) induciendo un alza en el precio de los alimentos dada la sustitución creciente de combustibles derivados del petróleo por biocombustibles, la cual induce un aumento en el precio de cereales como el maíz y de otros bienes agrícolas como la caña de azúcar así como de los combustibles derivados de la palma africana, lo cual implicó que durante 2006 el precio de los alimentos se mantuvo por encima de la meta de inflación del 4,5% con un tendencia creciente al alza en los meses finales del año la cual fue todavía más marcada desde principios de 2007.

2. Las alzas en los precios de los bienes y servicios regulados, de las cuales las más importantes son las ocurridas en los servicios públicos (10,3%), educación (8,4%) y salud (7,3%). Esto implica que el gobierno tiene un alto impacto en la inflación pues las decisiones en materia de regulación expresan una tendencia creciente al alza en los precios de estos bienes.

Por el lado de la demanda: en este sentido, la Junta Directiva considera que hay un incremento inusitado en la inflación de los bienes no transables, lo cual viene explicado por un acceso fácil a mecanismos de financiación que han permitido expandir la demanda de los hogares en condiciones crediticias favorables, lo cual está explicado por la creciente liquidez del sistema financiero, la que a su vez se explica por fenómenos que se originan en la misma política cambiaria y monetaria y por decisiones de política pública y de agentes privados que entraremos a identificar más adelante.

A pesar de que hay claridad sobre las causas inflacionarias, el informe del Banco sorprende por carecer de un instrumental más refinado de cifras para poder ahondar en la identificación plena de los factores inflacionarios, por ejemplo, no hay un análisis claro de las causas del aumento de la inflación de regulados tema que en el debate en comisión Tercera sobre el informe del Banco para 2006 fue uno de los puntos que la bancada del Polo Democrático colocó en evidencia y hubo un compromiso por parte de la Junta Directiva por hacer más explícita esta variable dentro del informe.

También se extrañan cifras más claras sobre la evolución de la inflación en sectores específicos de la economía, así como sobre los efectos inflacionarios sobre el precio de los productores, estas carencias sorprenden porque en años anteriores el Banco hacía dentro del informe una recopilación de las estadísticas más importantes recopiladas en los Reportes de Inflación producidos mes a mes por el Banco.

Además el informe considera que la situación del crecimiento de la inflación se concentrará en el primer semestre del año tanto por los ajustes en los precios de los regulados que se concentran en el primer semestre del año, como por la terminación del fenómeno de sequía producido por el Niño el cual deterioró la producción de legumbres y hortalizas y finalmente por los impactos que pueda producir la política de aumento en las tasas de interés sobre la demanda agregada.

Por ello el Banco considera que a final de año se cumplirá la meta de inflación establecida entre el 3,5% y el 4,5%, lo cual es consecuente con su política de inflación objetivo.

De hecho y a pesar de la importancia del tema, el capítulo sobre inflación es el más corto dentro de la estructura del informe. La junta Directiva reconoce claramente que a pesar de ello los pronósticos hechos sobre el desempeño de la inflación para 2007 están sometidos al comportamiento de variables sumamente volátiles como el desempeño en el precio de los alimentos, el cual depende a su vez del desempeño en el precio del petróleo y por ende sobre las necesidades de sustitución de hidrocarburos por biocombustibles. Es decir, que sobre estos precios la capacidad de reacción del Banco es prácticamente nula.

Por otra parte hay que analizar un punto fundamental: hay todavía una brecha entre el precio de los combustibles a nivel nacional frente a su precio internacional, la política de desmonte de subsidios a los mismos implica por tanto que todavía se espere un recorrido largo a una tendencia alcista en los combustibles la cual no es estimada en el informe. Ya sabemos la forma en que dicho desmonte afecta el nivel de precios, pero lo que no dice el banco es que los aumentos de precios en los combustibles afectan más a los ciudadanos de menores ingresos puesto que se exponen a alzas continuas en el precio del transporte público. Desafortunadamente el gobierno nacional no tiene mayores ambiciones en materia de sustitución de combustibles en cuanto a los proyectos de transporte masivo y por ende esta variable seguirá pesando de manera importante en el nivel de precios.

Por otra parte, el alza en los alimentos refleja un desajuste de la política comercial del gobierno, aparte del conocido fenómeno de “cambiar comida para que nuestros autos se muevan” resultado de la “moda” de los biocombustibles, encontramos decisiones puntuales de políticas como por ejemplo la exportación de carne a Venezuela la cual ha encarecido el precio del producto a niveles increíbles: una libra de carne valía en noviembre de 2006 $4.500, en enero ya estaba en $5.000 para marzo se encontraba en $5.500 y ya a principios de mayo ha alcanzado la escandalosa cifra de $6.000 por libra.

Solo este producto ha tenido un incremento de precio del 33% en tan solo 6 meses, por una decisión totalmente contraria al interés nacional, al bienestar de los colombianos y a la seguridad alimentaria que para el gobierno es solamente un discurso trasnochado. La posibilidad de sustituir una fuente proteínica como la carne también es limitada porque la oferta avícola está también volcada a satisfacer los mercados en Venezuela cuyo auge económico ha trastornado nuestra economía de diversas maneras. Solo el ejemplo en la evolución del precio del huevo es la muestra fehaciente de lo que afirmamos: un huevo se consigue en la calle hoy hasta en $300 pesos cuando en octubre de año pasado el precio del mismo era de $200, un incremento del 50% y una explicación adicional para el aumento de la inflación.

A pesar de ello el Informe no contiene mayores referencias a este fenómeno, a pesar de que en la semana pasada la Junta Directiva del Banco tuvo una polémica con el Ministro de Agricultura sobre el tema.

El hecho de que los alimentos aumenten de precio por políticas equivocadas no debe ser un debate cualquiera, es un debate de marca mayor en un país con una situación de pobreza que a pesar de la mejora en la cifras presentadas por el gobierno, sigue siendo sumamente preocupante. El problema de imposibilidad de acceso a los alimentos no es solo un problema de regiones apartadas del país, es también un problema de los grandes centros urbanos que cada vez más ven como el hambre aumenta porque los hogares no tienen ingresos suficiente para proveerse una dieta básica nutritiva, si además de esto lo que prima en la fijación de las políticas públicas es satisfacer ante todo el afán de lucro de los industriales (que ganan más vendiendo carne a Venezuela más cara que en Colombia, pero llevando al alza los precios internos del producto) lo que se logra es una eficaz política de promoción de la pobreza y la precariedad. En este sentido hay un apoyo de la posición del Banco de la República por parte de la bancada del Polo Democrático.

La pregunta esencial que queda sin resolver es cual es la capacidad que tiene la intervención del Banco en sus tasas de interés para controlar el aumento de la inflación, teniendo en cuenta que en el mismo informe se recoge que dicha transmisión a las tasas de interés de mercado no es de uno a uno, sino que diverge dependiendo de las condiciones del mercado financiero. Un aspecto que preocupa a toda vista es la evolución del mercado cambiario: mientras que el fenómeno revaluacionista continúe por la senda actual, la aplicación de políticas efectivas por parte del Banco para controlar los excesos de demanda serán vanos, porque no al no haber un control directo del tipo de cambio lo que hay es una política residual orientada a esperar que las situaciones mejoren. Este tema lo trataremos con más profundidad más adelante.

TEMA II. Crecimiento

El cuadro 1 del informe muestra la forma en que se explica el crecimiento del PIB, lo cual deja en claro que uno de los dinamizadores del crecimiento es la formación bruta de capital, lo cual es consecuente con el crecimiento de la inversión que se han realizado en el país en los últimos años. Esto es altamente curioso: tenemos un crecimiento de nuestra capacidad productiva, pero al mismo tiempo tenemos un aumento de la inflación porque dicha capacidad productiva es excedida por el aumento de la demanda, y estos excesos de demanda son suplidos con un crecimiento importantísimo de las importaciones.

La pregunta es: ¿este crecimiento está explicado por la creación de nuevas empresas? ¿a que se dedican estas empresas? ¿En que se orienta la creciente inversión observada en los últimos años?

En primer lugar es necesario señalar que los indicadores en el caso de la inversión no son claros, y responden al mismo movimiento cíclico observado a mediados de los años 90 cuando el país vivió otra bonanza de la inversión tal como lo muestra el gráfico 8 del informe. Lo que puede derivarse de esta similitud es que los términos de desarrollo de la inversión estaban basados en los ambiciosos programas de privatizaciones emprendidos por los gobiernos en los periodos a los que hacemos referencia, y además en masivas transferencias de la propiedad de residentes colombianos a extranjeros cosa que el mismo Banco reconoce como un problema estructural de nuestra economía en el capítulo de Sector Externo.

Es claro en el gráfico 8 anteriormente señalado, que hay un problema de crecimiento cíclico e inestable de la inversión en el país, la cual rompe de manera notoria sus promedios históricos para decaer rápidamente lo cual desestructura la economía nacional, las perturbaciones en la inversión han venido curiosamente de la mano no con las políticas de promoción a la inversión, sino de la mano con políticas de privatización. El Banco sostiene que a diferencia del periodo 1993 -1996 el crecimiento de la inversión es sostenible en el tiempo, nosotros no tenemos muy claro el tema dado que las perturbaciones de los mercados financieros, la estructura productiva de estas industrias que está volcada a la exportación y el desconocimiento si lo que se tiene realmente es creación de capital o sustitución en la propiedad, o incluso el problema de los capitales especulativos hacen parte de esta medida de inversión.

Si el crecimiento de la inversión es ante todo en cartera, no hay mayores razones para creer que dicha inversión es sostenible en el tiempo que las que nos da el panorama financiero internacional, si es sustitución en la propiedad no hay claridad sobre como se ha incrementado la capacidad productiva del país y si ello tiene consecuencia directas en el mercado interno.

Una preocupación adicional sobre el tema es más difícil de explicar: como es posible que si la inversión crece a un ritmo vertiginoso del 28% en 2006 y al parecer sigue su tendencia en el primer trimestre de 2007 es concebible que desde julio de 2006 la cifra de desempleo haya cambiado su tendencia a la baja y haya vuelto a aumentar. Las explicaciones sobre el fenómeno son de gran interés, porque es posible que estemos experimentando una situación como la de los Estados Unidos entre 2001 y 2003 caracterizado por un crecimiento sin empleo, algo que debe preocupar tanto al Banco como al Gobierno Nacional.

Es claro por otra parte que el crecimiento de la demanda es asombroso y supera los máximos alcanzados en la década de los 90, sin embargo, hay un elemento muy negativo en este crecimiento: dispara las importaciones pero no dispara el empleo. Y decimos curioso porque ni el crecimiento de la inversión, ni el de la demanda a niveles nunca vistos históricamente no han sido suficientes para dinamizar el empleo, el cual con o sin cambio de series y metodologías sigue estando por encima del 10%, una cifra que en otros países es síntoma de crisis.

Otro de los dinamizadores del crecimiento es el sector de la construcción, curioso para un país que ha visto crecer en los últimos años (2002-2005) los déficits habitacionales en más de 200.000 mil unidades. Y decimos curioso porque se espera que si la construcción se dinamiza es porque se construyen soluciones habitacionales allí donde se necesitan claramente, es decir en la VIS. Sin embargo, las cifras de CAMACOL para 2006 muestran un desempeño muy diferente: la VIS crece a un modesto 3,5% anual, mientras que la construcción de no VIS lo hace a un 14% anual y la de comercio y otras construcciones lo hace a un ritmo vertiginoso del 35% en 2006. El sector se dinamiza pero concentrado en actividades asociadas con el ciclo de la burbuja financiera como el aumento del comercio de bienes transables, además en dicho crecimiento tiene un gran impacto el aumento de los precios de la tierra, el cual curiosamente tampoco es analizado en el capítulo de inflación y que ha superado en el periodo 2003-2006 de acuerdo con cifras de METROVIVIENDA un promedio del 150% para las ciudades capitales principales.

Nuevamente tenemos los mismos resultados, con distintas explicaciones: un crecimiento concentrado en muy pocos sectores, con una expansión sin antecedentes en el consumo de lo hogares, y con un aumento de la precariedad.

TEMA III Empleo

En este marco lo claro es que las variables de empleo no han respondido a la dinámica económica, nótese como para el segundo semestre de 2006 la cifra de desempleo presenta un quiebre con respecto a la tendencia descendente exhibida desde 2002, no obstante que el crecimiento económico haya alcanzado una cifra importante tal como ya vimos.

Hay muchas explicaciones que la Junta Directiva del Banco ofrece sobre el fenómeno:
La primera: hay un fenómeno económicamente inexplicable que sucede desde la segunda mitad de 2006 en el que la Tasa Global de Participación y la Tasa de Ocupación se reducen, esto implica que “una proporción importante de las personas que participaban activamente en el mercado laboral (muchas de ellas ocupadas), tomaron súbitamente la decisión de retirarse en el mercado laboral y se dedicaron a otras actividades, tales como los oficios del hogar o el estudio”

Esto indica una interpretación bastante interesante, como la tasa de desempleo es el resultado del cociente entre la población desocupada sobre la Población Económicamente activa.

Por ende la TASA DE DESEMPLEO puede crecer o por un aumento de el numero de desocupados o por una reducción de la PEA, pues resulta que los indicadores de desempleo han recogido un efecto de choque que la propia Junta Directiva reconoce como extraordinario y sin antecedentes documentales en ningún país del mundo, en el cual el mercado laboral se ha retraído, es decir, cada vez es menos el número de personas dispuestas a trabajar y deciden ocuparse en el hogar o dedicarse al estudio. Esto no lo refuerza el Banco con un análisis sobre el crecimiento de los ingresos de los hogares, el cual podría confirmar si en efecto lo que se produce es una retracción del fenómeno del “trabajador adicional”, es decir, que el ingreso del que trabaja alcanza de manera suficiente para cubrir los gastos del hogar.

Si esto fuera así, sería totalmente un milagro económico: la reforma laboral llevada a cabo por el gobierno Uribe socavó las bases del ingreso salarial, por ende los puestos de trabajo formales que se han creado lo hacen con salarios menores a los que existían antes de la reforma. No hay evidencia en ningún sentido que permita afirmar que el crecimiento del ingreso salarial se haya dado como un elemento de la recuperación económica, los economistas del gobierno, o quienes apoyan de manera decidida sus demenciales políticas laborales tampoco han hallado evidencia suficiente de un robustecimiento del ingreso salarial, el argumento según el cual este ha crecido en términos reales es vacío porque obedece a una comparación entre un índice de precios genérico (IPC) y el ajuste porcentual anual. Solamente para dar un ejemplo de estas reflexiones recomendamos la lectura que hace del fenómeno laboral el Economista Alejandro Gaviria en su libro “Del Romanticismo al Realismo Social y Otros Ensayos” y Gaviria no es precisamente un seguidor del Polo Democrático.

Además el Banco argumenta que estos resultados sobre el empleo se explican por un choque de productividad, lo cual indica que menos personas empleadas aportan la misma o mayor productividad laboral, se refuerza con los indicadores de la evolución sobre el aseguramiento en los regímenes de salud, pensiones, ARS y Subsidio Familiar.

Pero las mismas cifras lo que muestran es un debilitamiento del mercado laboral donde el gobierno y el Banco ven un fortalecimiento de los afiliados al régimen subsidiado en salud por encima de los que se afilian al sistema contributivo, el cuadro anterior que es tomado del informe del Banco es elocuente: mientras los afiliados al régimen contributivo crecen en un 2.82%, los del régimen subsidiado lo hacen a una tasa cuatro veces mayor (7.79%) y especialmente amplia en el caso de los subsidios totales. Lo que el Banco y el gobierno quieren presentar como evidencia del crecimiento del empleo, es claramente una muestra de la poca dinámica del mercado laboral y de la mayor dependencia de los subsidios estatales, lo que contradice no solo los pronósticos sino que va en contravía del equilibrio financiero del sistema de salud, tan desafortunada impresión solo puede explicarse por una defensa de las afirmaciones por encima de las evidencias, lo cual es extraño en una institución de tanto prestigio como el Banco de la República.

Las cifras de crecimiento de las afiliaciones no indican estabilidad en el empleo, es más hoy los trabajadores sufren porque los aportes se tienen que realizar en buena parte con recursos descontados del ingreso bruto y no hay apoyo adicional para la cotización como si lo tienen los trabajadores estables. Pero la mayor parte de ellos corresponden a trabajos por contratos de servicios que implican severas discontinuidades en las cotizaciones, que a la larga impedirán disfrutar del derecho, como es el caso del régimen de pensiones de ahorro individual.

Este no es un debate estéril, sino que recoge los logros reales de la política económica del gobierno de Álvaro Uribe y especialmente su propuesta de reforma laboral que no tuvo ningún impacto en el empleo como se ha demostrado hasta el cansancio, pero si llenó las arcas de los empleadores mientras el desempleo continúa como un cáncer social.

TEMA IV Sector Externo

El informe muestra unas cifras demasiado preocupantes en cuanto al sector externo, en primer lugar porque el tren de importaciones se ha convertido en una verdadera avalancha, según el informe las importaciones crecen para 2006 a un nivel de 23.5% mientras que las exportaciones lo hacen a 15.1% siendo muy inferior al crecimiento de los años anteriores.

Estas cifras implican un problema mucho mas profundo: la revaluación incontrolable del peso. En efecto el peso colombiano que hoy ronda el piso de los $ 2.000 por dólar ha implicado una caída en los ingresos de los exportadores, caída que sin duda ha sido contenida por los altos precios de algunos de nuestros principales productos de exportación, especialmente de minerales. Pero al otro extremo esta misma revaluación ha implicado un aumento de las importaciones las cuales compiten con la producción destinada al mercado interno, mientras que los exportadores consideran que la revaluación los golpea únicamente a ellos, muchos productores que no están exportando vienen perdiendo de manera acelerada terreno frente a los importados, este efecto, vale la pena recordar fue similar al de los años 1993 – 1996 y se convirtió en uno de los elementos más importantes de la quiebra de la industria nacional, y llevó definitivamente a la crisis del empleo de la cual como comentamos con anterioridad aún no hemos resuelto.

Nuestras exportaciones tienen un sesgo estructural que parece no haber cambiado en este gobierno: a pesar de que el crecimiento de las mismas está dominado por el de bienes no tradicionales, su composición todavía está abocada a productos primarios con bajo valor agregado, y además con un sesgo a mercados muy claro: bienes industriales a nuestros vecinos, y bienes primarios a Estados Unidos y Europa. Este sesgo aparentemente no se tuvo en cuenta a la hora de negociar un TLC de tal manera que nuestras exportaciones industriales podrían ponerse en riesgo, y con ellas la fuente más importante de generación de valor agregado que tiene la economía.

Y estas exportaciones de bienes industriales tienden a tener un papel mucho más importante a medida que los procesos económicos de los países vecinos han transformado sus patrones productivos, por ejemplo las exportaciones tradicionales a Venezuela decrecieron en un 74% el año anterior, mientras que las no tradicionales crecen en un 20% en los sectores agrícola e industrial, otro tanto sucede con Ecuador.

Anexo 1.

EFECTOS A LARGO PLAZO DE LA PRIVATIZACIÓN Y LA DESNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS.

Uno de los fenómenos que el informe del Banco desarrolla parcialmente es el que tiene que ver con los impactos sobre la balanza de pagos del agresivo proceso de privatización y desnacionalización de empresas que ha tenido lugar en los últimos años. Muchos lo ven simplemente como un fenómeno que muestra la confianza en el país, otros lo vemos con ojos menos optimistas hacia el futuro, por un elemento que el informe del Banco de la República contiene: el impacto sobre la balanza de pagos.

En la medida en que más empresas se desnacionalizen, las presiones para la salida de capitales se harán más fuertes. Esto indica que la economía nacional deberá poseer un nivel mayor de reservas internacionales que garanticen la liquidez a la hora de realizar los giros de utilidades, si tenemos una condición en que nuestra balanza comercial es negativa, y los mayores ingresos de divisas dependen de situaciones que no generan valor económico como las remesas, o el endeudamiento externo la situación externa del país tenderá a hacerse más difícil de administrar.

El gobierno difícilmente podrá contemplar esto como un problema porque lo que le interesa es mostrar una coyuntura de confianza en la política de seguridad democrática los logros del gobierno, pero a largo plazo el Banco podría explicar a la Comisión Tercera los efectos de este proceso que aparentemente no tiene reversa.

Agradezco su atención

Wilson Alfonso Borja Díaz

Representante a la Cámara por Bogotá

Comisión III

[1] Declaraciones de las centrales obreras sobre la petición de un nuevo incremento salarial. Diario el TIEMPO, miércoles 1 de mayo de 2007.

El Plan Nacional de Desarrollo acaba con la educación pública.

2007-05-16T10:54:00.000-07:00

No hay negociación sino imposición

El artículo 38 del proyecto de ley por el cual el Congreso de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado Comunitario: Desarrollo Para Todos” y que se encuentra en espera de sanción presidencial, es evidentemente inconstitucional y con él se ataca no solamente el principio de autonomía universitaria sino a la vez el deber del Estado en cabeza del Gobierno Nacional, de promover y proteger las instituciones de educación superior de carácter público.

Dicho artículo establece que las universidades estatales del orden nacional concurran al saneamiento de su pasivo pensional, aplicándoles para el efecto lo previsto en el artículo 131 de la ley 100 de 1993, el cual hace referencia al saneamiento del pasivo pensional en las universidades territoriales.

Lo anterior impide que las universidades públicas puedan desarrollar adecuadamente su objeto, cuando los recursos con los que cuentan (de por si escasos) tendrán que destinarlos para cubrir una obligación que en principio no es suya, sino que le corresponde al gobierno nacional, por ser el Estado quien ostenta la calidad de empleador en materia pensional.

De otra parte, recordemos como la ley 30 de 1992, en su artículo 57 dispone que: “Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características: Personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden.”

Es decir, por el principio de autonomía, las instituciones universitarias cuentan con un margen de acción por medio del cual pueden autorregularse, para que no exista una indebida intervención de los poderes públicos en su desarrollo y también para impedirles a estos poderes que puedan manejar los recursos que se les incorporen a las Universidades, de tal manera que puedan desempeñar eficiente y eficazmente el servicio educativo, sus programas y políticas.

Resulta absurdo que las universidades tengan que someterse a las políticas del gobierno de turno, que no ha buscado otra cosa que desconocerlas y afectarlas en cuanto a su autonomía, para el efecto basta con recordar lo que este mismo gobierno buscó hacer en el plan de desarrollo pasado, plasmado en la ley 812 de 2003, en donde en su artículo 84 disponía – en cuanto a los recursos de las universidades públicas – que se mantendrían los aportes totales de la Nación al conjunto de universidades estatales, concertando y acordando con las universidades públicas, nacionales y territoriales los criterios y el procedimiento de redistribución, basado en indicadores de gestión, y que de un porcentaje del total de las transferencias, el cual no podía exceder del doce (12%), el restante, se distribuiría conservando el esquema vigente.

Afortunadamente, esta norma claramente inconstitucional y violatoria del principio de autonomía universitaria, fue declarada inexequible por la H. Corte Constitucional, mediante sentencia C- 926 de 6 de septiembre de 2005, MP. Doctor JAIME CORDOBA TRIVIÑO.

Ahora, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez procura nuevamente atentar contra la autonomía universitaria y con ello, desconocer lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 30 de 1992, el cual prevee que le esta dado a las universidades arbitrar y aplicar sus recursos PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISION SOCIAL Y DE SU FUNCION INSTITUCIONAL, es en estas funciones exclusivamente en las cuales puede destinar los dineros con que cuenta y no en otras.

Con el artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo se intenta no solamente que las universidades públicas del orden nacional concurran en el saneamiento de su pasivo pensional, sino además busca exonerar al Gobierno Nacional de sus responsabilidades, permitiendo que este descuente los pagos que ha efectuado por concepto de pensiones a las Universidades Públicas desde la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, es decir, desde el 1º de abril de 1994, como si se hubiera tratado de un préstamo a las Universidades el cual tiene claramente efectos retroactivos a la ley del Plan de Desarrollo.

Resulta ingenuo pensar que el gobierno nacional al momento de reglamentar el tema de las concurrencias, acudirá a algún tipo de negociación o concertación con las entidades afectadas, cuando la ley no contempla este procedimiento. Además hemos visto públicamente como algunos de los más altos funcionarios del Gobierno, han manifestado que dicha concurrencia incluso podría ser del 50% como si esto fuera una gran ganancia para los presupuestos de las universidades, lo cual además no está asegurado de ninguna manera.

De ser cierto lo ya manifestado, estaríamos en presencia del comienzo del fin de las universidades públicas, dado que solo la estimación para el pasivo pensional de la Universidad Nacional para los próximos 20 años ronda los 3 billones de pesos.

Por todo lo anterior, es necesario establecer un diálogo con las universidades del orden nacional que permita determinar el camino a seguir, en la defensa inquebrantable de la Universidad Pública, de una universidad de fácil acceso para todos los ciudadanos, la cual claramente corresponde con los principios ideológicos y políticos del Polo Democrático Alternativo.

WILSON ALFONSO BORJA DIAZ

Representante a la Cámara por Bogotá